La Agencia Estatal de Salud Pública no se abordará en la próxima Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Según indican fuentes parlamentarias a EG, el próximo 19 de junio estaba prevista dentro de la agenda, pero finalmente ha sido eliminado este punto del orden del día. Por tanto, la Agencia no pasará por comisión hasta después de verano.
El tiempo apremia si el Ministerio de Sanidad quiere dar luz verde al centro este mismo año, por lo que esta demora podría pasar factura a la tramitación de la normativa. Y es que tras más de una década de espera, Mónica García confía en saldar “una deuda pendiente con la salud pública” −en palabras de la ministra− para que en 2025 la Agencia ya esté en marcha.
Varias demoras
La Agencia acumula un historial de retrasos desde el año 2011, cuando se aprobó la Ley General de Salud Pública, que diseñó entonces un sistema integral de salud pública con tres elementos clave: una Estrategia de Salud Pública, que salió adelante en junio de 2022; una Red de Vigilancia en Salud Pública, que está en última fase de elaboración; y un Centro Estatal de Salud Pública. La oportunidad de crear un organismo integrado de asesoramiento, coordinación y vigilancia se archivó hasta que la pandemia de COVID-19, que reforzó la necesidad de contar con sistemas autónomos capaces de actuar ante emergencias sanitarias, reactivó esta estructura de salud pública.
No fue hasta agosto de 2022, cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta y por vía de urgencia el anteproyecto de ley, que sentaba las bases del organismo e incluía una novedad: el Centro Estatal de Salud Pública pasaría a denominarse Agencia. Eso sí, el visto bueno definitivo llegó medio año después con su aprobación en segunda vuelta, ya en febrero de 2023, varios meses después de lo esperado por el departamento de la entonces ministra Carolina Darias.
Ha sido la actual ministra quien ha rescatado el plan desarrollado por el anterior Ejecutivo, dando luz verde al proyecto de ley para crear la Agencia, con la promesa, además, de agilizar el procedimiento. Una vez la Agencia sea aprobada en las Cámaras, se dispondrá de un plazo de un máximo de seis meses para crear los estatutos, a través de los que, entre otros aspectos, se determinará la sede del organismo. Hasta el momento, al menos cuatro comunidades autónomas han presentado su candidatura oficial para albergar el centro: Andalucía, Aragón, Castilla y León y Asturias. La Comunidad de Madrid no se ha postulado de forma oficial y el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado desde el inicio por la descentralización del centro.
