Es bueno que al farmacéutico comunitario se le reconozca la capacidad en la indicación-prescripción. Es un profesional cualificado pero infrautilizado, y su participación en el proceso asistencial debería ser mayor, por lo que es conveniente que adquiera una mayor atribución en el proceso de elección del fármaco.
El Gobierno ha aprobado la dispensación de la píldora postcoital, producto sin receta médica. ¿La decisión de otorgar un nuevo estatus a este fármaco responde a reconocer una mayor competencia al boticario? No es el caso, ya que se trata de una medida política que persigue trivializar ese producto. Su finalidad no es potenciar la labor del farmacéutico, sino favorecer el libre acceso a ella. Si el objetivo fuera sanitario la medida no se vendería como una iniciativa apoyada en la seguridad del producto. La realidad es que existe un serio riesgo de frivolizar la píldora. Es más, se corre el riesgo de convertirla en un método de uso habitual, con los riesgos que conlleva.
¿Cuál es la razón de que se la ofrezca este estatus? La realidad ha demostrado que las políticas que favorecen su acceso no disminuyen las tasas de embarazos no deseados. Por otro lado, conviene no olvidar que la FDA consintió que la píldora se considerase OTC, no por razones sanitarias, sino por cuestiones políticas, como quedó demostrado en el British Medical Journal. La iniciativa tampoco se apoya en una voluntad de otorgar mayores competencias a los farmacéuticos. Lo demuestra el hecho de que, si fuera así, se deberían haber clasificado como OTC otros productos avalados por una investigación y farmacovigilancia más sólida. Hay que recordar que en menores de 16 años todavía no se conoce su efecto. En definitiva, el cambio de estatus de la píldora persigue favorecer la trivialización y el frívolo consumo de ese producto.
José López Guzmán es director del Dpto. de Humanidades Biomédicas de la Universidad de Navarra
