El anteproyecto de Ley de Equidad avanza en el Congreso y ya cuenta con el visto bueno del Consejo de ministros. Una de las normas a las que quiere sustituir o complementar es la Ley de Cohesión y Calidad 16/2003 que impulso la entonces ministra Ana Pastor.
Cuando se habla de equidad y de cohesión el sentido común obliga a apoyar las iniciativas parlamentarias. Al menos, en teoría. En 2003 el consenso de la Ley 16/2003, una Ley que tenía recorrido para su desarrollo y no se ha hecho, se obtuvo por un trabajo intenso en un entorno favorable que Gobierno y oposición supieron crear y mantener para esta Ley.
En la ecuación actual, el Gobierno de coalición ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Equidad, que ya está siendo criticado desde Unidas Podemos, socia de Gobierno.
Esta variable en la ecuación es determinante, porque el Gobierno necesita algo más que el visto bueno del Consejo de ministros, y necesitará el voto de, entre otros, sus socios de Gobierno.
Posturas políticas
Unidas Podemos quiere introducir un nuevo modelo de gestión en sanidad que impida la colaboración de la sanidad privada con la sanidad pública. Por ello, no le parece suficiente las limitaciones a estas colaboraciones que el actual redactado establece. De llevarse a cabo impediría muchos de los acuerdos de gestión, de diagnóstico, de intervenciones quirúrgicas que las CC.AA. mantienen en la actualidad.
El empleo productivo y eficiente de la capacidad de la sanidad privada al servicio de lo público no debería ser tan cuestionado. No, al menos, sin los rigurosos informes preceptivos de cada acuerdo y colaboración. Si el principal gasto de las CC.AA. es la sanidad, es preciso darles la opción de que utilicen de la forma que requieran sus recursos.
Cataluña
Desde el nacionalismo catalán, tanto la izquierda de ERC en el Gobierno como los conservadores de Junts, llevan muchos años gestionando la sanidad pública. El modelo es de colaboración público-privada en lo que estiman oportuno. Me cuesta creer que pueda saltar por los aires la gestión de la sanidad en Cataluña al impedirles, en mayor o menor grado, su modelo de gestión.
Elecciones autonómicas
El anuncio de la ministra Carolina Darias de que el debate del anteproyecto es para el segundo semestre del año nos trasladará a las inminentes elecciones a la Junta de Andalucía (19-J), Madrid y la c. valenciana (ambas previstas para Mayo de 2023).
Se trata de tres CC.AA. muy relevantes en materia sanitaria y que han apostado por la sanidad en la última legislatura, con un balance positivo. Les tocará juzgar cómo han gestionado la sanidad y otras cuestiones a los votantes.
Pero a ningún partido de Gobierno se le escapa que la universalidad de la sanidad pública, su protección (ante lo que sea que pueda o quiera perjudicarla) y la solución de los problemas están en las agendas de todos los partidos.
En Andalucía, y no hay duda tampoco en Madrid y la c. valenciana, la inversión en sanidad, atención primaria o recursos humanos están en los programas para atender sus necesidades. El único peligro de la sanidad pública es que una crisis limite su financiación o que se impida gestionar con eficiencia.
