El proyecto de reforma de la Ley de Ciencia, por el que se modifica el ordenamiento correspondiente a 2011, continúa superando trámites. En esta ocasión ha sido en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados, donde ha recibido el respaldo de 20 votos a favor por 16 abstenciones. El texto final, tal y como se ha referido en sesión donde ha sido aprobada la norma, incorpora finalmente algunas de las 382 enmiendas parciales que los grupos presentaron al documento original.
Durante el turno de intervenciones, la amplia mayoría de los parlamentarios ha significado el trabajo desarrollado para adherir las aportaciones de las distintas formaciones en el tiempo que ha tenido lugar la ponencia. No obstante, el portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, ha apuntado que quizás “ha faltado ambición” en la propuesta final.
“No hay una materia política o ideológica en este tema, si no un interés por conseguir la mejor ley que podamos tener”, ha añadido el diputado naranja, quien ha adelantado que seguirán intentando mejorar el texto cuando llegue al Pleno.
De parte de Unidas Podemos, Javier Sánchez ha querido reconocer el trabajo y aportaciones de las asociaciones y entidades de ciencia que hicieron llegar sus reivindicaciones, tanto para la ley como para el Pacto por la Ciencia.
“Se ha respondido a demandas unánimes de la comunidad científica: dignificar las condiciones de los científicos, reducir trámites en la gestión de la I+D+i y garantizar una financiación pública creciente. También era fundamental remover las barreras para garantizar carreras estables y predecibles”, ha ahondado Sánchez.
Defensa socialista de la ley
La portavoz adjunta de Universidades y diputada por Tarragona y ponente de la ley, Sandra Guaita, ha puesto en valor la relevancia de la modificación de la Ley de Ciencia y ha reclamado unidad por parte de todos los grupos para sacarla adelante. “Esta ley tiene que recibir un apoyo unánime ya que viene a dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras, y a garantizar una financiación pública, creciente y estable en I+D+i, alineada con los objetivos de la UE”.
“La ley tiene que recibir un apoyo unánime para dignificar las condiciones de los investigadores y garantizar y una inversión pública, creciente y estable”
Sandra Guaita, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Ciencia del Congreso
La parlamentaria ha explicado los principales objetivos que persigue la ley: mejorar la carrera científica, reducir los trámites administrativos, estabilizar la inversión y alcanzar la igualdad objetiva. “Esta es una ley de todos y todas, pero sobre todo, será una ley para y por los científicos y científicas de este país”, ha subrayado.
Margen de mejora para PP y VOX
De parte del Grupo Popular, Pedro Navarro, ha reconocido los acuerdos alcanzados con los socialistas, aunque confesando que estos son menos de los que hubieran querido. En su intervención, ha subrayado que su partido continúa “con la mano tendida” para conseguir un mayor consenso, tal y como han pedido los expertos comparecientes -a petición de la propia formación- al respecto de la Ley de Ciencia.
De este modo, Navarro ha anunciado que se mantendrán las enmiendas durante la tramitación de la norma “en defensa de la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento y porque esta llegue a todos los españoles, vivan donde vivan”.
“No podemos planificar nada en materia de innovación si vamos a golpe de 12 meses de cada ciclo presupuestario”
Mireia Borrás, portavoz del Grupo VOX en la Comisión de Ciencia del Congreso
De parte de VOX se apreció el rechazo de algunas de las enmiendas presentadas. En este sentido, la portavoz en la cámara del grupo, Mireia Borrás, ha indicado, entre otras, la propuesta de reforzar que las entidades privadas pudieran colaborar por iniciativa propia con personal del sector público, firmando acuerdos de colaboración con la administración.
Asimismo, también se reclamó dedicar una inversión mínima, creciente y estable en I+D+i. A este respecto, Borrás ha puntualizado que el proyecto apunta a su blindaje, condicionándolo “en la letra pequeña” a las necesidades de cada ciclo presupuestario. “Pedimos que tuviese carácter plurianual para proteger la inversión de los vaivenes políticos. No podemos planificar nada en materia de innovación si vamos a golpe de 12 meses”, ha añadido.
