Ya son muchas las farmacias que han optado, a la hora de entregar los medicamentos al paciente/cliente, por bolsas de papel. Puede que lo que hasta ahora venía siendo una iniciativa voluntaria y de compromiso medioambiental—con la colaboración de los proveedores, que son los que en muchos casos facilitan estas bolsas al establecimiento—, se convierta en tónica habitual a partir de 2018. Y es que las autoridades quieren declarar la ‘guerra’ a las bolsas de plástico y sus efectos contaminantes.
En concreto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente trabaja en un proyecto de real decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico con el que se pretende rebajar el uso y presencia de aquellas no biodegradables. En concreto, a través de la prohibición a partir de 2018 de su entrega gratuita en cualquier establecimiento, independientemente de su actividad y/o tamaño. Ello incluye, como no puede ser de otra manera, a las oficinas de farmacia.
Esta normativa pretende dar cumplimiento a una directiva europea que data de 2015. Huelga decir que la redacción de este proyecto, tal como está concebida en la actualidad, no prohibe la entrega o presencia de bolsas de plástico en las farmacias, pero sí ‘lucha’ contra ello exigiendo el abono (o cobro) de las mismas. En concreto, si el usuario desease recibir su medicación en una bolsa de este tipo, la botica debería cobrar entre 5 y 30 céntimos según el grosor de la misma. Por ello, es probable que las bolsas de papel sigan ganando presencia en las farmacias en detrimento de las de plástico, aunque la normativa no impida la convivencia.
Cataluña ya lo promovió
Antes que este paso que ahora quiere dar el Ministerio de Agricultura a nivel nacional de cara a 2018, ya hubo comunidades autónomas que promovieron su propia legislación al respecto.
Es el caso de Cataluña, cuyas intenciones pasaban por tener ya aplicada en 2016 una normativa que prohibiese su distribución gratuita. Llegada la fecha, la imposibilidad de disponer de la normativa desembocó en una “sugerencia” de la Agencia de Residuos de Cataluña de cobrar “voluntariamente” las bolsas de plástico “toda vez que no existe el instrumento normativo”. Ahora, esta medida se ha recogido en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, cuya aprobación se espera en próximas semanas, por lo que podría entrar en vigor en marzo.
