El sector farmacéutico lleva años siendo objeto de medidas adoptadas por razones económicas bajo la circunstancia “de extraordinaria y urgente necesidad”, pero invariablemente la excepcionalidad con la que nacían ha terminado por perpetuarse en el tiempo. La tendencia se acentuó con el Real Decreto-ley 4/2010, pero se inició con el 5/2000. Su objetivo siempre ha sido el mismo: el gasto farmacéutico. Pero si bien pudieron tener sentido ante crecimientos de la factura por encima de los dos dígitos, esta justificación podría dejar de tener razón de ser ante crecimientos por debajo del PIB. Así al menos lo cree el presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE, Carlos González Bosch, que en una entrevista publicada en el tercer número de la revista EDS aboga por “extinguir” tasas que a su juicio “no pueden ni deben convivir” con el protocolo firmado con Farmaindustria. La industria parece estar de acuerdo en el objetivo, pero no en el calendario, ni en vincularlo al protocolo del gasto/PIB.
Farmaindustria cree que deben desaparecer los descuentos una vez alcanzados los objetivos de déficit
La factura farmacéutica ya no crece por encima de los dos dígitos, pero las presiones sobre el sector se sitúan ahora en otro marco: el de los ajustes fiscales determinados por las autoridades comunitarias. “Es en ese contexto en el que hay que interpretar que el gasto farmacéutico no crezca más que la economía”, señalan desde Farmaindustria. En las condiciones actuales el sector innovador está dispuesto a hacer los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema sin mermar el acceso de los pacientes a las innovaciones pero, sobre esa misma base, la patronal no aspira a que el protocolo firmado con el Gobierno se mantenga de manera indefinida en el tiempo. “Un sector innovador como el farmacéutico aspira a crecer más de lo que lo haga la economía en el medio/largo plazo, puesto que es la única forma de que la economía española se modernice”, señalan.
Farmaindustria interpreta el debate sobre el fin de los descuentos introducidos por Real Decreto-ley en el mismo contexto. “Una vez se alcancen los objetivos de déficit dejarían de tener sentido y podrían ir reduciéndose, dependiendo también de la evolución del ciclo económico”, comentan fuentes de la patronal.
Los genéricos
Aeseg no fía a tan largo plazo este objetivo. La perspectiva de esta patronal en relación a los descuentos incluidos por Real Decreto-ley no tiene nada que ver con un protocolo que no incluye a la industria de genéricos, sino con las aportaciones que la industria se está viendo forzada a ejecutar para poner en marcha las nuevas medidas de seguridad de los medicamentos.
Aeseg recuerda que crear el Sevem ha tenido un coste adicional
Crear el Sevem ha supuesto un plus añadido al coste industrial que implica para los laboratorios el adaptar sus cadenas de producción en línea con lo que marcan la normativa comunitaria y los actos delegados. “El importe económico de toda la directiva recae exclusivamente sobre la industria”, dice Aeseg. La patronal pide a la Administración que tenga en cuenta que la industria lleva años contribuyendo y que compense esta inversión extraordinaria, bien mediante un incremento de los precios, bien mediante la eliminación de algunas de las medidas adoptadas por RD-l.
La Farmacia
La patronal FEFE cree que el pacto del Gasto/PIB ofrece a la Administración un “colchón suficiente” como para dejar de lado tanto el 5/2000 como recortes previamente aprobados en un contexto de crecimiento por encima de los dos dígitos. Al igual que Carlos González Bosch, la patronal cree que se trata de dos modelos incompatibles y que, de afrontarse, las modificaciones “deben ir encaminadas al abandono de todas las medidas”. Por su parte, FEFAC cree que el problema se centra en las sucesivas medidas de control del gasto. Más que hablar de derogaciones, a su juicio “es necesario que se produzca un cambio de filosofía en la gestión”.
La realidad es que tanto sobre el 5/2000 como sobre el resto de medidas aprobadas para la farmacia y la industria pesa la misma realidad económica: abandonar estas fuentes de ingresos equivale a decir al Estado, en un momento crítico en la sostenibilidad de las cuentas públicas, que busque otras por valor de cientos de millones anuales.
