| viernes, 04 de febrero de 2011 h |

Antonio González es periodista del diario ‘Público’

El Gobierno socialista ha sido valiente en muchas ocasiones desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegara al poder en 2004, sobre todo a la hora de abordar avances en el ámbito social. Otra cosa es que la dureza de la crisis económica haya dado al traste con algunos de estos avances, como el ‘cheque bebé’, o esté dificultando enormemente la plena vigencia de otros, como por ejemplo la construcción del llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, el Sistema Nacional de Dependencia. La nueva regulación del aborto y las leyes sobre la igualdad o la violencia de género son otros ejemplos de este tipo de actuaciones.

Sin embargo, existen otras cuestiones, que también necesitan de una nueva regulación, donde nada se ha avanzado en los últimos ocho años. Una de ellas, quizá la más espinosa, es la despenalización de la eutanasia, que formaba parte del programa con el que el PSOE se presentó a aquellas elecciones de 2004 y de la que, a lo largo de estas dos legislaturas, ha tenido que abjurar repetidas veces en sede parlamentaria ante las demandas de los partidos de izquierda para que la llevara a cabo.

La futura Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna que prepara estos días el Ejecutivo, y que constituye una de sus grandes apuestas en el ámbito social para el tramo final de la legislatura junto con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, hubiera sido el escenario ideal para regular de una vez la eutanasia, que no es ni siquiera mencionada como tal en el Código Penal. Sin embargo, tanto el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la ministra de Sanidad, Leire Pajín, han negado tajantemente que el Ejecutivo tenga intención alguna de tocar este tema, uno de los que por cierto más podría enervar a la rancia jerarquía católica española, y más en vísperas de la visita de Benedicto XVI en el próximo mes de agosto con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Además, hay que reconocer que, pese a tratarse de un tema que afecta en la práctica a muy pocas personas, aunque en teoría cualquiera podría verse en una situación que le hiciera pensar en la eutanasia, plantea numerosos interrogantes éticos y generaría un furibundo debate del que el Gobierno podría salir mal parado en un momento crítico para apurar sus opciones de cara a impedir la victoria, que muchos creen cantada, de Mariano Rajoy. En fin, que se puede estar de acuerdo en que la cuestión no puede ser más espinosa y poco conveniente en estos momentos. Sin embargo, una regulación adecuada de la eutanasia, una práctica que ya se está llevando a cabo de forma más o menos clandestina, sigue siendo tan necesaria hoy como cuando gobernaba el PP.

Por ello dar carpetazo ahora a la cuestión, dado el panorama político que avecina, podría suponer aparcar el debate demasiado tiempo, y permitir que la eutanasia siga siendo, como decía Bernat Soria en su etapa de ministro (ahora parece no querer opinar sobre el tema), “una asignatura pendiente para la sociedad española”. Aunque parece que la decisión está tomada, aún hay tiempo para adoptar medidas valientes en esta legislatura, como antes de que la crisis económica acabara con todo.