Nieves Sebastián Madrid | viernes, 20 de julio de 2018 h |

Cuando hablamos de tasa rosa hay que aclarar a qué se hace referencia. Hay dos opciones: el impuesto que se aplica a los productos de higiene femenina o la diferencia de precio entre productos similares únicamente por estar dirigidos a mujeres. En este caso, hace referencia al primero, que es sobre el que los Gobiernos pueden influir directamente.

Las mujeres pasan, a lo largo de su vida, una media de más de 1.800 días con la regla, lo que se traduce en más de cinco años. En función de cada caso, la necesidad de utilizar artículos de higiene femenina será mayor o menor, pero hay un indicador que no varía. Salvo problemas de salud, las mujeres necesitan hacer uso de estos productos inevitablemente, y otro factor sobre el que no tienen capacidad de decisión es sobre el tipo impositivo que se les aplica.

En 2012 se modificó la tabla de impuestos aplicables a los productos y servicios en España en función de su categoría y los tampones, compresas y protegeslip –al igual que los preservativos y otros anticonceptivos no medicinales- soportan un impuesto sobre el valor añadido del 10 por ciento. El problema radica en que el resto de productos médicos, a los que se les atribuiría la ‘primera necesidad’ tienen un tipo súperreducido del 4 por ciento, y cada vez son más las mujeres que reclaman este descenso de impuestos en los productos de higiene femenina.

También valoran esta medida entidades y organizaciones como la Asociación para el Autocuidado de la Salud; desde Anefp, desde donde consideran que esta medida sería positiva ya que beneficiaría a la sociedad en su conjunto al tratarse de un producto de primera necesidad.

La tasa rosa alrededor del mundo

En España hay una Comunidad Autónoma que ha podido desmarcarse del resto: Canarias. A finales de 2017, el Parlamento Autonómico aprobó que se eliminara este impuesto de los productos de higiene femenina tras salir adelante una moción planteada por Podemos y esta medida se incluyó en los Presupuestos de la región para 2018. La cámara cifró que habría que dedicar una partida de 220.000 euros anuales para poder llevar a cabo esta medida, lo que según la diputada de la formación morada, Rosa Dávila, “será poco relevante desde el punto de vista presupuestario, pero muy importante para las mujeres”. En esta misma línea se pronunciaba el parlamento andaluz la semana pasada, aprobando una Proposición No de Ley para solicitar que se incluya a estos artículos dentro del tipo súperreducido.

Es cierto que otros países como Reino Unido han intentado eliminar este impuesto sobre los productos de higiene femenina, pero sólo han podido reducirlo al mínimo atendiendo a la normativa impuesta por la Unión Europea. Y hace unos meses era todavía más difícil; hasta enero de este año la Unión Europea no aprobó que se pudiera reducir el IVA de estos productos y otros similares –como pañales o preservativos, para evitar enfermedades de transmisión sexual-. La UE permite ahora que los Gobiernos de cada país determinen el tipo impositivo que se aplica a cualquier producto con dos exenciones: han elaborado una lista de aquellos que alegan que no se pueden considerar de primera necesidad, y exigen que la media ponderada del IVA en cada país no sea menor al 12 por ciento, ya que no quieren que la medida genere agujeros en las finanzas públicas de los países que se decidan a aplicarla.

El caso de Canarias es diferente puesto que la autonomía se rige por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), también conocido como Tratado de Lisboa, en el que se expone la situación específica de la región en la UE – al igual que en otras áreas como las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira y las regiones francesas de Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín –. Este tratado recoge que se pueden aplicar determinadas políticas en las regiones ultraperiféricas con el fin de paliar aquellos factores intrínsecos que perjudican su desarrollo. Por tanto, al poder actuar al margen de la normativa europea en esta materia, los canarios tienen una categoría de artículos de primera necesidad exentos del IGIC, en la que se aprobó la inclusión de los productos de higiene femenina.

Y a pesar de la petición de reducir el IVA para estos productos en nuestro país, hay otros estados en los que se aplica un impuesto sobre el valor añadido mayor al 10 por ciento español, como en Hungría, donde el IVA reducido se establece en el 27 por ciento, Grecia, donde es del 24 por ciento o Austria, donde se sitúa en el 20 por ciento, atendiendo a datos recopilados por la Unión Europea.

Reducción de impuestos en España

Volviendo a nuestro país, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció durante su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda su intención de elaborar unos presupuestos para 2019 en los que se incluya la “perspectiva de género” prestando atención a aspectos como la conocida ‘tasa rosa’. Montero comunicó que va a hablar con todos los Ministerios que puedan influir en esta medida para ver cómo pueden llevarla a cabo.

No es la primera vez que se debate este tema . Hace dos años se llevó a la Comisión de Igualdad y todos los partidos votaron a favor de la reducción del impuesto salvo el PP. Desde la formación que ocupaba el Gobierno en ese momento argumentaron que, a pesar de que estaban de acuerdo con el fondo, la reducción chocaba con la “regulación armonizada de la UE”; además, añadieron que consideraban que esa responsabilidad pertenecía a otro Ministerio.

Habrá que ver cuál es el desenlace de los hechos, a priori, en un futuro cercano, ya que Montero declaró durante una de sus intervenciones en la Comisión, que la intención del Gobierno era hacerse cargo de este asunto “lo antes posible”.

¿Qué países eximen de impuestos a estos artículos?

Kenia fue el primer país en abolir el impuesto sobre los productos de higiene femenina, lo hizo en el año 2004.

Irlanda no grava los tampones, protegeslips ni compresas. Cuenta con un IVA del 0 por ciento para productos de primera necesidad.

En Canadá, la diputada Irene Mathyssen propuso en la Cámara de los Comunes una enmienda a los impuestos aplicados para cada producto en 2013. Dos años después, gracias al apoyo de un grupo de activistas, la medida salió adelante.

Australia llevó al Parlamento una propuesta para acabar con el gravamen que afecta a estos productos también en 2015 pero el resultado fue diferente: algunos de los Estados votaron en contra de la medida por lo que se mantiene un impuesto del 10 por ciento.

En Estados Unidos hay cinco regiones que no cuentan con impuesto sobre el valor añadido, y otras nueve (Connecticut, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, and Pennsylvania) que lo han eliminado de estos artículos.