Mejorar el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes es un objetivo que Andalucía tiene en el foco y, desde la Subdirección General de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que lidera Carlos García Collado, se están llevando a cabo diversas actuaciones para lograrlo.
En este sentido, los problemas de suministro constituyen un gran hándicap para que los fármacos lleguen a la población. En una entrevista con El Global, García Collado destaca la necesidad de “manejar” los desabastecimientos. La propuesta de Andalucía es triple y se vehicula a través del Comité de Seguimiento de los Desabastecimientos, integrado en la Comisión Autonómica de Farmacia.
En primer lugar, habrá una “novedad muy importante”, tal y como señala el subdirector de Farmacia y Prestaciones del SAS. Y es que, en el caso de contar con el mismo principio activo de distintas compañías farmacéuticas, Andalucía está trabajando para “permitir la sustitución por parte de las oficinas de farmacia“. “Nuestra intención es habilitarlo en receta electrónica”, añade García Collado.
Precisamente, que el farmacéutico pueda sustituir el mismo principio activo, es una medida que la profesión farmacéutica lleva reclamando desde hace tiempo para paliar o solucionar parte de los desabastecimientos.
Por otro lado, la idea es implementar un sistema para poder importar los fármacos del extranjero. “Estamos intentando que se puedan prescribir los medicamentos extranjeros en situaciones de desabastecimiento; tenemos una experiencia piloto en Málaga, por la que estamos ensayando la posibilidad de dispensar estos medicamentos a través de oficinas de farmacia para acercar la dispensación a los ciudadanos”, expone García Collado.
Finalmente, alude a las “alertas en los desabastecimientos vigentes” para que no se puedan prescribir en receta electrónica. Es decir, alertas que llegan al médico “para que sepa que existe desabastecimiento de ese medicamento”. En este contexto, “el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) ha elaborado un algoritmo informativo, consensuado con el SAS, para dar a conocer a las oficinas de farmacia las distintas vías de obtener medicamentos en situaciones de desabastecimiento”. Así los farmacéuticos de las diferentes provincias pueden averiguar si los medicamentos se suministran por administración extranjera a través de los servicios de Farmacia de Atención Primaria. Además, el CACOF tiene implementada la aplicación FarmaHelp, impulsada por el CGCOF, y que se está promoviendo desde el Comité de Seguimiento de los Desabastecimientos.
Dispensación colaborativa
Por otra parte, Andalucía es una de las comunidades –junto con Cantabria, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha– que mantienen, tras la pandemia de COVID-19, la dispensación colaborativa. “En todo momento se ha seguido colaborando en Andalucía con las oficinas de farmacia para acercar el medicamento al paciente”, asevera García Collado.
De este modo, mediante un convenio con el CACOF, la región ha gestionado “más de 250.000 solicitudes de este tipo para más de 25.000 pacientes que se han beneficiado de este servicio adicional que ofrecemos”, apunta subdirector de Farmacia y Prestaciones del SAS. “Creo que la experiencia es muy buena y hemos renovado este convenio, que estará vigente hasta 2026“, afirma.
En el plano nacional, la futura Ley de Garantías, en su última modificación añadió esta dispensación no presencial, tal y como recuerda García Collado. Por ello, la intención de Andalucía ahora es “crear unos criterios para ver qué pacientes entran en este circuito y cuáles no“. “Una decisión que tomarán tanto el equipo médico, como el equipo de Farmacia Hospitalaria, teniendo en cuenta que el seguimiento farmacoterapéutico de estos pacientes se sigue haciendo en el hospital”, aclara.
Acortar los tiempos de acceso
En el marco de la Comisión Autonómica de Farmacia de Andalucía, se ha creado también un decreto para centralizar el procedimiento de acceso a los fármacos, que vio la luz en noviembre de 2023. “Cuenta con una composición novedosa, porque introduce a las asociaciones de pacientes y agentes sociales y económicos, algo muy importante”, explica García Collado.
Se trata de un comisión multidisciplinar, al incluir cuatro médicos, seis farmacéuticos y directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Hemos tenido dos reuniones y queremos abarcar toda la terapéutica que hay y agilizar el acceso de muchos medicamentos, es decir, que el acceso de medicamentos de alto impacto, sobre todo, al ámbito de los hospitales, sea centralizado”, argumenta.
“Queremos acortar tiempos porque, hasta ahora, este tipo de medicamentos se evaluaban hospital por hospital y eso podría hacer que hubiera un retraso en su llegada. Y también queremos homogeneizar su utilización pues en Andalucía, por su gran extensión y población, es un reto ponerlo en marcha”, asegura. Por ello, ya están trabajando en la conformación de los grupos de trabajo, que se dividirán por áreas terapéuticas.
En este contexto, García Collado menciona dos problemas que se dan a nivel nacional: el tiempo en la financiación de medicamentos, ya que “se tarda mucho en evaluar los fármacos“, así como la no discriminación entre medicamentos. “Algunos son especiales, porque son terapias avanzadas, terapias génicas, terapias para tumores frecuentes… y el sistema no es capaz de discriminar este tipo de medicamentos”, expone.
También le preocupa la cuestión de la gobernanza: “Ahora mismo hay cuatro ministerios y cuatro comunidades autónomas, oficialmente, que toman la decisión. Esto también se podría replantear”, recalca. Además, apunta que la Ley de contratos del sector para medicamentos es “muy rígida”. “Necesitamos sistemas más ágiles de precio y reembolso para evitar que se tarden años para que un medicamento que está autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) llegue a la financiación”, reclama.
Las CC. AA. en las normativas nacionales
En España, el mapa de la política farmacéutica está en pleno proceso de cambio y actualización. Algunas de las normativas que están por llegar y que están muy relacionadas con el acceso son la anteriormente mencionada Ley de Garantías, el Real Decreto (RD) de evaluación de tecnologías sanitarias o el RD de precio y financiación de medicamentos. Unas normas de las que las comunidades autónomas (CC. AA.) quieren ser partícipes. Sin embargo, Carlos García Collado lamenta que las CC. AA. tienen “poca información escrita”.
Respecto a la Ley de Garantías, García Collado apunta que “la Orden de Precios de Referencia (OPR) no ha variado ni se nos ha comunicado de forma oficial los cambios que se pretenden hacer”. “En la OPR echo en falta que se promocionen, por ejemplo, los genéricos y biosimilares respecto a los medicamentos que no son reguladores del mercado. Esto se modificó ya hace unos años y creo que las políticas sanitarias deben ir hacia la sostenibilidad y apoyar los medicamentos reguladores del mercado”, explica.
Por su parte, Andalucía va a promocionar los medicamentos genéricos con el apoyo de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF). “Creemos que es una medida que puede ayudar a la sostenibilidad del sistema sanitario“, afirma.
Asimismo, “con la derogación de todo el sistema de Valtermed, la participación de las CC. AA. en la evaluación de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) ha sufrido un cambio muy drástico“, apunta el subdirector de Farmacia y Prestaciones del SAS. “De ser partícipes de estos informes y tener un grupo de gente trabajando para llevar a cabo estos informes, hemos pasado a ser meros observadores; hay agentes que intervienen, pero a nivel de la industria farmacéutica. En ese sentido, las CC. AA. sentimos que hemos perdido representación en la evaluación de medicamentos”, agrega.
