Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Fernando Redondo, el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), tiene más razón que un santo: los boticarios son, junto con el personal sanitario, los grandes paganos de la crisis en el sector y del ‘tijeretazo’ aplicado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Argumentos y razones, desde luego, no le faltan. Ya los han puesto sobre la mesa en sucesivas semanas los colegios de farmacéuticos Madrid y Valencia, la distribuidora Cofares en su innovador foro sobre la sostenibilidad celebrado en Santander, y los colegios andaluces, cuyo informe sobre la viabilidad económica de estos establecimientos es demoledor y, al mismo tiempo, elocuente de los malos vientos que corren. Redondo apunta incluso más alto, al considerar que las oficinas de farmacia se han visto obligadas a asumir parte de los pellizcos obtenidos por Farmaindustria y las compañías farmacéuticas del Ministerio de Sanidad durante la negociación de los ‘ajustes’. Se refiere, sin citarla, a la transformación de la inicial bajada de precios en un ‘descuentazo’ y a su posterior traslado a todos los eslabones de la cadena del medicamento. El reparto de las cargas no es, a juicio del líder de FEFE, equitativo, lo que echa aún más leña al fuego en el que se abrasan ya casi 2.000 farmacias, al límite de la subsistencia. La Justicia, como decía Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo, no tratar de forma igual a desiguales.
Los ejemplos que jalonan tales asertos son innumerables, pero hay uno que evidencia a las claras lo injustamente tratadas que son las farmacias frente a otros colectivos del sector más beneficiados por las medidas de ‘gracia’ que el Ministerio de Sanidad les prodiga en silencio, sin luz ni taquígrafos. Se trata de la ya famosa ‘guerra de los pañales’. La historia es simple. En un intento de tapar el agujero presupuestario por la vía rápida, el Gobierno incluyó en el paquete de medidas de ajuste la rebaja de un 20 por ciento en el precio de los absorbentes de la incontinencia. Rebaja, todo sea dicho, del precio de venta al público, no del precio industrial. Como algunas autonomías habían pactado ya por su cuenta con los colegios de farmacéuticos bajadas de estos productos sanitarios por la vía de los conciertos, las dos medidas han llegado a solaparse. En agosto, por ejemplo, los boticarios de algunas comunidades han tenido que vender a pérdidas estos productos y, ahora, en septiembre, la guerra se recrudece, al existir autonomías que tienen la pretensión de acumular las dos rebajas durante todo el tiempo que sea posible, aprovechándose de la indefinición de Sanidad. Lo llamativo del asunto es que el artículo 90 del Real Decreto Ley 8/2010 atribuye la competencia exclusiva de los descuentos a la Administración central. Las farmacias, en definitiva, se ven ahora en la tesitura de tener que renegociar acuerdos con consejerías para que la dispensación de los pañales no les sea incluso gravosa. El enfado de los colegios andaluces con su consejera, María Jesús Montero, es sólo una muestra de cómo se encuentran los ánimos en el sector y evidencia que numerosas autoridades consideran a las boticas el último eslabón de la cadena.
Preguntas sin respuesta
¿Qué conocido ‘dircom’ presume en público de las largas que da a algunos periodistas que le piden almorzar con él?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad ha sembrado el desconcierto de las consejerías de Salud con una instrucción errática e injusta para las oficinas de farmacia?
¿Qué consejero de Sanidad del PSOE ha expresado a sus más íntimos su deseo de que Tomás Gómez bata a Trinidad Jiménez en las primarias de Madrid?
¿Qué consejero de Sanidad autonómico considera que los farmacéuticos tienen razón al quejarse por las repercusiones de la ‘guerra de los pañales’?
