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La pendiente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 está afectando a las cuentas autonómicas, y especialmente a las sanitarias como principal gasto de las Comunidades. Para el caso de diez de ellas, ya han sido alertadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no tendrán el presupuesto previsto en 2018 al no estar aprobado. Se da la paradoja de que la no aprobación de presupuestos es una patada de la oposición al Gobierno en el culo de estas CC.AA., si se me permite la expresión. Sólo Cataluña y la c. valenciana verán recortado su presupuesto en más de 1.000 milones de euros. Aunque medios de Cataluña se han hecho eco de la noticia, lo cierto es que además de la c. valenciana serán Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra). No obstante, aunque los PGE no estén aprobados, lo cierto es que la economía española se sitúa en una senda de crecimiento que debería permitir los incrementos presupuestario ya contemplados. Las cantidades reclamadas, y recortadas por Montoro, se acordaron en el seno del Consejo de Politica Fiscal y Financiera. Son los llamados pagos anticipados que van a cuenta del sistema de financiación autonómica y que se calculan con la previsión de ingresos. Dos años después se revisan con los datos de la recaudación real. En principio, no tiene sentido este recorte, ya que la prórroga presupuestaria no afecta a la previsión de ingresos
