El consumo de tabaco ocasiona en España cerca de 69.000 muertes prematuras cada año. Con datos así, cuesta defender que existe un progreso en la lucha contra esa enfermedad adictiva crónica que es el tabaquismo, pero así lo justificarían también las cifras. La prevalencia de fumadores diarios viene descendiendo desde hace dos décadas, cayendo 4 puntos porcentuales en los últimos diez años: de 23,9 por ciento en 2011 al actual 19,7 por ciento del total de la población (Encuesta Nacional de Salud 2020).

¿Suficiente este progreso? A priori, nada puede considerarse “suficiente” mientras haya muertes por medio. La propia época pandémica provocada la COVID-19 ha generado (genera) incertidumbre respecto a esta evolución. ¿Aliada o enemiga en la ‘guerra’ contra el tabaquismo? A falta de datos oficiales, una encuesta del Ministerio de Sanidad realizada en mayo de 2020 sobre “tabaco y confinamiento” reflejaba que el 58,9 por ciento de las personas encuestadas refirieron haber fumado antes y/o durante el confinamiento, el 15,4 por ciento eran exfumadores y el 25,7 por ciento no habían consumido tabaco nunca.

Un sondeo que revelaba el mantenimiento de los patrones: el 87,9 por ciento de los participantes que manifestaban fumar “a diario” antes del confinamiento continuaban haciéndolo con esta periodicidad durante el aislamiento. Apenas un 12,1 por ciento sí indicaba hacerlo por entonces de manera ocasional, pero sin su abandono.

“Desde mi experiencia profesional, medidas como el confinamiento domiciliario pudieron suponer un empuje para que fumadores lo abandonaran y evitar así, por ejemplo, fumar delante de los hijos”, indica a EG Noa Rey, farmacéutica y vocal de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (Sedet). Como contrapunto, la ansiedad o impacto emocional asociada a esta situación de confinamiento, o aislamiento social, puede haber incitado al consumo.

No obstante, también se han tomado decisiones políticas en este último año que no han jugado, precisamente, a favor de esta lucha. “A quien es adicto a la nicotina no se le puede cortar de golpe, por lo cual fue lógico que los estancos se mantuvieran abiertos en la fase de confinamiento. Pero se deberían haber restringido sus horarios para no dar la sensación de que eran establecimientos esenciales”, apunta Andrés Zamorano, médico de Atención Primaria y presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que integra a 38 organizaciones, principalmente sociedades científicas sanitarias y entidades sociales.

¿Favoritismo (equivocado) al fumador?

“También nos ha llamado la atención que se permitiese fumar por la calle o en espacios públicos, y, por ende, sin el uso de la mascarilla”, apunta el presidente del CNPT como otra suerte de ‘favoritismo’ hacia el consumo en época pandémica. En el lado positivo, “con esta pandemia se ha generado una mayor consciencia en la sociedad de la importancia de la salud”, contrapone.

Ahora bien, la COVID-19 sí ha supuesto un freno a la que se venía revelando como una de las principales armas —por su efectividad comprobada— en la lucha contra el tabaquismo: la financiación pública de tratamientos farmacológicos para la cesación tabáquica. Una medida que entró en vigor el 1 de enero de 2020… y que, tras el impulso inicial, ‘frenó’ la irrupción, apenas meses después, del SARS-Cov-2. ¿El motivo? El cierre o limite de actividad de los centros de atención primaria y, por ende, de una mayor capacidad para prescribir estos tratamientos.

El ‘arma’ que más efectiva se revelaba, como es la financiación pública de tratamientos, ha quedado en una suerte de stand by en el último año por la limitación de actividad en los centros de salud.

“Las consultas telefónicas dificultan la comunicación directa con el paciente e interesarse si es fumador y/o quiere acogerse a estos programas. De igual manera, este canal disminuye las peticiones de ayuda”, confirma Zamorano. En este sentido, según recuerda su compañera de Sedet, “apoyarse en un tratamiento, unido a la supervisión de un profesional sanitario, multiplica por 6 las opciones de abstinencia”. Según datos facilitados a EG por el Ministerio de Sanidad, en 2020 se dispensaron 514.344 envases de estos tratamientos financiados: 507.676 de vareniclina y 6.668 de bupropion. “No podemos esperar más de 15 días desde que el paciente manifiesta su deseo de dejar de fumar hasta que es abordado”, advierte la vocal de Sedet.

Medidas en el ‘debe’… aun con la pandemia mediante

No obstante, estos profesionales recuerdan que existen compromisos pendientes del Gobierno que pueden (deben) ponerse en marcha aún con la pandemia mediante. En especial, ahora que parece que se retoma progresivamente la normalidad y la actividad reglamentaria.

La principal es (sería) el aumento del precio. Hay estudios que indican que un aumento de apenas el 10% del coste supone un descenso del 8% del consumo. “Sobre todo, es una medida muy disuasoria en la población joven, principal target al que apuntan las compañías tabacaleras”, recuerda Rey. En este ámbito se une el empaquetado neutro.

También se reclama la creación de más Unidades Especializadas contra el tabaco, financiar las terapias sustitutivas de la nicotina —chicles, parches, etc.—, equiparar —tanto en legislación como fiscalidad— los cigarros electrónicos al tabaco convencional. “No son, para nada, productos inocuos o para dejar de fumar. Todo lo contrario; pueden ser una entrada al tabaco convencional”, apunta Zamorano al respecto. Este profesional también apuesta por campañas sociales más impactantes “al estilo de las de Tráfico”. En definitiva, en esta ‘guerra’, cuantas más armas, mejor.

Sefac y CNPT denuncian la campaña “La Graciosa sin humo”

Con argumentaciones semejantes aunque en comunicados independientes, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac), así como el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo —al que están adheridas decenas de sociedades científicas sanitarias y entidades sociales— y los colegios farmacéuticos de Canarias han pedido la retirada inmediata de la campaña La Graciosa sin humo, promovida por la tabaquera Philip Morris en esta isla canaria.

El objetivo oficial de la campaña es el de reducir la cantidad de humo derivada de los cigarrillos en esta isla canaria, así como de disminuir el número de colillas depositadas en el suelo. Sin embargo, tanto Sefac como el CNPT, al igual que otras sociedades científicas y colegios profesionales, consideran que esta iniciativa es una maniobra encubierta para favorecer la venta de productos de tabaco calentado (PTC) como IQOS, que comercializa la tabaquera.  “Bajo esa imagen de producto sofisticado y tecnológico, lo que puede atraer a un consumidor más joven, los PTC son similares a los cigarrillos convencionales y contienen nicotina y otras sustancias que pueden ser nocivas para la salud, además de perpetuar el hábito de fumar y captar nuevos fumadores”, denuncia Sefac.

Mientras, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo se ha puesto en contacto, a través de una carta, con el alcalde de Teguise, en Lanzarote, por su colaboración en esta campañas. En esta carta, el CNPT señala que asistimos a la repetición de viejas estrategias de la industria tabaquera, conocidas a través de sus documentos internos, desclasificados y publicados en 1994, que sacaron a la luz las estrategias y tácticas engañosas utilizadas por la misma para mantener a los fumadores en el consumo de cigarrillos. “¿Quién no recuerda la publicidad de la incorporación del filtro a los cigarrillos o la aplicación del término ligth?”, recuerda.