El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha participado en la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica como experto de propuesto por la Administración General del Estado. Además, es el autor de dos nuevas publicaciones de la fundación sobre financiación autonómica. Una de ellas analiza el posible impacto de la aplicación del nuevo modelo propuesto por el llamado comité de sabios.
Pregunta: ¿Qué impacto puede tener sobre la financiación sanitaria la propuesta de los especialistas? ¿La propuesta plantea, de algún modo, la financiación finalista por la que abogan desde hace años algunas voces en el sector sanitario?
Respuesta. La Comisión no es partidaria de ir hacia un modelo de financiación condicionada, dividida en bloques finalistas. Pensamos que esto supondría imponer unas restricciones innecesarias e ineficientes que limitarían la autonomía de la comunidades para distribuir sus presupuestos de la manera que consideren más apropiada. Por otra parte, somos conscientes de que éste es un capítulo muy importante de gasto para las CC. AA. y hemos hecho algunas recomendaciones que intentan ayudar a que las necesidades relativas de gasto sanitario se recojan de la mejor manera posible. Una de ellas consiste en ligar la ponderación de los indicadores sanitarios en la fórmula de necesidades de gasto (la llamada población ajustada) al peso observado de la sanidad en el gasto operativo de las comunidades autónomas.
P. ¿Permite una asignación de recursos más equilibrada en su opinión?
R. Más equilibrada, más igualitaria y más transparente. Hemos tratado de simplificar el modelo y de establecer criterios claros de reparto y nivelación.
P. De llegar a aplicarse, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia saldrían beneficiadas, ¿es así?
R. Más o menos, pero habrá que ver. Nuestro informe deja abiertos aspectos muy importantes del modelo que habrán de concretarse a través de una negociación política entre todas las administraciones implicadas. Entre ellos está el grado de nivelación del sistema (en qué medida se igualan los recursos de comunidades con distintos niveles de renta para aproximar su capacidad de prestación de servicios) y las ponderaciones de variables como la superficie, la dispersión o los costes fijos en el cálculo de las necesidades de gasto. En función de lo que se acuerde, los resultados pueden ser bastante distintos pero, en cualquier caso, es casi seguro que nuestra propuesta mejoraría la situación de las comunidades que ahora tienen una menor financiación por habitante ajustado, que son Valencia, Murcia, Andalucía, Madrid y Cataluña. Lo que pueda pasar con Baleares y Canarias es más incierto. Baleares ahora está entre las comunidades mejor financiadas y podría perder algo dependiendo del grado de nivelación que se acuerde, y la posición de Canarias dependerá mucho de cómo se traten los llamados Recursos REF, esto es, los ingresos de la comunidad por una serie de tributos indirectos que son distintos de los que se aplican en el resto del país y que tienen un status peculiar a efectos del sistema de financiación.
P. ¿Qué otras aristas debe perfilar el futuro modelo de financiación autonómica para garantizar la financiación de la sanidad en nuestro país? ¿Cree que el sistema propuesto mejora el reparto de los recursos existentes?
R. Como ya he dicho antes, nosotros no pensamos en términos de una financiación específica para la sanidad sino de una financiación única para todas las competencias comunes. Hemos intentado diseñar un sistema que reparta los recursos existentes entre comunidades de una forma más razonable que el actual. Luego cada comunidad tiene la responsabilidad de asignar sus recursos entre competencias de la mejor forma posible dadas las necesidades y preferencias de sus ciudadanos.
