La asamblea general que celebró la patronal farmacéutica madrileña Adefarma el pasado 19 de junio corroboró la preocupación existente en los titulares de boticas respecto a la situación que vive el convenio colectivo de oficinas de farmacia. Y es que, aunque en este evento se analizaron otros asuntos de actualidad como la Ley de Servicios Profesionales o el contexto económico en el que se mueve el sector, las principales dudas lanzadas por los asociados presentes en la asamblea se centraron en saber cómo actuar a partir del próximo 8 de julio, fecha en la que expirará el actual convenio.
A partir de esa fecha, y toda vez que las negociaciones para la firma de un nuevo texto “están rotas”, se plantean varios escenarios posibles. El más factible de todos ellos es que, si no hay novedades hasta el 8-J, las condiciones laborales de los empleados de boticas pasen a regirse por el Estatuto de los Trabajadores y que el salario mínimo interprofesional sea la ‘referencia’ a la hora de fijar sueldos. “Sería raro supeditar los sueldos a este salario mínimo; los empresarios somos los más interesados en contar con un nuevo convenio”, indicó Alexia Lario, presidenta de Adefarma. No obstante, quien lo desee podrá mantener las condiciones a sus empleados o llegar a acuerdos particulares.
El lío en el que está envuelto el convenio colectivo de oficinas de farmacia (con numerosos pasos por los tribunales, acusaciones entre patronales y sindicatos, dudas sobre su ultractividad…) es tal que no solo la profesión tiene dudas sobre cómo actuar en el futuro. En esta asamblea, Lario informó que se había realizado una consulta a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos sobre la forma de proceder a partir del 8 de julio, “pero nos dijeron que no tenían una idea clara al respecto”.
Cabe recordar que Sanidad también intentó tomar partido en este asunto pidiendo opinión a dos expertos, sin lograr desterrar las dudas. Uno de ellos apoyaba la ultractividad del actual texto y el otro se mostró contrario a ello.
