La Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de Madrid continúa su tramitación tras superar las tres enmiendas a la totalidad presentadas el pasado 2 de junio en la Asamblea regional por el Grupo Parlamentario Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid.

Tras pasar esta ‘prueba de fuego’, la Ley de Farmacia madrileña se enfrenta ahora a un total de 223 enmiendas parciales. En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 84 enmiendas, Unidas Podemos 79, Vox 35 y Más Madrid 22. EG ha podido acceder a lo que estos grupos de la oposición piden modificar en la nueva normativa.

Las enmiendas se debatirán a lo largo de dos sesiones en la Asamblea de Madrid los próximos días 13 y 20 de junio. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral, intervendrá al comienzo de la sesión a petición del Grupo Parlamentario Popular. También lo hará la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR).

Además, Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad madrileña, comparecerá en defensa de la nueva norma. Precisamente, el departamento que lidera Mantilla está estudiando las enmiendas que son viables o no, para decidir cuáles se aceptarán o no. Así, se está haciendo un estudio pormenorizado desde el punto de vista técnico-jurídico.

Enmiendas socialistas

El Partido Socialista pide, con carácter general, un desarrollo reglamentario para prácticamente cada artículo que conforma la nueva ley. Solicita desarrollar la regulación de cada una de las categorías del personal contratado por las oficinas de farmacias (personal facultativo, técnico o auxiliar); que la Administración regule la organización de servicios de urgencia, más allá de lo recogido respecto a las guardias; y una reglamentación para el desarrollo técnico y arquitectónico de los locales de las oficinas de farmacia.

Para las nuevas autorizaciones de oficina de farmacia, el grupo propone incluir el procedimiento de concurso público bajo los principios de “igualdad, mérito, publicidad, transparencia y seguridad jurídica”.

Respecto al horario de las oficinas de farmacia, piden que sea fijado por la Administración sanitaria una vez “oído al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios, las organizaciones sindicales y la Federación de Asociaciones de Vecinos). Asimismo, quieren que se diferencie el horario oficial obligatorio, el horario ampliado voluntario y los servicios de guardia.

Los socialistas también piden incorporar en el artículo 5 un nuevo apartado sobre la posibilidad de obtener medicamentos y productos sanitarios necesarios fuera del horario normal de apertura de los establecimientos farmacéuticos, en las oficinas de farmacia de guardia, de acuerdo con la planificación establecida por las autoridades sanitarias.

Asimismo, quieren incorporar dos nuevos artículos al texto: uno dedicado a servicio de farmacología clínica y otro relativo a la Comisión de Farmacia de la comunidad.

Otra enmienda destacada es la sustitución del primer punto del artículo 14, sobre los sistemas personalizados de dosificación (SPD). El texto propuesto por los socialistas es el siguiente: “Los farmacéuticos de las oficinas de farmacia podrán facilitar, sin coste alguno, sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten expresamente. A tal efecto, la Administración aprobará en un plazo no superior a 6 meses el correspondiente protocolo específico para esta actuación”.

Enmiendas de Unidas Podemos

Unidas Podemos solicita suprimir varios artículos. Entre ellos, el artículo 13.3 que reza: “Podrán realizar atención farmacéutica domiciliaria y dispensar medicamentos y productos sanitarios con entrega informada en el domicilio de los usuarios, a solicitud de éstos y siempre que concurran circunstancias de vulnerabilidad sanitaria que dificulten o impidan su desplazamiento a la oficina de farmacia de su elección”.

Asimismo, pide eliminar la disposición de habilitación normativa por la que, según recoge el anteproyecto de ley, se faculta al Consejo de Gobierno y al titular de la Consejería con competencias sanitarias para dictar disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva implantación y ejecución.

Por otro lado, plantean una enmienda de adición en el apartado referente a las secciones en oficinas de farmacia para que el personal que las atienda no tenga por qué estar ligado a la plantilla de la botica. Un aspecto que comparte con Vox.

En cuanto al artículo 25, sobre criterios de planificación, la formación morada quiere modificar el tercer y cuarto punto. De este modo, proponen modificar los módulos poblacionales para la autorización de una nueva oficina de farmacia pasando, primero, de 2.800 a 1.500 habitantes y, después, de 2.000 a 1.000.

Enmiendas de Vox

El Grupo Parlamentario Vox, con sus enmiendas, pretende acabar con los “guiños” que el anteproyecto hace a la farmacia rural. Entre las propuestas de la formación, cabe mencionar la superficie útil y mínima de los locales de oficina de farmacia, que será “en todo caso” de 75 metros cuadrados. La normal actual añade la excepción (que Vox quiere eliminar) de las oficinas en núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, donde podrá ser de 60 metros cuadrados.

Además, incorpora la posibilidad de que el procedimiento de autorización de nuevas oficinas de farmacia se pueda iniciar “a petición de uno o más farmacéuticos” y plantea que quienes hayan sido adjudicatarios de una oficina en los seis años anteriores a un nuevo procedimiento de autorización, no podrán participar en el mismo, eliminando el plazo de cuatro años que el texto contemplaba para los adjudicatarios de oficinas en municipios con menos de 2.000 habitantes.

También quiere eliminar la flexibilidad horaria, suprimiendo las franjas fijas y variables del horario ordinario y oficial de 40 horas semanales.

Al igual que Unidas Podemos, Vox también propone que las secciones de la oficina de farmacia puedan ser atendidas por personal ajeno a la plantilla.

Además, en varias ocasiones, el grupo parlamentario plantea que los pacientes deben pagar por los servicios prestados por las oficinas de farmacia. Es el caso de la atención farmacéutica domiciliaria y la entrega a domicilio, en las que prevé que pueda establecerse un coste por estos servicios. También en emergencia sanitaria insisten en el cobro de los costes y gastos extraordinarios en los que pudieran incurrir las oficinas de farmacia.

Enmiendas de Más Madrid

Entre las enmiendas de Más Madrid destaca la la dispensación a domicilio sin coste extra para el paciente. “En ningún caso la dispensación con entrega informada a domicilio podrá incrementar el precio de los medicamentos o productos sanitarios, así como tampoco podrá repercutirse el importe de la entrega a domicilio en el usuario”, indican. Asimismo, quieren limitar la entrega a domicilio a la Zona Básica de Salud (ZBS).

Por otro lado, la formación propone crear un historial farmacoterapéutico del paciente que “recogerá la información relacionada con la medicación indicada, prescrita y dispensada al paciente por cualquier actor prescriptor o dispensador del sistema sanitario, ya sea público o privado”. Así, pretenden que este historial pueda incluirse dentro del programa de la Consejería de Sanidad para la prescripción electrónica de medicamentos. Asimismo, plantean la creación de los Consejos de Coordinación Farmacoterapéuticos, que tendrán como ámbito la ZBS.

También solicitan “servicios de traducción e interpretación por vía telefónica en cualquier atención farmacéutica que lo pueda precisar”. Piden que este aspecto se recoja como un derecho del usuario.


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