El modelo de cogobernanza por el que apostó el Gobierno a principios de mayo y con el que pretendía seguir durante la transición hacia la nueva normalidad se sigue llevando a rajatabla tras la desescalada. Las comunidades autónomas ya podían tomar sus propias medidas para luchar contra la COVID-19, pero ahora se les ha otorgado un nuevo poder: la posibilidad de establecer el estado de alarma en su territorio a iniciativa particular.
De este modo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una declaración institucional posterior al Consejo de Ministros, que las CC.AA podrán declarar el estado de alarma si así lo consideran los respectivos presidentes autonómicos, pues la evolución de la pandemia y los rebrotes no es igual en todos los territorios. “Si un presidente considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad”, aseguró.
Sánchez reconoció que la situación por la que atraviesa el país es preocupante. Por eso, el Gobierno pondrá a disposición de las CC.AA un total de 2.000 militares que ejercerán de rastreadores en un intento de controlar los contagios.
Alternativa al estado de alarma
Madrid es una de las comunidades que se mostraron abiertas a estudiar la propuesta del Gobierno, aunque la presidenta popular, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado un “confinamiento total”. “Solicitaré lo que haga falta si sirve para proteger la salud de los ciudadanos”, señaló. En Castilla y León, su homólogo Alfonso Fernández Mañueco tampoco se cierra: “No renunciaremos a ninguna herramienta para proteger la salud y vida de nuestros vecinos”, indicó.
Pero no todos los presidentes se han mostrado satisfechos con esta medida del Gobierno. La consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, directamente la ha descartado: “No es una herramienta imprescindible”. Del mismo parecer es el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha calificado la propuesta del Gobierno central de “ineficaz”. A su juicio, declarar el estado de alarma por comunidades no es la respuesta para frenar el avance del virus..
En Galicia, Alberto Núñez Feijoó ha presentado una alternativa a “17 estados de alarma”. El presidente gallego tiene previsto remitir a mediados de septiembre al Gobierno central una propuesta de modificación de la normativa de Salud Pública con rango de ley orgánica. La Xunta está ultimando el texto que se enviará al Parlamento gallego para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados como Proposición de Ley.
Feijoó ha dicho estar “decepcionado” y ha lamentado haber vuelto a “la disyuntiva de estado de alarma sí o estado de alarma no”. Cree que no es la solución para gestionar día a día una pandemia y de ahí su propuesta de reforma sanitaria. “Es necesaria una legislación adecuada para gestionar la COVID-19 sin sobresaltos y sin necesidad de discutir decisión por decisión“, ha señalado.
El borrador —“muy avanzado ya”, ha apuntado— concreta las competencias del Gobierno central y de las autonomías. A su vez, incluye las decisiones que adoptar por una región sin ratificación judicial y cuáles las exigirían.
Tras las diversas reacciones de las CC.AA, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha criticado que muchos de los presidentes autonómicos que censuraron primeramente “el excesivo protagonismo del Estado” en la crisis sanitaria “ahora se quejen de que las autonomías, que tienen la competencia en sanidad, no puedan tomar decisiones”.
Una “vuelta al cole” segura y unificada
Otro aspecto en el que se ha mostrado el contraste entre comunidades es en la “vuelta al cole”. Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, cada región ha establecido sus propias medidas para garantizar un retorno seguro a las aulas. Ante la disparidad de pautas que ha marcado cada región, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Educación, Isabel Celaá, han mantenido una reunión con las CC.AA para abordar el comienzo del curso escolar 2020/2021 y tratar de unificar las medidas contra la COVID-19 en los colegios.
Así, Sanidad ha diseñado un protocolo de actuación para toda España. Existirán grupos que podrán relacionarse entre sí sin necesidad de llevar mascarillas ni mantener la distancia de seguridad, pero no podrán hacerlo con otros grupos distintos. La guía contempla que se puedan cerrar una o varias aulas si se produce algún contagio y, en última instancia, la posibilidad de un cierre temporal del centro educativo sólo se abrirá si la trasmisión del virus no está controlada. Además, si existe sospecha de contagio, los profesores tendrán que llevar EPIs.
El documento también recoge que los centros educativos deben contar con una figura de responsable en el manejo de la COVID-19, cuyas funciones serán la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de Salud Pública de su región. De esta manera, de encontrarse algún caso positivo, se realizaría un seguimiento para contener la trasmisión del virus.
Esta guía, actualizada el 24 de agosto, podrá sufrir modificaciones, según avance la situación epidemiológica, y las CC.AA podrán adaptarla a sus realidades.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…
