El Tribunal General ha reducido la multa impuesta por la Comisión Europea al Grupo Servier por tratar de llegar a un acuerdo de transacción con diferentes laboratorios (Niche, Unichem -sociedad matriz de Niche-, Mylan, Teva, Krka y Lupin) tras expirar la patente del perindopril (erbuminas) en los años 2000, al presentar el grupo una nueva patente ante la OEP sobre este principio activo que se usa para combatir la hipertensión y la insuficiencia cardíaca; el conflicto radica en que, a pesar de que en estos acuerdos se expuso que las compañías firmantes se comprometían a no entrar en el mercado y a no impugnar esa patente, Servier otorgó a Biogaran, una de sus filiales, un acuerdo de licencia y suministro con Niche.
En 2014, la Comisión Europea concluyó que estos acuerdos suponían prácticas colusorias y una restricción a la competencia, imponiendo a Servier el pago de una multa a las empresas de genéricos afectadas, pero ahora el Tribunal General ha decidido reducir la cuantía económica de estas multas en base a que “las relaciones de competencia en el sector farmacéutico son distintas de las interacciones competitivas presentes en otros sectores económicos, en el sentido de que la demanda de medicamentos que se dispensan con receta, como el perindopril, se determina esencialmente, no por los consumidores finales, sino por quienes los prescriben, que se guían principalmente, al elegir su prescripción, por el uso terapéutico más que por el coste de los tratamientos”. Por estos y otros motivos, el Tribunal General concluye que la Comisión Europea “incurrió en varios errores al delimitar el mercado pertinente que pueden viciar el resultado de su examen” y el TG considera que “la Comisión no demostró que el mercado de productos terminados se restringiera únicamente a la molécula del perindopril dado que esta podía estar expuesta, por otros medicamentos de la misma clase terapéutica, a presiones competitivas no basadas en los precios”.
Ante esta sentencia, cabe la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
