El 15 de marzo, la Comunidad de Madrid decidió proteger a los profesionales que trabajan en las peluquerías de la región, ordenando el cierre de estos establecimientos en contra del criterio inicial del Gobierno Central. Un conflicto anecdótico y aparentemente irrelevante que sin embargo fue el indicador de uno mucho mayor, que explotó horas después. Las peluquerías solo fueron la punta del iceberg. El resto del glaciar no tardó en emerger, enfrentando al Gobierno y a las comunidades autónomas en lo que algunos ya han bautizado como la ‘guerra de las mascarillas’ y poniendo en riesgo, de paso, la unidad política frente al coronavirus.
Días después del famoso conflicto de las peluquerías comenzaron a llegar las primeras oleadas de este problema. Ante las denuncias que llegaban de varias comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad tuvo que asegurar que —aunque estaba legalmente capacitado para ello— no estaba requisando material sanitario ni impidiendo a las regiones comprar fuera.
Pero a pesar de los anuncios de compras centralizadas y de impulso de la fabricación nacional, la realidad es que la necesidad de equipamientos es patente, general y urgente.
Una legislación adecuada
¿Cuál es la raíz del problema? ¿Una legislación poco adecuada? ¿Poca agilidad a la hora de comprar? Lo ocurrido con el material sanitario es de todo menos sencillo y no apunta a una única respuesta. Pero sí aleja toda sospecha sobre la legislación.
Según Raquel Ballesteros, socia responsable del grupo de Derecho Público y Regulatorio en España del despacho Bird & Bird, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP ) prevé perfectamente la situación de emergencia actual. De hecho, recuerda, al principio de la gestión de la crisis ya se llevó a cabo, gracias a un Real Decreto-ley de 10 de marzo, una modificación que permitió extender las actuaciones de urgencia —orientadas por lo general a medicamentos y a productos sanitarios— a otros productos muy relevantes para esta crisis.
En relación a la posibilidad de llevar a cabo compras urgentes, la ley tampoco deja flecos sueltos. Pone a disposición de las autoridades dos mecanismos fundamentales. Por una parte, las compras de emergencia, que permiten saltarse todos los filtros en las compras y hacerlas “sin ningún tipo de procedimiento, de forma acelerada”, explica Ballesteros. Por otra parte están las compras centralizadas, especialmente indicadas en un contexto como el actual, donde por ley el ministro de Sanidad es quien ha asumido todas las competencias necesarias para el abastecimiento sanitario, entre ellas las de las compras centralizadas.
Lo mismo explican desde Fenin. “La declaración del estado de alarma otorga al Gobierno y a las Comunidades Autónomas la posibilidad de llevar a cabo compras y contrataciones de urgencia sin seguir todos los trámites y plazos que regula la LCSP”, comentan desde la patronal del sector de tecnología sanitaria
Una cuestión de ejecución
“No es, por tanto un problema de regulación; sino de ejecución”, opina Raquel Ballesteros. Algunas autonomías sostienen esta teoría, con el argumento de que la actuación del Estado ha implicado un retraso en la adquisición del material que ahora está haciendo estragos entre el personal sanitario. En una entrevista concedida a RNE, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, aseguraba que la compra centralizada “no ha funcionado” y ha obligado a las comunidades a comprar el material por su cuenta.
Que las regiones hayan tenido que acudir a los mercados no debe resultar llamativo desde un punto de vista legal. “El hecho de que el Estado asuma competencias excepcionales de compra centralizada no significa que las comunidades autónomas no puedan seguir comprando”, explica la experta de Bird & Bird.
Pero Moreno aludía a lo “extraño” que resulta que la situación haya convertido a las comunidades autónomas en algo parecido a ‘adversarias’. En efecto, al tener todos que acudir a la única región con capacidad de abastecer al mercado —China— las comunidades autónomas compiten entre ellas por el material. Y en el proceso, se pierden todas las ventajas que ofrecen la economía de escala y la aglutinación de la demanda.
Una cuestión de liderazgo
Todo lo ocurrido también se trata, como resume Ballesteros, de una cuestión de liderazgo. “En una situación de emergencia, es el Ministerio de Sanidad quien debe tomar la responsabilidad”, explica. Cuando lo que se percibe es lo contrario, añade, “cada uno empieza a hacer la guerra por su lado”.
En este momento, los ejemplos de compras finalizadas a nivel regional son numerosos: Madrid, Cataluña, Murcia, Castila y León, Baleares, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana… Los aviones fletados con material, principalmente desde China, han empezado a aliviar las necesidades de los profesionales, pero todo apunta a que ha llegado tarde.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo una denuncia contra el Ministerio de Sanidad exigiendo medios de protección. La misma denuncia ha sido presentada en la Comunidad de Madrid por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. La primera ha sido denegada; pero la segunda ha sido exigida a trámite, lo que pone al Gobierno de Madrid de responder de manera inmediata a las demandas de material.
Y también el sindicato CSIF prepara acciones jurídicas para denunciar la desprotección del personal sanitario y de residencias de mayores por la falta de material.
Lecciones aprendidas: la cuestión europea
Pese a todo, los expertos insisten en la importancia de trasladar un mensaje positivo y aprender de cara al futuro. Desde Fenin recuerdan que lo importante es que tanto el gobierno como las comunidades autónomas “están haciendo grandes esfuerzos para adquirir productos en un contexto complicado de demanda exponencial de productos sanitarios a nivel mundial”.
También Ballesteros coincide con esta reflexión, y anima a “extremar la coordinación” entre el estado y las comunidades autónomas de aquí en adelante. A más largo plazo, esta experta anima a plantear una reflexión sobre el modelo de Europa. “Es un problema global que no se está afrontando de manera global”, subraya esta abogada.
El mejor ejemplo está en Italia, primer epicentro del virus en Europa. Cuando en este país ya escaseaban los respiradores, los principales productores europeos —Alemania y Francia— decidieron prohibir las exportaciones. Fueron los chinos, de nuevo, los que atendieron la necesidad de Italia. Y ello a pesar de que, ya el 12 de febrero, un documento del Consejo pedía a la Comisión Europea que siguiera examinando “todas las posibilidades disponibles, especialmente la contratación conjunta, para facilitar el acceso necesario a los equipos de protección individual que los Estados miembros necesitan”, a fin de minimizar su potencial.
“Esto debe llevar a una reflexión sobre la Europa que tenemos”, concluye Ballesteros. “Igual que es razonable que el estado español asuma las competencias, también tendría todo el sentido una constitución europea de emergencia. Deberíamos estar preparados como Europa para este tipo de situaciones, y ha sido evidente que no lo estamos”, resume esta experta.
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