Tal y como avanzó este periódico, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha iniciado una “ofensiva parlamentaria” que, inicialmente, buscará una vía alternativa en los temas en desacuerdo con respecto al dictamen de la Comisión para la Reconstrucción en materia de Sanidad aprobado este miércoles.
Ayer mismo su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, registró en el Congreso una PNL que sitúa a los pacientes en el centro de atención. El texto insta al Gobierno a presentar al Congreso un Proyecto de la Ley Básica de autonomía del paciente con varios objetivos.
Uno de ellos es regular para el conjunto del sistema sanitario los derechos colectivos de información, propuesta y participación de las asociaciones de pacientes. En la misma línea, aspiran a recabar la valoración por parte de estas asociaciones del informe anual de funcionamiento del sistema sanitario y el de los servicios autonómicos de salud.
Modificar la Ley de Cohesión y Calidad del SNS
En su iniciativa, el PP también pide al gobierno modificar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para regular la participación del los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial.
Asimismo, propone establecer un marco regulatorio que garantice la transparencia en los modelos de financiación pública y privada de las asociaciones de pacientes, así como su independencia.
En la exposición de motivos, los populares destacan que a partir de la Ley Básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002), y desde la Declaración de Barcelona se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos individuales de los pacientes. Sin embargo, subrayan que eso no ha sucedido con sus derechos colectivos, en especial con respecto a la participación, información y consulta sobre las decisiones que afectan al funcionamiento del sistema sanitario y al contenido y Ia calidad de actividad asistencial. Derechos que, recuerdan, se ejercen mediante las asociaciones de pacientes.
Importancia estratégica
El texto subraya que el derecho a la participación tiene una importancia estratégica, y defiende que abrirse a los planteamientos de estas asociaciones mejoraría la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y permitirá ganar en transparencia, humanización, calidad y coordinación entre niveles asistenciales.
El grupo popular entiende que la falta de participación de los pacientes ha sido “notoria” en la gestión de la crisis. Alude también a situaciones como la desorientación y el déficit de información en el colectivo.
Sobre esta base, remarcan que “se hace preciso salir cuanto antes de esta inaceptable situación ante el riesgo de una segunda oleada de esta pandemia”.
Problemas estructurales
Al margen de esta situación puntual, consideran que hay problemas estructurales en cuya solución es preciso dar voz a los pacientes y a sus asociaciones, que piden reformas en el sistema sanitario.
La PNL popular se hace eco de las reclamaciones de las asociaciones, que reivindican una sanidad más participativa y democrática. En su balance, la participación actual es puntual en cuestiones que, tal y como describen, son más bien fruto de una “generosidad administrativa” que del ejercicio de un derecho colectivo reconocido.
La falta de participación de las asociaciones el Comité Consultivo del Interterritorial, destacan, impide que ante asuntos de interés general, las organizaciones aporten sus propuestas, y han de enterarse de los acuerdos por los medios de comunicación, cita el PP.
El texto cuestiona también que el informe anual sobre el SNS no se somete a la valoración de estas entidades.
La proposición no de ley popular refleja también “las dificultades económicas que soportan estas asociaciones para hacer frente a una amplia gama de actividades informativas y formativas y de colaboración con las Administraciones sanitarias, que requieren una financiación para su sostenibilidad”.
Repasan que junto a las ayudas públicas para colaborar con las consejerfas de Salud en actividades de interés público, hay otras aportaciones solidarias a cargo de entidades y empresas privadas efectuadas por razones de responsabilidad social corporativa, enmarcadas en unos criterios de transparencia y publicidad, aplicados desde hace mas de 20 años en España y en otros países de la Unión Europea.
Con este diagnóstico de situación, la exposición de motivos del texto define como “impropio de un país con una Sanidad moderna dificultar la actividad de las asociaciones de pacientes con prohibiciones radicales e indiscrirninadas”.
Regular la financiación pública y privada
Destacan que, por el contrario, los poderes públicos han de evitar que se ponga en riesgo la subsistencia de estas entidades. Por ello, entienden que regular la financiación pública y privada con requisitos y procedimientos dotados de transparencia y respetuosos con la independencia de estas asociaciones es, a día de hoy, una prioridad sanitaria y social.
Argumentos que también subyacían en la enmienda presentada a uno de los puntos más conflictivos del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción en el terreno sanitario, el punto 47.2, que prohíbe la financiación por parte de la industria farmacéutica de forma directa e indirecta de las actividades de este colectivo.
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