Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
En plena vorágine de iniciativas autonómicas de recorte del gasto para sostener una vez más a costa de los medicamentos las depauperadas arcas públicas, una posible solución empieza a cobrar fuerza en diferentes partes del país: recortar las prestaciones superfluas que configuran el actual catálogo. El debate se produjo ya en la fallida subcomisión del Congreso para la mejora de la Sanidad que puso en marcha el PP en su etapa al frente del Gobierno, con la filtración de un documento que se aparcó en el órgano parlamentario. Ahora, algunas comunidades tratan de recuperarlo de forma velada, en medio de la crisis, aunque con miedo al efecto que podría tener de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, así como en las nacionales del próximo año. Ha sucedido en conversaciones informales entre consejeros y también han trascendido documentos al respecto.
Algunos titulares sanitarios defienden abiertamente la necesidad de meter la tijera en este área en lugar de en los fármacos, por ahorro y equidad territorial. Aprovechándose de los años de bonanza, y despreocupados por el despilfarro, varias autoridades elevaron su nivel de prestaciones por encima del resto, dando lugar a una España de dos velocidades en Sanidad. El caso más claro es el de Cataluña durante el gobierno del tripartito. Marina Geli, consejera mediática, sorprendió al aumentar la presencia de la polémica píldora RU-486 mientras pedía más dinero para atajar la bancarrota. El documento que ha devuelto a la actualidad pública el debate procede de la Comunidad de Madrid. Aunque se han desmarcado del mismo el consejero Javier Fernández-Lasquetty, la viceconsejera, Patricia Flores, y el director general de Primaria, Antonio Alemany, está escrito de su puño y letra por la subdirección de Aseguramiento, y en él se propugnan algunas ideas descartables y otras susceptibles de un detallado análisis, como establecer criterios más rigurosos para el acceso a algunas prestaciones no esenciales que ahora se ofertan sin control alguno. Por ejemplo, algunas regiones suministran de forma gratuita materiales para pacientes no insulinodependientes, otras no. La atención bucodental es otra. ¿Tiene el SNS fondos para pagarlas, cuando su anuncio respondió a fines electorales? Los autores sacan también a colación el copago de los alimentos ingeridos en los hospitales. ¿No tendría que pagarlos de su bolsillo el enfermo si no estuviese ingresado? El impacto estimado de esta medida sería de 39 millones anuales. El copago de los productos de aseo y limpieza reportaría por su parte 971.000 euros al año.
Los ejemplos son innumerables. La exclusión de la ligadura de trompas, salvo por necesidades de salud, permitiría obtener 6,6 millones de euros, mientras que la de la vasectomía reportaría 1,4. En total, el ahorro ascendería a los 8,1 millones de euros. Al igual que sucede con las bajas laborales injustificadas de los trabajadores sanitarios, la posibilidad de recorte de gasto por la vía de prestaciones superficiales susceptibles de exclusión sería inmenso, y aportaría oxígeno al empobrecido sistema sanitario español, dejando indemne la siempre sufrida farmacia.
Preguntas sin respuesta
¿Qué patronal va a prohibir a sus asociados difundir noticias sobre sus productos en las redes sociales? ¿Por qué?
¿Qué director general de Economía de una comunidad aguarda la llamada del presidente de una patronal que quedó en comunicarse con él, después de visitarle en nombre de su empresa?
¿Qué consejería de Sanidad del PP cuenta con varios topos del PSOE infiltrados en su área de atención primaria?
¿Qué piensan en Fomento y Economía de las colegiaciones sanitarias?
¿Cuántas décimas caerá el PIB en España por culpa de la subida del precio del tabaco combinada con su veto en los bares?
