La Comisión de Sanidad del Senado ha afeado al Gobierno su tardía concurrencia en la Cámara Alta para contestar las preguntas formuladas por sus integrantes. La comparecencia del Ejecutivo, materializada mediante la figura de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha servido para dibujar un clima de malestar en los senadores, que han reseñado que la mayor parte de las cuestiones abordadas en la sesión habían quedado desactualizadas y obsoletas. No en vano, la práctica totalidad de las preguntas fueron registradas en torno a junio de 2020. Aun así, muchas de ellas han sido expuestas como ejercicio de retrospectiva de la pandemia por COVID-19, así como para visibilizar la “falta de respeto” a la Cámara.

Precisamente en estos términos se expresaron diversas voces del principal partido de la oposición. Entre ellas la representante del Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez, quien destacó “la carencia de operatividad” de la Comisión celebrada. “No puede ser que esta Comisión se haya convocado únicamente ocho veces, incluyendo la sesión de constitución, las tres comparecencias de los ministros -incluida la de Salvador Illa-, y la tramitación de una Ley. Ello hace que estén acumuladas 16 peticiones de comparecencia y más de 70 mociones”.

“No puede ser que esta Comisión se haya convocado únicamente ocho veces; ello hace que estén acumuladas 16 peticiones de comparecencia y más de 70 mociones”

Patricia Rodríguez, vocal del GPP en el Senado

Una “ausencia intencionada de asistencia y falta de sesiones que nos obliga a mirar hacia atrás“, según la senadora. De este modo, el GPP ha recuperado la cuestión de la reserva estratégica de EPIS tras el fin de la primera ola, que en datos esgrimidos por Rodríguez, derivó en el contagio de 131.313 sanitarios hasta el pasado marzo.

En esta materia, la secretaria de Estado quiso subrayar los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno en materia de reorientación de la producción en España. También que en mayo de 2020 se comenzó a planificar la reserva estratégica a nivel nacional. “Esta se estableció como uno de los pilares fundamentales en el Plan de Respuesta Temprana de la pandemia”, acotó. Así, recordó que el Ministerio realiza un seguimiento semanal de la disponibilidad de los recursos en cada CC.AA.

Un repaso por las propuestas de la oposición

También de parte del mismo grupo, Antonio Román, quiso ahondar en el porqué no se hicieron caso a las advertencia de acopio de material sanitario para la protección y diagnóstico según las evidencias existentes entonces. “No le hablo de vacunas ni tratamiento, que no teníamos disponibles”. En este sentido, enumeró las múltiples alternativas que el Partido Popular tendió -y sigue tendiendo- al Ejecutivo.

“Mi grupo ofreció un plan jurídico alternativo a los Estados de Alarma y señaló la necesidad de realizar más pruebas diagnósticas, de un Pacto Cajal’ por la Sanidad, de una Agencia Nacional de Salud Pública, de la potenciación de AP y su coordinación con Especializada, la creación de una nueva especialidad de Urgencias, la mejora de la Red de Vigilancia Epidemiológica Nacional y su sistema de alertas tempranas para la detección de enfermedades emergentes, potenciación de la investigación biomédica y la industria sanitaria española“.

Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.

Parte de estas reflexiones, según ha enunciado Calzón, son “no solo propuestas”, si no que están “escritas en texto de Ley desde hace muchos años”. “Por desgracia no se han desarrollado”, ha añadido la responsable de Sanidad, que sin embargo ha querido hacer alusión particular al Centro Estatal de Salud Pública, cuya constitución se enmarca en los PGE 2021.

Así, ha incidido en que está recogida y prevista su creación desde la Ley General de Salud Pública del año 2012. “Ahora este Ministerio está dando los pasos necesarios para hacerlo una realidad. Lo digo porque creo que es bueno tener la perspectiva de qué se ha hecho o qué se podría haber hecho para mejorar la salud pública de este país y de todas las CC.AA no solo durante el último año, sino durante la década anterior”, ha defendido.

Una vacunación universal

Asimismo, la mandataria sanitaria sostuvo que el ritmo de vacunación nacional ante la COVID-19 es el adecuado tanto en el nivel cuantitativo como en el cualitativo. “España fue, a la vez que Alemania, el primer país de la UE en dotarse de una estrategia de vacunación, plasmada en un documento vivo, revisable y realizado por técnicos junto a las CC.AA.”. A este respecto, ha recordado el nivel de colaboración que existe con la Administración regional, donde existe plena colaboración con los respectivos coordinadores de vacunación.

Del mismo modo, Calzón quiso incidir en el desafío global que supone erradicar la pandemia en todo el mundo, más allá de España, y la necesidad de garantizar la vacunación fuera de la frontera nacional. “Si conseguimos controlar la transmisión en nuestro territorio pero seguimos permitiendo durante mucho tiempo en otros países que el grado de transmisión sea alto, nos enfrentaremos a la aparición de nuevas variantes que pueden generar la duda de que pueda tener escape a la inmunidad”.


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