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Madrid
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha puesto encima de la mesa nuevos datos que ponen en cuestión las medidas establecidas por el Gobierno para atajar el déficit público a través de los reales decretos leyes 4/2010 y 8/2010. Así, la patronal estatal de oficinas de farmacia calcula que la puesta en marcha de ambas medidas legislativas tendrá un coste para las arcas del Estado de más de 800 millones de euros.
En este sentido, desde FEFE se incide en que estas pérdidas para el Estado vendrán derivadas de las consecuencias que ambos reales decretos leyes tendrán tanto para el empleo en oficina de farmacia como en el pago del IRPF por parte de éstas.
Es decir, por un lado, la reducción media de los beneficios de las farmacias será de 30.000 euros anuales, lo que llevaría a que se produjese una reducción de entre 10.000 y 20.000 puestos de trabajo. Por otro, al reducirse esta rentabilidad en las oficinas de farmacia la recaudación del Estado en concepto de IRPF también caerá. Sobre este punto, FEFE incide en que serán las boticas “más modestas” las que sufrirán con mayor virulencia este efecto “devastador”
Actuar sobre la demanda
Para la patronal estatal de oficinas de farmacia, esta sangría de 800 millones de euros (cabe recordar que el ahorro previsto en el gasto farmacéutico con la aprobación de los dos reales decretos leyes se elevaría a unos 2.700 millones de euros) podría haberse atajado “si se hubiera actuado sobre la demanda”.
A este respecto, FEFE presentó en marzo al Ministerio de Sanidad un paquete de medidas con el que las comunidades autónomas podrían ahorrar 746 millones de euros y las boticas incrementar su margen de beneficio en 218 millones de euros, todo ello mientras que el Estado sólo dejaría de ingresar en sus arcas 38 millones de euros, correspondientes a la recaudación del IRFP.
Mutualidades
Por otro lado, FEFE también dio a conocer su último Observatorio del Medicamento, en el que se realiza un análisis del consumo de medicamentos realizado por las mutualidades de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) en todas las comunidades autónomas.
¿Resultado? Se trata de un gasto muy irregular que en su conjunto representa el 4,06 por ciento del gasto total en medicamentos del todo el SNS. Asimismo, destaca que Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León acaparan más del 50 por ciento de este gasto.
