lucía barrera
Madrid
El tercer y definitivo borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología ya está listo para dotarlo de memoria económica, aunque no llegará al Parlamento hasta primavera. El grupo de 25 expertos ha entregado a la ministra un texto que para Garmendia constituye un “paso decisivo” para que España esté entre los países más competitivos en ciencia e innovación.
Para ello habrá una Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que se llevará a cabo a través del Plan Estatal de Investigación Científica y Tecnológica y se presentará a las Cortes, y un órgano de coordinación general, el Consejo de Política Científica y Tecnológica, al que estará adscrito el Comité Español de Ética de la Investigación y dentro del cual se integra el actual Comité de Bioética de España. Habrá, además, un Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología y la tan esperada Agencia Estatal de Financiación de la Investigación.
Los expertos, cuyo trabajo comenzó el pasado otoño, recomiendan a la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, la inclusión en la ley de aspectos novedosos tales como el acceso abierto a los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos, la promoción de la cultura científica y de la cooperación para el desarrollo y la existencia de órganos que velen por aspectos éticos de la investigación.
Un aspecto fundamental del texto es el desarrollo de la carrera investigadora, que se establece con el objetivo de facilitar la movilidad entre los distintos agentes, algo “clave para impulsar la competitividad y transferencia del conocimiento”. De este modo, se permite que a los empleados públicos se les autorice a realizar actividad investigadora fuera de su ámbito así como las excedencias de cinco años para incorporarse a la privada.
La ley proporciona además “un contexto fértil para la colaboración”, especialmente en lo que a pública y privada se refiere, a través de sociedades mercantiles para realizar actividades que van desde la investigación científica hasta la explotación de patentes de invención, incluyendo la participación de los investigadores públicos.
Transferencia de resultados
También establecen como básico para inducir el cambio en el sistema productivo, la transferencia de resultados de la actividad de investigación y desarrollo.
En este sentido, los contratos de sociedad, de colaboración, de prestación de servicios y de transferencia de resultados con universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPIS), las Fundaciones del Sector Público Estatal y otros centros dependientes de la Administración General del Estado se circunscriben al derecho privado y su adjudicación será directa. Mientras, en lo que respecta a la participación de los investigadores, los resultados de investigación serán susceptibles de protección industrial para asegurar su protección y transparencia.
También se incluye la autorización al Gobierno para que reorganice, en el plazo de dos años, los seis OPIS existentes (entre ellos está el Instituto de Salud Carlos III) a través de la creación de Agencias Estatales para mejorar su eficacia y coordinación e implantar mecanismos de rendición de cuentas e incrementar la cooperación. Se incluye, además, la reorganización de las escalas de personal investigador, introduciendo “una racionalización” de los recursos humanos.
