El TSJC le reserva en exclusiva esta opción como “parte demandada” y desestima las peticiones individuales realizadas por los farmacéuticos
En Galicia, cuyas aperturas también están en los tribunales, el recurso presentado por la Xunta ante el TS invita a pensar en otro ‘caso Canarias’
r. h./a.c.
Tenerife/La Coruña
La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado todos los recursos de solicitud de inejecución de sentencia que ratificó la nulidad del concurso de 2001 para adjudicar nuevas farmacias en esta comunidad autónoma. Una nulidad que también afecta al concurso convocado en 2007 y que obliga a cerrar 198 boticas canarias. El TSJC consideró que sólo la Consejería de Sanidad, como “parte demandada” en el proceso, tiene la potestad de realizar esta petición, y no así los farmacéuticos propietarios de las farmacias. A pesar de reconocer el derecho de estos profesionales a personarse como “parte afectada” en el litigio, rechazó la posibilidad de que puedan emprender otras acciones como la de pedir que no se ejecute la sentencia.
El pronunciamiento del TSJC deja de esta forma a los casi dos centenares de propietarios afectados a merced de lo que decida hacer al respecto la Consejería de Sanidad canaria. “Con estas novedades, los farmacéuticos vuelven a necesitar la total colaboración de la consejería. Esperamos que se anime a presentar un recurso de inejecución”, indicó a EG uno de los representantes legales de estos profesionales. Al cierre de esta edición, la consejería no había hecho uso aún de esta potestad.
En una hipotética solicitud de inejecución, la Administración canaria podría utilizar los mismos argumentos expuestos por los profesionales afectados, que justificaron su petición al considerar “imposible” cumplir el fallo, al llevar años en funcionamiento los locales que deberían cerrar. También se refirieron al ataque contra el interés general que hacer efectivo los cierres supondría para la población, tanto por el servicio que prestan como por la conservación de 400 puestos de trabajo.
Argumentos de defensa
Por el momento, las actuaciones jurídicas emprendidas al respecto por la consejería se centran en defender que las autorizaciones de nuevas oficinas de farmacia deben considerarse “un acto administrativo firme, independiente del asunto objeto del proceso judicial”. Así, en un escrito presentado el pasado mes de noviembre como réplica a la solicitud de personación en la causa realizada por la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma), indicaban que “la sentencia de 2005 — ratificada en 2009 por el Tribunal Supremo — se centraba exclusivamente en anular la orden de 17 de julio de 2001 que aprobaba el sistema de baremos por el cual se regía el concurso, que ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico autonómico”. Por ello, consideraban que “la sentencia se encuentra cumplida en todos sus términos”.
Además, para separar esta sentencia de la validez de las autorizaciones, aludían a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Contencioso Administrativa, que indica que “las sentencias firmes que anulen una disposición general no afectarán a la eficacia de los actos administrativos firmes que la hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales”. Es decir, la consejería recordaba que, al no haber por esas fechas una sentencia firme el proceso de adjudicación aún podía regirse por los términos de la orden, a lo que sumaba el hecho de que no se realizase en su día impugnación alguna al mismo, por lo que le convertía en “firme y válido”.
Previsiones de futuro
La presentación de un recurso de inejecución de sentencia por parte de la Administración canaria no asegura que el TSJC atienda sus peticiones. Por ello, el colectivo de propietarios de los 198 locales en peligro de cierre ha solicitado un informe a un despacho de abogados sobre previsiones de futuro en este litigio.
En dicho informe, al que ha tenido acceso a EG, se considera como opción más factible la repetición del concurso anulado y permitir que las farmacias afectadas continúen abiertas hasta su convocatoria. Esta solución es calificada como “aceptable, ya que el propietario podría acumular durante dicho tiempo más puntuación por ejercicio en oficina de farmacia, lo que le permitiría elegir la misma botica de la que ahora es titular”. Asimismo, este documento desaconseja a los afectados presentar recursos en lo que se reclamen indemnizaciones, “ya que la comparativa entre inversiones realizadas y beneficios obtenidos en estos años no daría lugar a ellas”.
Hacia otro ‘caso canario’
Canarias no es la única comunidad en la que las autorizaciones de nuevas aperturas se encuentran inmersas en procesos judiciales. Así, en Galicia, 87 nuevas aperturas peligran tras anular el Tribunal Superior de Justicia gallego el sistema de baremos de su concurso por “discriminación positiva” hacia los participantes con experiencia en farmacia hospitalaria (ver EG núm. 453).
Tanto la parte demandada (Consejería de Sanidad) como el demandante originario (la patronal farmacéutica Fefga) se reunieron hasta en tres ocasiones la semana pasada para buscar “un final pactado a este litigio que no lo convirtiese en otro ‘caso canario’ para nuestras farmacias”, indicó José Luis Rodríguez, presidente de Fefga. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre, después de que estos encuentros resultasen infructuosos, la Consejería de Sanidad informó que presentará ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso de casación contra el fallo del TSJG.
“Sólo supone aplazar el problema en vez de atajarlo desde la raíz y comenzar de cero, con un nuevo concurso”, señaló Rodríguez. Por contra, la Plataforma Gallega de Adjudicatarios de Oficinas de Farmacia, entidad creada para la ocasión, calificó este nuevo paso dado por la Xunta como “la mejor solución para todos, teniendo en cuenta lo avanzados que estaban los trámites de aperturas”, tal y como dijo su portavoz, Elena Moreno.
Con la presentación del recurso puede que pasen hasta tres años hasta que el TS se pronuncie. Por ello, la consejería decidió “continuar” con las aperturas de farmacias, algo que pude provocar que “estos profesionales estén todo ese tiempo con la espada de Damocles sobrevolando sobre ellos”, señaló Carlos Seoane, asesor jurídico de la Fefga, en alusión a un posible cierre futuro de estos locales si el TS ratifica la sentencia.
