Los criterios económicos, cuando se erigen como única bandera en materia sanitaria, acarrean problemas que, si bien en el corto plazo no siempre se identifican, a medio plazo pueden resultar fatales. El acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas se ha visto últimamente afectado por problemas presupuestarios, circunstancia que la nueva legislación podría llegar a solucionar. Así se ha desprendido de la ponencia que Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, y Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios para el SNS y Farmacia, quienes durante el curso celebrado la semana pasada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo debatieron sobre que las evaluaciones económicas para las novedades terapéuticas se realizaran desde una perspectiva global.
Arnés reiteró, en primer lugar, que los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) “deben simplemente situar al medicamento en términos de eficacia y seguridad en relación al resto de medicamentos que comparten indicación y grupo”. Posteriormente se “debe establecer la eficiencia del fármaco en términos de coste-efectividad, su impacto en todo el presupuesto público y su aportación al conjunto de la economía”, dijo.
Aportación al PIB
Pero, ¿en qué se traduce concretamente el impacto presupuestario y la aportación al conjunto de la economía? Arnés dio tres claves concisas para cada apartado. En primer lugar, con respecto a la aportación al conjunto de la economía e impacto en el Producto Interior Bruto (PIB), explicó que deben tenerse en cuenta “los resultados obtenidos de los ahorros de costes tangibles indirectos que aporta la utilización del fármaco con respecto a su comparador; es decir, menores pérdidas de productividad de los trabajadores, menores costes por bajas laborales o menores costes empresariales asociados a la patología”. Asimismo, argumentó que debe señalarse la valoración de las mejoras que pueda aportar el medicamento y el laboratorio comercializador a la estructura industrial. Como un elemento más del análisis, en el expediente “se debería incorporar la calificación de la empresa en el Plan Profarma”, dijo.
La última consideración del representante de Farmaindustria fue algo más ambigua. “Debe tenerse en cuenta cualquier otro compromiso que pueda adquirir el laboratorio comercializador que implique un impacto positivo sobre la economía”, dijo sin entrar en mayor detalle.
En cuanto al impacto presupuestario que una novedad terapéutica puede causar, el director general de Farmaindustria dio las tres recetas que, en su opinión, deberían prevalecer. “Es necesario estimar con la mayor precisión posible el número de pacientes que serán tratados con el nuevo fármaco, es decir, la población diana”, dijo. Asimismo, Arnés explicó que “es preciso estimar los impactos presupuestarios, tanto a corto como a medio plazo. No olvidemos que las decisiones que se toman hoy tendrán implicaciones sobre el presupuesto público de ejercicios económicos futuros”. Por último, Arnés argumentó que debe analizarse desde la perspectiva del conjunto del presupuesto público, “por lo que es preciso cuantificar todos los costes que el nuevo fármaco generará o ahorrará al gasto sanitario y no sólo del gasto farmacéutico, que ya había sido cuantificado en la evaluación del coste-efectividad”.
Las palabras de Arnés fueron acogidas por Rivero con ciertas reservas. El director general de Cartera Básica aseguró que el ministerio de Sanidad está en parte de acuerdo con lo que expuso Arnés. “Es lo que se traduce en números y comparaciones, aunque es un proceso complicado que hay que estudiar al detalle”, aseveró. Rivero explicó que en lo que trabaja el ministerio con más ahínco es en la definición de innovación para valorar los aspectos económicos. “Tenemos un grupo de trabajo dedicado a definir el concepto porque en ocasiones es muy difícil de delimitar. Lo que está claro es que estoy de acuerdo en trabajar conjuntamente para que los elementos más subjetivos se conviertan en números y, con ello, puedan ser comparables”, aseveró.
Los precios notificados
El otro aspecto más debatido entre Arnés y Rivero fue la regulación frente a los precios notificados que el futuro Real Decreto sobre Precios y Financiación debería aclarar. El director general de Farmaindustria aseguró que “la intervención de precios, tal como se establece en el artículo 90 de la Ley de Garantías debería limitarse a los medicamentos que son financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud”.
En este sentido, Arnés argumentó que “tras la autorización de comercialización del medicamento, el titular debería hacer una oferta de precio para el SNS, pudiendo, en paralelo, comunicar a la Dirección General de Cartera Básica la puesta en el mercado del medicamento para su dispensación fuera del SNS, al precio fijado libremente por el laboratorio”. Ante esta petición del director general de Farmaindustria, Rivero explicó que “ la comunicación del precio al Ministerio será suficiente para que los titulares de autorizaciones puedan comercializar”.
