Lo que no han conseguido durante años y múltiples intentos la mismísima Comisión Europea desde Bruselas, y, dentro de nuestras fronteras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ahora quiere lograrlo un sindicato enfermero. En concreto, el sindicato Satse, el cual ha presentado a los partidos políticos en el Congreso un borrador de Proposición de Ley para liberalizar la propiedad de las oficinas de farmacia y acabar con lo que consideran “monopolio” de los farmacéuticos.
Este sindicato argumenta su actuación en que, si bien dice “entender la necesidad” de que haya un titulado en Farmacia en las oficinas para dispensar los medicamentos al público con todas las garantías y ofrecer así un servicio de calidad a los ciudadanos, no considera que éste tenga que ser “en todos los casos el propietario y titular del establecimiento, evidenciando un claro y vergonzante monopolio”, apuntan. Asimismo, en un comunicado, recuerda que tanto la Comisión Europea como la CNMC ya se han mostrado partidarios de esta apertura de la propiedad de farmacias a manos de profesionales —o no farmacéuticas—. Obvia, en cambio, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en respuesta al dictamen motivado de la CE, el cual ha manifestado en diversos fallos la potestad que tienen los Estados para imponer regulaciones y restricciones en el en el ámbito sanitario en aras de proteger la salud pública.
Tanto por el amparo legal del TSJ de Luxemburgo como por las propias manifestaciones de los partidos políticos nacionales favorables al actual modelo farmacéutico, no parece que la iniciativa de Satse tenga mucho (o ningún) recorrido. Tampoco lo tuvieron peticiones semejantes en el pasado por parte de otras entidades como el Consejo General de Enfermería.
Así las cosas, puede que el objetivo de Satse vaya más ligado a echar más leña al fuego y generar más ruido en unos tiempos de polémica entre Enfermería y Farmacia por el intentos de avance asistencial de los segundos (véase la Atención Farmacéutica Domiciliaria) y las denuncias de los segundos respecto a que estas nuevas funciones suponen un “intrusismo competencial” y la “privatización encubierta” del SNS.
Ahora bien, este sindicato confía “en que los partidos políticos promuevan esta iniciativa legislativa en el Parlamento y se acabe con una situación de claro monopolio comercial que beneficia claramente a un colectivo empresarial concreto y discrimina a otros profesionales que puedan estar interesados en ser propietarios de oficinas de farmacia”.
Eso sí, cabe recordar que otros modelos farmacéuticos ‘mediterráneos’ regulados, como es el caso de Italia, sí han abierto recientemente (2017) la propiedad de boticas a capital no profesional y sin límite de participación en él. También lo hizo Grecia, si bien en su caso ‘obligado’ por el rescate económico. En España, al menos hasta ahora, el cierre de filas en torno a mantener esta propiedad exclusiva parece firme en la plana política y gubernamental.
