Nuestro sistema sanitario se encuentra en una encrucijada. Fue capaz, gracias a los sacrificios de los trabajadores sanitarios, enfermeras y médicos, de superar la prueba de estrés de la pandemia de COVID. Pero al mismo tiempo puso de manifiesto las limitaciones legislativas y presupuestarias que señalan que se ha llegado a un límite que exige reformas para mantener y extender su calidad y su universalidad. Ese es el reto de esta XV legislatura.
Los tres años de lucha contra la pandemia venían precedidos de diez años de recortes presupuestarios y de tensiones en la gestión agravadas por las diferencias en la aplicación de la Ley 15/97. Nuestro marco jurídico, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud son de 1986 y 2001 y necesitan una puesta al día. Si queremos mantener el orgullo en nuestra sanidad pública, que es una de las bases materiales de nuestra ciudadanía democrática, hay que afrontar los retos de la salud mental, la salud pública, la polución ambiental y la emergencia climática. Nuestros puntos más débiles, los síntomas de nuestra encrucijada sanitaria, son la crisis de la atención primaria, sus efectos en urgencias y hospitales, las largas listas de espera y la imperiosa necesidad de ampliar la cartera de servicios.
La función de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados es el control parlamentario del Ministerio de Sanidad. Muchas de sus competencias han sido transferidas a las Comunidades Autónomas. Por eso es esencial un espacio que permita el imprescindible debate estratégico sobre nuestra sanidad para dar una respuesta positiva a la encrucijada en la que está. Crear consensos y un “sentido común” en defensa de nuestra sanidad pública que se contraponga a las inevitables tendencias centrífugas en la gestión. Que se defiendan parámetros salariales y condiciones de trabajo profesionales mas homogéneas, una inversión per cápita similar, la misma cartera de servicios. Que sea un espacio de encuentro y diálogo ante los legisladores de todos los sectores de nuestro sistema sanitario.
Solo con consensos podremos avanzar en la reforma legislativa de nuestro sistema sanitario. Necesitamos poner las bases de una industria farmacéutica pública, por razones de sostenibilidad económica pero también de preparación para nuevas emergencias sanitarias, con un programa importante de I+D. Está pendiente la creación del Instituto de Salud Pública y Políticas de la Salud. Es imprescindible estructurar e institucionalizar el diálogo y la participación de las organizaciones profesionales, sindicales y de pacientes y consumidores como motor de democratización.
“Si queremos mantener el orgullo de nuestra sanidad pública, base material de la ciudadanía democrática, hay que afrontar los retos de la salud mental, la salud pública y la emergencia climática”
Las presidencias de las comisiones responden a equilibrios de fuerzas entre los grupos parlamentarios. No estaba previsto que un diplomático acabase al frente de la de sanidad. Pero da la casualidad que en este caso vengo de una familia de tres generaciones de médicos que participaron desde finales de los años 1920 en cada uno de los impulsos por construir nuestro sistema publico y universal de salud. Que me inculcaron el profundo convencimiento de que la sanidad es un derecho universal que es fundamental para el ejercicio de nuestra ciudadanía democrática. Con esa convicción fui embajador de España ante la OMS en Ginebra y ante Naciones Unidas en Nueva York. En estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad me ha correspondido una etapa importante de la diplomacia sanitaria, hacer frente a los efectos globales de la pandemia y participar en los debates para una sanidad del Siglo XXI que no deje a nadie atrás, como estipula la agenda 2030.
Desde esa experiencia, espero poder trasladar esos debates orientativos a los de la Comisión de Sanidad. Ofrecer un marco global en el que entender la encrucijada en la que estamos y en la necesidad de elaborar estratégicamente una salida positiva a la misma. La lucha contra las enfermedades infecciosas fue la piedra fundacional de nuestro sistema de salud global tras la Primera Guerra Mundial. Se extendió primero en los países más avanzados de entonces la municipalización de la medicina. Tras la Segunda Guerra Mundial, se comenzó la universalización de la sanidad como uno de los pilares del estado de bienestar. Hoy tenemos inmensos retos migratorios, climáticos, de envejecimiento de la población que desbordan los limites del estado-nación y plantean la necesidad de reformar la OMS y las organizaciones médicas y sanitarias internacionales, en un concepto de salud pública universal y global.
España cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Es un legado que queremos dejar a nuestros descendientes, consolidado, reformado y a la altura de los retos del siglo XXI. Es una responsabilidad de todos, a la que la comisión de sanidad, construyendo consensos, intentará contribuir, porque esta legislatura puede ser decisiva.
