El Senado ha aprobado de forma definitiva los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020. También ha ratificado la senda de estabilidad para el período 2021-2023 presentada por el Gobierno y que está llamada a impulsar “el Estado del Bienestar y la justicia social”.

De esta forma, culmina con éxito el trámite parlamentario después de que el Congreso de los Diputados también avalara la propuesta del Ministerio de Hacienda el pasado 27 de febrero.

Según ha destacado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los objetivos aprobados son “prudentes y realistas” y la senda es “más transitable”. Esto hace compatible, a su juicio, el saneamiento de las cuentas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE, con el fortalecimiento del Estado de bienestar y la recuperación de derechos de los ciudadanos.

El mayor esfuerzo fiscal recae en el Estado

Tras completar el trámite parlamentario, el objetivo de déficit en 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas queda fijado en el 1,8 por ciento del PIB. Por subsectores, el límite de la Administración Central es del 0,5 por ciento; del 0,2 por ciento para las comunidades autónomas y del 1,1 por ciento para la Seguridad Social. En el caso de las entidades locales, el objetivo es el equilibrio presupuestario.

Con esta distribución, el mayor esfuerzo fiscal recae en la Administración Central, que reducirá su déficit desde el 1,32 por ciento registrado en 2018. Es decir, una rebaja de ocho décimas en dos ejercicios. Por su parte, la Seguridad Social tiene que reducir su déficit del 1,44 al 1,1 por ciento, lo que implica una disminución de tres décimas. “Sin embargo, el esfuerzo exigido a las comunidades autónomas [las responsables de gestionar el Estado del Bienestar] es menor, de apenas una décima”, destaca Hacienda.

En 2020, el mayor esfuerzo fiscal recaerá en la Administración Central

Por su parte, la senda de estabilidad del período 2021-2023 establece un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 1,5 por ciento en 2021; del 1,2 por ciento en 2022; y del 0,9 por ciento en 2023.

El reparto por subsectores implica que la Administración Central reduce su déficit hasta quedar en el 0,1 por ciento en 2023. Las comunidades autónomas rebajan su déficit una décima cada año hasta lograr el equilibrio en 2022 y 2023. Por último, la Seguridad Social reducirá de forma más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,8 por ciento del PIB en 2023.

Los Presupuestos Generales de 2020

María Jesús Montero explicó en el Congreso de los Diputados las líneas de los PGE para 2020 con los que el Gobierno quiere impulsar el Estado del Bienestar.

La nueva senda de estabilidad sienta las bases para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2020. Este proyecto pondrá fin a la situación de doble prórroga presupuestaria e impulsará “los servicios públicos de calidad” del Estado del Bienestar, tal y como señala Hacienda.

Tal y como adelantó Montero en el Congreso, la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad serán la base de los presupuestos.

En concreto, la ministra resaltó que los Presupuestos apostarán por un modelo de crecimiento “basado en la inversión en I+D+i“, además de en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias como la dependencia.

Además, las cuentas públicas incorporarán por primera vez un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.