El acuerdo sobre genéricos andaluz pasó a ser una realidad el viernes pasado, pese a las controversias de los últimos meses. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) han mostrado su disconformidad aludiendo a que «supone un nuevo golpe a la viabilidad de la farmacia rural». Además, añaden que «es una muestra más del agotamiento de nuestro modelo retributivo basado, exclusivamente, en un margen comercial». «Rechazamos, igualmente, las formas en las que se han llevado a cabo las negociaciones y la falta de información a todos los colegiados», aseguran.

Según la adenda, que pasará a ser efectiva el próximo 1 de mayo, cada uno de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COFs), y con carácter mensual anual, efectuará las reducciones en su facturación al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Al respecto, desde la Sociedad alegan que la nueva medida de recorte efectivo de los márgenes de las oficinas de farmacia «ahondará, aún más, en la precaria situación económica de la farmacia rural y pondrá en peligro la cohesión, equidad e igualdad de nuestro sistema sanitario«.

El futuro de las farmacias rurales, ¿en peligro?

Otro de los puntos más polémicos es que las boticas de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), es decir aquellas cuya facturación pública por dispensación de recetas es inferior a los 12.000 euros mensuales y/o 200.000 euros/año, estarán exentas de la reducción del cinco por ciento. De hecho, éstas prorratearán entre el resto de las farmacias andaluzas que no tengan esta catalogación las cantidades que les atañen. En este sentido, desde SEFAR subrayan que «excluir de estos descuentos a las denominadas farmacias VEC no puede servir como justificación de esta medida, ya que muchas farmacias rurales no llegan a esta consideración, pero su precaria situación económica hace peligrar su futuro». En esta línea, denuncian que, pese a ello, éstas «se verán obligadas a asumir, en parte, el prorrateo de esas cantidades, lo que les supondrá un mayor perjuicio económico».

En el comunicado inciden en que el modelo retributivo actual de la Farmacia española, «basado exclusivamente en un margen sobre producto dispensado sin tener en consideración ningún aspecto profesional, es proclive a que la Administración abuse de este tipo de medidas de ahorro centradas, únicamente, en el precio del medicamento y no en implementar otras medidas». De hecho, insisten en que el desarrollo de otro tipo de estrategias supondría, además, una mejora en la salud de la población y un mejor desarrollo profesional de la los farmacéuticos comunitarios. «Nos sorprende, por tanto, la férrea defensa de dicho modelo retributivo por parte de nuestras instituciones sea cual sea el precio para mantenerlo», recalcan.

Una adenda con «idas y venidas»

Como ya informó EG, el acuerdo sobre genéricos ha tenido una serie de «baches» hasta hacerse efectivo. En un principio, tuvo el apoyo unánime de todos los COFs, cuestión que el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance, catalogó como indispensable para que saliera adelante. Posteriormente, desde el COF de Sevilla hicieron una encuesta entre los farmacéuticos afectados y más de la mitad se mostró en contra de la adenda, algo que descontentó en especial al CACOF, dado que, en un inicio, su presidente, Jaime Román, garantizó el «sí» de la organización colegial sevillana. Sin embargo, el pasado 5 de abril, el CACOF comunicaba la luz verde al acuerdo, por unanimidad de los COFs andaluces.

Desde la Sociedad también se han pronunciado sobre estas idas y venidas. «No compartimos en absoluto las formas en las que ha tenido lugar la negociación entre la administración andaluza y nuestros representantes por el secretismo, la falta de información y la ausencia total de consulta a sus representados y, además, únicos perjudicados por estas medidas», afirman.

Un «atentado contra la inteligencia»

Según informan las partes implicadas en esta adenda, el objetivo de la misma reside en promocionar la dispensación de medicamentos genéricos en las oficinas de farmacia cuando se prescriba por principio activo. Además, persigue el fomento de la colaboración y contribución de las oficinas de farmacia a la sostenibilidad de la prestación farmacéutica en Andalucía, mediante una aportación económica del cinco por ciento de la recaudación de este tipo de medicamento al SAS.

No obstante, para SEFAR «publicitar la adenda firmada como un plan para la promoción de la dispensación de medicamentos genéricos es un atentado contra la inteligencia». En esta línea, sostienen que «no se incentiva su prescripción por parte del SAS y, no sólo no se promociona su dispensación por parte de la Farmacia, sino que la penaliza con un descuento superior al cinco por ciento». Además, garantizan que «la adenda firmada no es más que una nueva medida recaudatoria por parte de la Administración».

En el comunicado también hacen alusión a que, desde la Junta de Gobierno, quieren «mostrar su extrañeza» por la agilidad con la que se ha llegado a este acuerdo entre el SAS y el CACOF. De hecho, sostienen que ha sido un proceso rápido «en comparación con la parálisis injustificada en el que se haya sumido el concurso de apertura de nuevas oficinas de farmacia en Andalucía, cuyo plazo legal venció hace más de un año y de cuyo retraso alguien tendrá que responder en su momento». Tanto el crecimiento demográfico como el aumento de las necesidades de asistencias farmacéutica de la población cada vez hacen más indispensable la ampliación del número de farmacias en la comunidad autónoma. De hecho, desde la entrada en vigor de la Ley de Farmacia de Andalucía (Ley 22/2007) en 2007, sólo se ha convocado un concurso en 2010, en el que se adjudicaron más de 300 oficinas de farmacia, pero se habían recibido un total de 2.800 solicitudes. 


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