El 31 de enero de 2018 marcó un antes y un después en la historia de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés) en Europa. Desde que la Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento para definir el futuro de esta herramienta, apenas ha habido reunión, jornada o encuentro en los cuales no esté, de una u otra forma, presente. El motivo es obvio: según las últimas estadísticas disponibles, el gasto sanitario total (público y privado) de la UE asciende a más de 1,3 billones de euros anuales, un 10 por ciento del PIB comunitario. Esa cifra incluye unos 220.000 millones para medicamentos y otros 100.000 para dispositivos médicos, cantidades llamadas a crecer al tiempo que los estados se enfrentan a unos presupuestos constreñidos. La situación requiere y requerirá trabajar por la eficiencia, y ahí entra en juego la HTA conjunta.
El debate llegó en un momento delicado. Las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 obligaba a dejar bien cerrados el máximo número de asuntos posibles, y el de la HTA era prioritario para (casi) todos. A nivel institucional, el reto era conseguir un acuerdo del trílogo —Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE— para finales de 2018… Todo un juego de malabares que no ha sido posible alcanzar.
El potencial de la cooperación en materia de HTA no era ningún secreto a finales de 2016. Pero las autoridades sanitarias desconocían qué uso se estaba dando al trabajo realizado. La respuesta a esta pregunta no tardó en llegar, confirmando los peores temores: la baja adopción de los informes, acompañada de la consiguiente tasa de duplicación y de los diferentes procedimientos nacionales, hacía el modelo financieramente insostenible, según la Comisión.
La heterogeneidad de los Estados miembro nunca ha hecho fácil la tarea de la Comisión, y la HTA no es una excepción. Bélgica, Croacia, Chipre, Estonia, Irlanda, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia conforman un grupo de estados, en su mayoría pequeños y con menos recursos, que creen que el tiempo de la cooperación voluntaria ya ha pasado. Frente a ellos, los ‘pesos pesados’ de la UE consideran que la Comisión se excede en su actuación y entra en terreno vedado. Alemania, Francia, República Checa, Dinamarca, Polonia, Reino Unido, Italia y España han apostado en su discurso por el mantenimiento del statu quo actual. Los tres primeros han expresado sin ambages el temor a que la propuesta termine por afectar a sus competencias en materia de precios y reembolsos.
El reto era conseguir un acuerdo del trílogo para finales de 2018… Todo un juego de malabares que no ha sido posible alcanzar
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