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La actividad en el Congreso de los Diputados durante la crisis sanitaria de la Covid-19 y el estado de alarma ha estado limitada sobremanera. Cuando menos, en lo presencial. Sin embargo, otras iniciativas parlamentarias han podido seguir su curso estos meses, como son las preguntas por escrito al Gobierno… Y sus correspondientes respuestas gubernamentales por esta misma vía. Muchas de ellas han versado sobre la Farmacia. También en su mayor parte, ligadas a esta crisis. No obstante, aunque se detallarán a continuación, dichas respuestas no han arrojado claridad para el sector.

Una de las consultas más planteadas por la oposición —como es el caso de los Grupos Popular y VOX— han versado sobre los (posibles) planes gubernamentales de realizar test de detección del SARS-CoV-2 a los farmacéuticos comunitarios. Hasta media docena de preguntas al respecto han sido registradas entre abril y mayo. En todas las contestaciones, se traslada a las Comunidades Autónomas la decisión de realizar estas pruebas a sus profesionales farmacéuticos.

“Son los servicios de salud de las CC.AA los responsables de la realización de las pruebas diagnósticas, de acuerdo con las indicaciones que figuran en la estrategia nacional”, puede leerse en una de las respuestas al Grupo VOX. Cabe recordar que Andalucía y Comunidad de Madrid sí han dado motu proprio este paso, como viene contando EG.

Tan solo en la última respuesta registrada en este campo —el pasado 21 de mayo, al Grupo Popular— el Gobierno abandona esta clave autonómica para contestar que “el Ministerio de Sanidad tiene como objetivo diseñar una estrategia para el abordaje de los retos actuales y futuros del SNS en materia de política farmacéutica; en este ámbito se trazarán las líneas, los objetivos y las medidas a implantar y podrá abordarse la cuestión que se plantea”. Quizá una puerta abierta… Sin más detalles.

Protección a los farmacéuticos

Junto a las consultas sobre la realización de test a farmacéuticos, también la oposición ha insistido en estos meses por escrito acerca de la falta de dotación de material de protección a las farmacias.

En algunas de estas preguntas se recordaban las propias denuncias de desprotección de los boticarios canalizadas por entidades como el Consejo General de COF, colegios provinciales y FEFE. No obstante, tampoco se puede hablar en este aspecto de respuestas esclarecedoras. El patrón seguido en todas ellas ha sido el de enumerar las cifras totales de material de protección y EPIS suministrados desde el inicio de la crisis a las Comunidades Autónomas. El Gobierno recuerda que son estas Administraciones las que tienen potestad y competencias para gestionar los repartos en sus territorios.

Otras consultas de la oposición ligadas a esta crisis han versado sobre la posibilidad de compensar a las farmacias por desajustes en los precios de las mascarillas tras ser intervenido su PVP máximo. Al margen de la contestación por escrito ‘oficial’, el propio ministro de Sanidad Salvador Illa ya ‘respondió’ a estas preguntas en diversas comparecencias rechazando cualquier compensación a las boticas.

Otras preguntas al Gobierno

Pero no todo ha sido coronavirus en estas iniciativas parlamentarias de los últimos meses. Por ejemplo, el Gobierno también ha dado respuesta a la pregunta del Grupo Popular sobre si se planteaba realizar modificaciones (al alza) al índice corrector que se aplica a la baja facturación de las farmacias VEC.

La respuesta gubernamental indica que “es de interés para el Ministerio de Sanidad el desarrollo de medidas encaminadas a facilitar la viabilidad económica de las oficinas en el entorno rural, estando esta cuestión en estudio”.

Cabe recordar que, como contó EG, en febrero se produjo un encuentro entre el Ministerio y la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). En esta cita, Sefar planteó la creación de un “fondo de compensación” para cubrir los gastos básicos de explotación de pequeñas farmacias. Por su parte, el Ministerio se comprometió a valorarlo.