La farmacia se ha visto salpicada a última hora de esta tendencia al “por proponer que no sea” que suele rodear una cita electoral como la del 28-A y la composición de los programas electorales de las formaciones que concurren a los comicios. Es el caso de una de las propuestas con las que se ‘despachó’ el PSOE a escasos días de las votaciones, cuando presentó el 25 de abril su programa definitivo, en el que se incluían nuevas proposiciones de afectación directa al sector farmacéutico y de las que nada se había conocido hasta ahora. En concreto, sus intenciones de “fortalecer el papel de Correos en el ámbito rural para que, a través de sus oficinas, puedan entregarse medicamentos”.
Aunque las propuestas electorales deben entenderse como lo que son, meras propuestas electorales que no tienen por qué llegar a puerto, la importancia y efectos que tendrían bien merecen per sé un análisis… Un análisis que, en su resumen más general, indica que a la profesión farmacéutica le ha gustado “poco o nada” la misma, hasta el punto de tildarla de “ocurrencia” o un “paso atrás” en la calidad y seguridad del sistema sanitario español.
Estos calificativos son los utilizados por el colectivo que más afectado se vería por la misma y que más vertebra esa España vaciada que tantos minutos y líneas ha ocupado en la campaña electoral: los farmacéuticos rurales. “No podemos estar más en desacuerdo con el PSOE ya que equiparar el conocimiento y trabajo de un profesional sanitario altamente cualificado como es el farmacéutico comunitario con un mero reparto de medicamentos como si de un bien de consumo cualquiera se tratase es, cuando menos, una medida irresponsable”, apunta a EG el nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), Jaime Espolita.
En este sentido, EG ha intentado —con insistencia pero sin éxito— refrendar los ‘detalles’ de la propuesta. ¿Para qué situaciones, zonas o pacientes se articularía este entrega de medicamentos? ¿Qué tipo de fármacos serían susceptibles de este servicio? Y, en función de ello, ¿quién sería el remitente? ¿Una oficina de farmacia previamente seleccionada por el paciente, por concurso publico o directamente suministrados por la Administración? En definitiva, muchos interrogantes a los que el PSOE no ha querido responder al cierre de esta edición.
En este análisis no se debe olvidar la alta capilaridad y accesibilidad de la red nacional de oficinas de farmacia. El 99 por ciento de la población dispone de farmacia en su propio municipio y 3 de cada 4 farmacias rurales se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes. Incluso en pueblos de ínfima población es habitual que exista una botica o, en su defecto, un botiquín farmacéutico, siendo en ocasiones el único servicio de la localidad. Eso lleva a otra reflexión: si en un pueblo ni siquiera existe un botiquín farmacéutico, ¿es de suponer que existirá una oficina de Correos? Cabe recordar que la propuesta alude literalmente a las “oficinas” para esta entrega, no al reparto en domicilios por sus empleados.
Sea como fuere, desde Sefar recuerdan que “el farmacéutico rural se ha convertido en uno de los pocos ejes vertebradores de la España rural; la calidad en el servicio, la cercanía con el paciente y el esfuerzo de horas y horas de guardias no puede ni debe ser sustituido por un mero servicio de entrega de mercancía”, indica su presidente para añadir que “el principal damnificado sería el paciente”.
Sefac, también muy crítica
La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) también se ha mostrado muy crítica con esta hipotética medida. “No estamos dispuestos a permitir que se destroce todo lo que se ha conseguido hasta ahora desde el punto de vista farmacéutico”, indica su presidente Jesús C. Gómez. Sefac se posiciona en contra de esta medida por considerar que “destruye el sistema sanitario actual y rompe con la humanización del mismo”, añade Gómez.
Mientras, desde la Organización Farmacéutica colegial se opta por la prudencia al considerar que “no deja de ser una propuesta electoral”, coinciden en valorar varias corporaciones consultadas por EG. Eso sí, dejando claro que “romper la custodia del medicamento es un peligro para la salud del ciudadano”, se apunta desde el COF de Valencia. “Llegado ese momento, emprenderíamos las acciones oportunas para defender los intereses de nuestros colegiados”, aseguran.
También Luis González, presidente del COF de Madrid, considera que se trata de “una ocurrencia electoral de última hora que no tiene ningún sentido económico ni, por supuesto, sanitario”. Supone desconocer por completo cómo funciona el sistema de distribución farmacéutica en España y el papel que juegan los farmacéuticos en la dispensación. En lugar de potenciar la farmacia rural, se pretende puentear ahora la figura del farmacéutico para ofrecer un servicio de mensajería de tercera a las personas que viven en el medio rural. Es una propuesta que juega con la salud de los ciudadanos y que abre más desigualdades en la atención sanitaria”, añade.
Al presidente del COF de Madrid le surgen diversas preguntas: “¿Quién controla la eficacia del tratamiento? O ¿quién atiende las dudas del paciente o informa de los efectos secundarios? ¿El cartero?, por no mencionar la privacidad de los datos del paciente o la seguridad que ofrece el camión de reparto de Correos. Es, en definitiva, un ataque frontal al modelo de farmacia y la pregunta que debemos hacer es si el Partido Socialista defiende el modelo o está buscando vías para acabar con una red cuya principal virtud es garantizar a todos los ciudadanos españoles el acceso a su medicación a través de un profesional y no de un cartero”, sentencia.
