El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior. “Es un hito dentro de nuestro SNS”, ha asegurado.
“Queremos garantizar con esta ley el acceso universal y desterrar la exclusión sanitaria que trajo el PP con una ley en el 2012; queremos cerrar esa herida”, ha indicado García. En este sentido, ha indicado que se trata de una herramienta para tener “sociedades más cohesionadas, más justas y más eficientes”.
Además, el proyecto de ley incorpora una modificación y, en concreto, una ampliación, de la cartera de servicios. Además de evitar nuevos copagos, se incluye la salud pública y otra formulación para la rehabilitación en personas con déficit funcional recuperable.
La ministra ha agradecido a los profesionales y a todos los ciudadanos que han ayudado y “han empujado” a la puesta en marcha de esta normativa. Además, también se debe, en parte, a la “lucha por garantizar acceso a la salud y el acceso a la protección de la salud de todas las personas que residen en nuestro país”. “Es una de las lecciones que aprendimos durante la pandemia: nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”, ha apuntado. De este modo, García considera que esta ley viene a “materializar” ese aprendizaje.
Estrategia de Salud Mental
Por otro lado, la ministra también ha anunciado la aprobación, dentro de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, del traspaso de fondos a las comunidades autónomas por valor de 38,5 millones de euros. Algo que “viene a reforzar el compromiso del Gobierno con la salud mental”.
Estos fondos dan continuidad a los aprobados el año pasado dentro del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que es la herramienta que facilita la implantación en el SNS de las recomendaciones que se hacen en la mencionada Estrategia.
Los fondos autorizados se van a distribuir a todas las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y el INGESA en un 5 por ciento de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada territorio; y un 95 por ciento distribuido por criterios poblacionales.
