c. r. / j. m. l.
Madrid
El nomenclátor sobre el que el sector deberá hacer sus alegaciones con vistas a la entrada en vigor de los precios menores el 1 de enero es el de noviembre. Así se lo comunicó el Ministerio de Sanidad a los agentes del sector la semana pasada, y así lo confirmó la directora general de Farmacia, María Teresa Pagés, en una entrevista concedida a EG, en la que además analizó algunos de los aspectos más polémicos de los reales decretos en tramitación. La Dirección General de Farmacia asegura estar estudiando todas las alegaciones a la orden de precios, aunque siempre bajo el punto de vista de que el objetivo de la misma es “ahorrar recursos”.
Pregunta. Hay varios RD en tramitación. ¿Qué fechas maneja el ministerio para su aprobación?
Respuesta. El de uso en condiciones especiales es un decreto de la Aemps que ya está en tramitación. Respecto a los de Receta, Trazabilidad y Distribución, avanzarán en su tramitación para el primer semestre de 2009. En trazabilidad se está trabajando en un piloto para determinar qué identificación llevaría el envase (Datamatrix o radiofrecuencia). En 2009 se decidirá y se pondrá en marcha el RD de Trazabilidad, posterior a la realización de ese piloto.
P. ¿Cuándo empieza el pilotaje?
R. Nos estamos reuniendo con el sector para elaborar, con su acuerdo y colaboración, un pliego de especificaciones antes de lanzar el contrato público. Esperamos, por el procedimiento administrativo, que el piloto comience a principios de año.
P. ¿Cuánto durará?
R. Eso dependerá de las especificaciones y las necesidades de plazos que determine la empresa que asuma la realización de ese piloto para asegurar los condicionantes que se van a exigir.
P. ¿Quién asumirá los costes de implantación del sistema?
R. Que se incorpore radiofrecuencia o Datamatrix no va a suponer una carga adicional para la industria farmacéutica. En el caso de la radiofrecuencia el importe, que sería un poco más elevado pero poco importante, lo asumiría el ministerio. Además, si fuera radiofrecuencia, el importe sería progresivamente menor conforme se vaya difundiendo. El caso de Datamatrix no se plantea incluso como una cuestión de costes para el sector.
P. La industria quizá no, pero la distribución sí plantea la identificación individual de cartonajes como un problema económico.
R. La carga, en efecto, sería distinta para un mayorista. Habrá que valorarlo en su conjunto, determinar el impacto y luego el apoyo o no de la Administración, aunque desde luego para el ministro de Sanidad, como para todos aquellos que tienen interés en garantizar la calidad o reforzar la garantía de la cadena farmacéutica, la incorporación de la trazabilidad es importantísima.
P. ¿Se habla con la CE y patronales comunitarias del sector para que el piloto español pueda tener una traslación al resto de Europa?
R. Hace un año ya presentamos la iniciativa y la línea de los trabajos a la CE. Las autoridades comunitarias conocen exactamente lo que incorpora la Ley de Garantías. En lo que respecta a las patronales, es el sector español el que entiendo que está más interesado.
P. Uno de los temas más criticados en la nueva orden de precios es la entrada en vigor del anejo 5 en enero y su actualización automática semestral. ¿Qué ahorro se consigue con esta doble medida?
R. Quiero aprovechar para diferenciar muy claramente la Orden de Precios de Referencia del sistema de precios menores. Ha habido un poco de confusión por la decisión, tomada antes de la pasada legislatura, de hacer pública la relación de precios menores en la Orden de Precios. La obligación de la Administración es informar de la relación de precios menores de todas las presentaciones del mercado, para facilitar la sustitución de acuerdo con los artículos 84 y 85 de la Ley de Garantías. El objetivo de la publicación de los precios menores es, por tanto, cumplir absolutamente con lo dispuesto en la ley y hacer públicos los precios de los medicamentos y diferenciar, por grupos, cuáles son los menores. Pero no modifica, ni baja ni sube, ningún precio. No tiene que ver con una reducción de precios ni con valorar su impacto. Otra cosa es que su utilización para facilitar la aplicación de políticas de prescripción por principio activo en las comunidades autónomas que así lo estimen pueda suponer un ahorro de recursos o no. Pero desde la Administración central del Estado nuestra obligación es hacerlo público. No tiene que ver con la Orden de Precios, aunque se incorpora en la misma base normativa.
P. ¿Qué han permitido las nuevas tecnologías en relación con la nueva Orden de Precios?
R. Las tecnologías de la información son cada vez más importantes. Llevamos varios años impulsándolas desde el Gobierno, concretamente la Dirección General de Farmacia, porque hay herramientas importantísimas como la trazabilidad, la receta electrónica, los sistemas de información o el mismo nomenclátor que se publica mensualmente para señalar el precio al que se van a comprar los medicamentos por el SNS. A ese respecto, en noviembre ya se ha publicado a principios de mes, y no a finales, como hasta ahora. Respecto a los precios menores, intentamos también utilizar las nuevas tecnologías para poder incorporarlas. Ya no vienen publicados en la orden de precios como anejo 5 anterior, sino que se hace público de forma virtual en la web del ministerio y se hizo público ya el 1 de noviembre, con dos meses de antelación a su entrada en vigor, que será el 1 de enero.
P. En cualquier caso, el texto, según la farmacia y la distribución, les ocasiona un perjuicio económico considerable. ¿Se ha tenido esto en cuenta en su elaboración?
R. El perjuicio depende de la política de principio activo de cada comunidad. Veremos de qué forma se puede apoyar la gestión autonómica en este ámbito para que también se faciliten las actuaciones del sector.
P. ¿Se va a atender la alegación de establecer periodo de convivencia para precios menores?
R. Quiero dejar claro que estamos analizando las alegaciones de los sectores para poder dar la mayor respuesta posible a los agentes y a las consideraciones que realizan las autonomías, pero sin perder de vista el objetivo del ahorro de los precios de referencia, que es la medida estructural que tenemos para asegurar la sostenibilidad del sistema.
P. Hay dos peticiones históricas del sector que siguen sin ser atendidas: la comercialización efectiva de las especialidades que sirvan para calcular los precios de referencia y el precio de referencia mínimo de dos euros. ¿Cuál es la postura de Sanidad?
R. La misma de siempre: que nos ajustamos a lo dispuesto en la ley. Tenemos todos los medios a nuestro alcance para facilitar que se conozca la situación de un fármaco, pero la ley se refiere a que exista un medicamento genérico.
P. ¿Y sobre los dos euros?
R. Exactamente igual.
P. Pero la ley habla de un mínimo de dos euros, ¿no tienen en mente actualizarlo?
R. En este momento no. Además, recuerdo que la Orden de Precios lo que intenta es ahorrar recursos en el SNS. Un ahorro que al final es en beneficio de todos, incluso de los propios agentes de la cadena, porque la sostenibilidad es básica para el funcionamiento de todo. En este momento está repuntando el crecimiento de la factura y todos tenemos que ser conscientes de la importancia de ahorrar recursos.
P. Medidas como ésta van dirigidas a contener el precio de los medicamentos, pero el incremento del gasto en los años 2007 y 2008 ha venido determinado por el número de recetas. En un ámbito de crecimiento de la demanda, ¿hay alguna medida prevista desde el Ministerio de Sanidad?
R. El incremento del gasto depende del control del precio y del número de recetas. Nosotros hacemos todas las actuaciones asignadas por ley, pero es un trabajo conjunto de las comunidades y los profesionales. Claro que hay actuaciones sobre la demanda. El ministerio destina grandes recursos para la formación en uso racional de los medicamentos de los profesionales sanitarios, y también para campañas en educación sanitaria de la población.
P. ¿Está a favor de los incentivos a la no prescripción que ha anunciado la Comunidad Valenciana?
R. En el crecimiento del número de recetas damos todo el apoyo posible a las comunidades. Respeto absolutamente sus iniciativas para controlar el gasto desde el uso racional. Están adoptando medidas para racionalizar el volumen de recetas, porque es cierto que somos el segundo país, después de Francia, con mayor consumo de medicamentos.
P. Marina Geli reabrió hace días el debate de reformular el copago farmacéutico. ¿Cree necesario hablar de este asunto para cambiarlo o determinar que se quede como está sin que vuelva a ser recurrente cada poco tiempo?
R. La discusión de cualquier tema está abierta en el ministerio y dentro del Pacto por la Sanidad. No soy yo quien lo debe decir, pero hay que señalar que ya existe copago, y en lo que a mi afecta como centro directivo, desde luego hay muchas herramientas y recursos para incidir en el uso racional de los medicamentos, al margen de esa discusión sobre modificar el copago existente.
P. ¿No propuso ninguna comunidad tratar este asunto dentro de las reuniones del Pacto?
R. Desde luego en el área de mi competencia, no. Pero esa pregunta debería ir dirigida al secretario general o al ministro.
P. ¿Prevén sacar de la financiación algún grupo terapéutico?
R. No se está viendo en absoluto como el ‘medicamentazo’ de hace unos años, si es a lo que se refiere, aunque mensualmente en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos sí se trabaja controlando, medicamento por medicamento, la importancia que tiene para el Sistema Nacional de Salud, el paciente y su impacto en la factura. Ahora mismo no se está pensando en un ‘medicamentazo’, aunque en puertas tenemos el nuevo plan estratégico. Quizá es demasiado temprano para dejar el marco del plan para estos cuatro años absolutamente cerrado.
P. La semana pasada, la OMC volvió a criticar la Atención Farmacéutica. ¿No debería el Ministerio mediar en este asunto?
R. El interés del ministerio es sumar las responsabilidades y la preparación de los profesionales. Todas sus actuaciones deben poder sumar en beneficio de todo el sistema y sus pacientes, siempre con la prudencia y el respeto a las responsabilidades. Se trata, creo, de que haya diálogo, de que un profesional y otro conozcan hasta dónde van a llegar las actuaciones de cada uno y cómo esas actuaciones van a beneficiar al trabajo del conjunto multidisciplinar, y al final al sistema y al paciente. En esa línea, el ministerio está abierto y una de las líneas de actuación que señaló el ministro es el diálogo. Si por algo se ha caracterizado en su trabajo hasta ahora es por llegar a sumar y alcanzar consensos.
P. La OMC dio a conocer un proyecto con el que pretende fomentar la prescripción por DCI e, incluso, la dispensación en centros de salud. ¿Qué opina?
R. La prescripción por DCI está recogida en la Ley de Garantías. Antes había rechazo. Quizá desde el conocimiento de en qué consiste está avalado por la OMC. Y en cuanto al segundo punto, la ley es muy clara en relación a la dispensación de medicamentos en oficinas de farmacia y en cuanto a la defensa del modelo. Tanto en la ley como en el plan estratégico, constantemente se refrenda por parte del ministerio y del Gobierno en su conjunto el apoyo al modelo español de farmacia.
P. ¿Hay posibilidad legal de dispensar en centros de salud?
R. Entiendo que no.
P. ¿Ha empezado a trabajar el ministerio en el procedimiento que aplicará para asegurar el derecho al suministro, evitando el desabastecimiento por las exportaciones paralelas?
R. Desde mi punto de vista lo importante es la capacidad de dar respuesta a la demanda de la sociedad, en este caso para facilitar una cadena farmacéutica que siga dando la respuesta que ha dado hasta ahora, muy valorada por los ciudadanos y también por la Administración sanitaria. Lo que intentaremos será dar un marco jurídico lo más claro posible precisamente para evitar conflictos. Pero conflictos entre partes es imposible que podamos evitar.
