Almudena Fernández Madrid | viernes, 30 de septiembre de 2016 h |

Canarias está contratando a médicos sin especialidad que todavía no se han presentado al MIR para sustituir a médicos de familia e, incluso en algunos casos, a pediatras de atención primaria, tal y como explica a GM Levy Cabrera, secretario general de CESM en esta comunidad.

Y es que desde marzo de 2013, con el Plan de Recursos Humanos que elaboró la región se comenzó a jubilar forzosamente a todos los facultativos que cumplían la edad legal (en el momento actual está en 65 años y cuatro meses) y a aquellos que tenían aprobada una prórroga hasta los 70 años les fue retirada automáticamente.

En este contexto, asegura Cabrera que CESM Canarias muestra su disconformidad por existir situaciones especiales en las que sería imprescindible esta prórroga. Es el caso de medicina de familia y de pediatría de AP, especialidades para las que no hay en el archipiélago profesionales suficientes para cubrir las sustituciones por vacaciones o cualquier otro motivo.

“Pedimos que a esos profesionales, una vez evaluados y comprobado si siguen en condiciones de trabajar eficientemente, se les den prórrogas renovables mes a mes hasta que haya un especialista en el mercado”, detalla.

Y es que, en opinión del sindicato, la Consejería de Sanidad no opta por esta fórmula por tener que evaluar a los facultativos, lo que supone un desembolso económico superior y, además, los médicos jóvenes no tienen carrera profesional ni trienios, por lo que su salario es inferior. Sin embargo, se está contratando a médicos sin especialidad para cubrir estos puestos —a pesar de que no tienen los conocimientos adecuados—ante la falta tanto de especialistas cualificados como de médicos extranjeros que han convalidado su título, que antes eran muy numerosos pero ahora han dejado de acudir a España ante el incremento de plazas en las facultades de medicina españolas.

Aunque estos profesionales ya son médicos, se incumple el requisito de disponer la especialidad, algo que es “alegal” porque la Administración apunta que es más importante cubrir el servicio, subraya Cabrera. Además, añade que si el médico sin especialidad “mete la pata”, el paciente pagará las consecuencias que sufra su salud y, el facultativo, las legales.