Yo creo que una de las obligaciones de las administraciones públicas es defender la legalidad. Debe ser una obligación irrenunciable ya que son ellas quienes pueden cambiar esa misma legalidad y adaptarla a su gusto. Por ese motivo, no entiendo que haya organismos públicos que más que bordear la ley, directamente pasan a infringirla. Me estoy refiriendo a la incitación que ha realizado la Comunidad Valenciana al uso, ilegal desde mi punto de vista, de un medicamento en condiciones diferentes a las autorizadas, cuando hay un tratamiento autorizado.

El caso del uso fuera de indicación de Avastin en la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) en perjuicio del uso de Lucentis, que sí tiene esa indicación aprobada por la EMA, es viejo. Pero en los últimos tiempos estamos asistiendo a un impulso de su utilización por parte de las comunidades autónomas a pesar de que con ello se infringe la regulación vigente. El artículo 13 del Real Decreto 1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales es claro y especifica que “se limitará a las situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas”.

Es cierto que la diferencia de precio es enorme, pero creo que eso no puede justificar saltarse la ley. Estoy seguro de que hay otras soluciones para reducir el impacto económico que no pasan por acabar con la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones.

@JoseMLAlemany en Twitter