Incidencia acumulada, resiliencia, PCR, anticuerpos… O el propio coronavirus. Todos son términos o conceptos que ya existían en los diccionarios pero que ha sido a lo largo de los últimos doce meses cuando han pasado a formar parte del lenguaje diario de la sociedad por la pandemia. Otros se han creado ex professo para la ocasión: cogobernanza, nueva normalidad…

Lo mismo ocurre con mecanismos legales —véase el estado de alarma y sus obligaciones aparejadas como el confinamiento domiciliario y el cierre de establecimientos no esenciales— que ya existían en nuestro ordenamiento pero que permanecían hasta ahora en una suerte de barbecho.

De esta imprevisibilidad puede dar fe el ya ex ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Trabajaré a la mayor brevedad posible en la agenda sanitaria pendiente”, apuntaba en su toma de posesión el 11 de enero de 2020. Una ‘hoja de ruta’ que pronto saltó por los aires. Apenas unas semanas después (30 de enero), se conocía el primer caso de COVID-19 en España; en La Gomera (Canarias). Un mes más tarde (24 de febrero) el virus ‘saltaba’ a la península y, sin solución de continuidad, los casos nacionales positivos se multiplicaron exponencialmente.

Una decisión histórica por la pandemia

Por ello, lo que tuvo que hacer el Gobierno central “a la mayor brevedad posible” fue tomar una decisión histórica: decretar un Estado de Alarma —14 de marzo— con la restricción de movimientos y actividades más extrema en la época democrática. Salvador Illa, como máximo responsable de la Sanidad nacional, asumía el mando único.

Todo quedaba supeditado en España a asegurar la salud de la población e intentar frenar el avance del SARS-CoV-2. Pero los datos que se presentaban a diario dejaban estas intenciones en eso: intentos. La curva epidemiológica —y la cifra de fallecimientos— no paraba de crecer entre marzo y abril, mes que se ‘estrenó’ superando los 10.000 contagios en España. Una cifra que asustaba por entonces y que el paso del tiempo ha dejado, por desgracia, en nimia. Al aniversario de la pandemia en España se llega con 3,2 millones de contagios y 69.000 fallecidos (datos oficiales).

Imagen de una reunión del Comité de Seguimiento de la COVID-19.

El Estado de Alarma fue prorrogándose por quincenas hasta que, tras considerar que se había contenido la primera ola de la COVID-19, el 4 de mayo de 2020 Sanidad daba comienzo al plan de desescalada (no uniforme entre CC.AA, según los niveles epidemiológicos de cada región) y que se distribuiría a lo largo de cuatro fases, hasta junio.

Del mando único a la cogobernanza

Imagen de una reunión del Comité de Desescalada.

Como se indicaba al comienzo de este artículo, la pandemia ha introducido nuevos conceptos en el lenguaje social. Como “cogobernanza”, con el que se pretendía definir la etapa que sucedería a la desescalada y al fin del mando único. Una suerte de gestión y toma de decisiones ‘al alimón’ entre el Ejecutivo y Comunidades Autónomas, que volvían a recuperar la potestad en ciertas materias y áreas. Esta cogobernanza quedó articulada a través del conocido como Real Decreto de Nueva Normalidad, aprobado el 9 de junio de 2020.

Sin embargo, el trascurso de esa ‘nueva normalidad’ no se puede decir que acarrease asimismo normalidad en la gestión política de la pandemia. Cuando menos, no respecto a la homogeneidad en la toma de decisiones. Dejando al margen el análisis del éxito (o no) de las medidas tomadas, cada CC.AA ha optado por hacer la “guerra por su cuenta”: desde las restricciones y lockout de territorios, hasta las estrategias de cribado y, más recientemente, ritmos de la campaña de vacunación.

La práctica totalidad de CC.AA han decretado periódicamente cierres de sus territorios.

Ello ha provocado cierta amalgama que desde Moncloa se ha intentado ‘coser’ a lo largo de estos meses con diversas normativas. Entre ellas, la prórroga del estado de alarma decretada en noviembre y que se prolonga, hasta el próximo 9 de mayo. Con esta prórroga se pretendía dar “cobertura jurídica” a las CC.AA para la toma de decisiones. También el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS, con reuniones semanales, viene funcionado como un órgano cohesionador de la gestión política de la COVID-19.

Doce meses de gestión de lo ‘desconocido’ dan para mucho. Incluso, hasta para que se produzca un cambio de titular de la cartera de Sanidad. Si la COVID-19 irrumpió en España con Illa como ministro del ramo, ahora es Carolina Darias quien asume los mandos. No obstante, esta suerte de montaña rusa en la que se mueve la gestión política de la pandemia bien resumirse en el cinéfilo mensaje to be continued