Las reacciones
Jordi Ramentol. La aprobación en el Parlamento gallego del catálogo de medicamentos supone, para Farmaindustria, la ruptura de la cohesión en el SNS y convierte a los gallegos en “ciudadanos de segunda” en materia de prestaciones farmacéuticas. La patronal lamenta las graves consecuencias que esta iniciativa tendrá para el sector y que se traducirán en importantes pérdidas de empleo, especialmente en la industria y la farmacia.
Fernando Redondo. FEFE rechaza el catálogo, pues invade competencias del Estado y atenta contra los derechos de los pacientes. La patronal advierte de que se opondrá siempre a iniciativas aisladas de comunidades que no hayan sido debatidas y aprobadas dentro del Interterritorial y que no respeten el marco legal y competencial vigente. Los servicios jurídicos de FEFE estudian el texto para determinar las acciones legales pertinentes.
Antonio Mingorance. Dentro de las inequidades que genera, Fedifar resalta que habrá pacientes que no podrán seguir con su tratamiento y tendrán que escoger una alternativa que podría cambiar bimestralmente. Además, la ley no prevé plazos de aplicación e introduce más confusión entre los agentes, con lo que la patronal de la distribución teme que no haya tiempo suficiente para garantizar el suministro a los pacientes.
María Jesús Rodríguez. La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria considera que el catálogo es inconstitucional, por lo que ha solicitado su anulación. Hasta que se resuelva la situación, la Sefac demanda el establecimiento de un periodo de convivencia con el objetivo de que las oficinas de farmacia tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación y puedan continuar dando un servicio de calidad.
c. r. / e. P.
Madrid
Tranquilidad relativa en las farmacias gallegas, pero fuera de ellas el catálogo priorizado de medicamentos ha dado el pistoletazo de salida a un año de tensiones legales en el ámbito sanitario. Tras estudiarlo detenidamente, el Ministerio de Sanidad ha comunicado ya a la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia su decisión de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo antes posible la resolución que dio a luz al catálogo.
De poco ha servido el blindaje al que el grupo popular sometió a su Ley de Racionalización del Gasto Farmacéutico, que tras su aprobación el pasado 22 de diciembre sigue sin contar con el beneplácito del ministerio o de algún agente del sector. Las críticas son compartidas: invade competencias y discrimina a los ciudadanos gallegos. Cabe añadir que Sanidad también prepara un informe para remitirlo al Ministerio de Política Territorial para recurrir la propia ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico. Es ese departamento el que tiene competencias para recurrir, previa aprobación en el Consejo de Ministros, la ley gallega ante el Constitucional.
El proceso se presenta largo a nivel legal, pero desde el ministerio se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia deje sin efecto el catálogo a la espera de que se produzca el fallo.
34 principios activos
Así las cosas, el listado que se lanzó dos días después de que la ley se publicara en el Diario Oficial de Galicia y que empezó a funcionar el pasado día 3 de enero podría tener ya las horas contadas. Inicialmente incluye 34 principios activos (pero es dinámico, se modificará cada vez que el Gobierno central cambie sus precios o incorpore medicamentos a su nomenclátor) y unos plazos muy ajustados, como han recordado todas las críticas a la iniciativa.
Desde el pasado día 3 los médicos empezaron a recetar con el listado y tuvieron que explicar su postura ante el servicio de inspección médica si decidieron salirse del mismo. La implantación en las farmacias incluye dos fases. Durante la primera quincena de este mes, los farmacéuticos podrán dispensar fármacos que no estén incluidos en el listado para evitar problemas de desabastecimiento y facilitar la adaptación a la distribución. En una segunda fase, hasta el 31 de enero, las farmacias podrán cambiar un medicamento por otro, dentro del propio catálogo, en caso de carecer del primero.
Se trata de un listado diseñado en un 80 por ciento, según la Xunta, por médicos y farmacéuticos, con el objetivo de ahorrar 100 millones de euros al año en la factura farmacéutica regional. La pregunta que subyace bajo el recurso del Ministerio y las acciones que probablemente tomaran algunos agentes del sector es si ese supuesto ahorro compensa la pérdida de derechos que acarreará a los gallegos y otros daños colaterales a la industria y la farmacia.
Guerra de cifras
Los 100 millones son sólo la punta de la lanza en la guerra de cifras que se ha desatado para defender o dinamitar el catálogo. El PSOE de Galicia asegura que es un parche para tapar la mala gestión farmacéutica de Pilar Farjas, ya que según sus datos Galicia ha pasado en menos de tres años del puesto 15º al 4º en el ranking de comunidades que más ha incrementado su número de recetas facturadas.
Para los populares, cuestionar el catálogo equivale a cuestionar la efectividad de los genéricos y de los principios activos. Para el PP y la Xunta, el ministerio haría mejor en copiar el modelo en lugar de solicitar su anulación. Para ello no dudan en recurrir a las cifras de déficit del SNS (15.000 millones de euros) y a los niveles preocupantes que la morosidad ha alcanzado en comunidades como Andalucía, que paga a los 900 días, o Cataluña, que lo hace a los 700.
