Según desprenden los datos preliminares del informe Valor sanitario, económico y social de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA), presentados en el 23º Congreso Nacional Farmacéutico, uno de cada cuatro pacientes que acude a una oficina de farmacia recibe estos servicios. Motivo de ello, para la profesión farmacéutica, su universalización y concertación es imprescindible de cara a poder cubrir las demandas que están reclamando los pacientes en la actualidad. Fruto de este cambio de rumbo, el futuro de la Farmacia tiende a dibujarse más asistencial, dejando atrás la concepción de que es un punto sanitario cuya labor se limita a la mera distribución de fármacos.

Los objetivos del citado estudio residen en describir en qué consisten estos servicios profesionales, hacer una radiografía de la situación actual (desde el punto de vista de la demanda ciudadana y la cobertura que se está desarrollando) y profundizar sobre qué oportunidades se observan de cara a universalizar estos servicios. Para ello, se contó con la participación de 950 oficinas de farmacia, es decir, en torno al cuatro por ciento de todas las que hay en el territorio nacional.

Entre los SPFA más extendidos se sitúan la medición de parámetros (98 por ciento de farmacias), la indicación farmacéutica (87 por ciento), sistemas personalizados de dosificación (65 por ciento), educación sanitaria (62 por ciento), adherencia terapéutica (56 por ciento), cribado de enfermedades (39 por ciento) y control de adicciones (34 por ciento).

Heterogeneidad territorial de los SPFA

“Todos tenemos claro que la Farmacia, si no es asistencial, no va a ser Farmacia”, alegó Raquel Martínez, secretaria general en funciones del Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF). “Hay ciertos SPFA de gran calidad, como el de adherencia o seguimiento farmacoterapéutico, que reportan un gran resultado y sobre los que se debería plantear su incorporación a la cartera común de prestación farmacéutica”, añadió.

Sin embargo, señaló que, a día de hoy, existe cierta heterogeneidad en la incorporación y desarrollo de estos en función de la zona geográfica. “Yo comprendo que haya servicios en un determinado territorio que sean más particulares del mismo y, por lo tanto, tengamos la oportunidad de concertarlos territorialmente, pero hay otros que deberíamos plantearnos universalizarlos de una vez por todas”, reivindicó. No obstante, recalcó que, “lógicamente esto debe tener una valoración económica previa”.

En esta línea, Jon Iñaki Betolaza, director de Farmacia del País Vasco, aseveró que, más allá de la universalización, hay que tener en cuenta cuál es la problemática que puede haber en cada CC. AA y, en función de eso, ir adaptando la respuesta a cada uno de los ámbitos territoriales. “Estos servicios tienen que ser homogéneos, protocolizados y acreditados, y ahí la Administración juega un papel importante”, afirmó. Además, subrayó que “hay que plantearse si los profesionales quieren participar en este tipo de programas, si saben o se tienen que formar e, incluso, si pueden, porque esto no es gratis ni para la Administración ni para las farmacias”.

La universalización, cada vez más cerca

Los datos reflejan que la implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales por CC. AA. es desigual y que generalizar su prestación a todo el país permitiría duplicar el número de pacientes beneficiados. El socio directivo de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Diego Vizcaíno, insistió en que esta heterogeneidad “quizás corresponde a que hay servicios que dependen en mayor medida de la colaboración de otros organismos sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. “Ahora tenemos una oportunidad para extender estos servicios a otras CC.AA. emulando otras experiencias en las que se han observado buenos resultados”, garantiza. “Proponemos una ampliación de la cartera de servicios de la Farmacia, dado que esto mejoraría el acceso equitativo y la salud a través de la prevención sanitaria”, aseveró.

Por su parte, Betolanza indicó que en el País Vasco en estos momentos están destinando en torno a medio millón de euros al programa de la mejora del uso de la medicación en pacientes atendidos por servicios de ayuda domiciliaria y algunos del ámbito social. “Para mi es un servicio de futuro. Estamos tratando a unas 1.100 personas mensualmente, abonamos 31,63 euros por cada paciente y mes”, confirmó. “Es un programa coste-efectivo, la adherencia creció hasta por encima del 95 por ciento”, aseguró.

Jon Iñaki Betolaza, director de Farmacia del País Vasco.

Además, el director de Farmacia del País Vasco resaltó que la concertación de SPFA permite que la universalización sea mucho más rápida. “La universalización de los programas está cada vez más cerca, de esta manera, todas aquellas farmacias que estén dispuestas a participar en estos programas lo van a poder hacer. Esto es muy relevante porque tenemos que dar la máxima cobertura a los pacientes”, manifestó.

Impacto sobre la economía

El socio directivo de AFI explicó en su intervención que, en un contexto de creciente tensionamiento de los servicios sanitarios y de la finanzas públicas, hay que indagar sobre cuál es el canal más coste-eficiente para prestar este tipo de servicios.

La inversión en Farmacia conlleva retornos a la economía en general. Poniendo el foco en la dispensación de medicamentos, este servicio genera 6.700 millones de euros de valor añadido, contribuye al mantenimiento de más de 110.000 puestos de trabajo. “Representa un volumen económico muy importante con efectos multiplicadores”, aseguró Vizcaíno.

El estudio estima que por cada euro de inversión en farmacia comunitaria se genera 1,6 euros al conjunto de la economía española. Por tanto, “no se queda circunscrito a ese perímetro del ámbito sanitario, del ámbito farmacéutico, sino que el conjunto de la economía se está beneficiando de esa actividad. Esto hay que tenerlo en consideración a efectos de definir la política pública”, garantizó Vizcaíno.

Jurisprudencia de los farmacéuticos

A finales de enero, el Tribunal Supremo avaló la legalidad Decreto 188/2018, de la Generalitat Valenciana, que regula la concertación de los SPFA y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación, al rechazar un recuso de casación interpuesto por el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana en el que se indicaba que se invadían sus competencias.

Así, se dictaminó que “las administraciones sanitarias pueden prever la colaboración de las oficinas de farmacia en los programas y estrategias de salud pública y habilitarlas para realizar acciones como la participación en esos programas y estrategias que diseñen los servicios de salud pública o también realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades”. De esta forma, se corroboró que los SPFA no interfieren ni sustituyen la labor del resto de profesionales del sector. De hecho, se incidió en que la colaboración entre sendos colectivos sanitarios depara en un beneficio tanto para el conjunto de los pacientes como para el SNS.

Raquel Martínez, secretaria general en funciones del CGCOF.

“El Tribunal Supremo nos ha dado la razón, algo muy importante porque ahora tenemos jurisprudencia”, recalcó la secretaria general en funciones del CGCOF. “Al final los servicios no los construyen los decretos. Hablamos de concertación y ésta se tendrá que llevar a cabo con la Administración, que nos marcará qué servicios se podrán llevar a cabo y también qué requerimientos nos da la comunidad autónoma para que nosotros podamos desarrollarlos”, sostuvo.

Asimismo, concluyó su intervención haciendo hincapié en que, que se haya zanjado esta polémica, “es una noticia muy positiva para la profesión porque, si alguien tenía alguna duda, nuestra normativa nos amparaba. En esta sentencia se recoge que los SPFA son de los farmacéuticos”.


También te puede interesar…