Alberto Cornejo Madrid | jueves, 26 de julio de 2018 h |

Los presidentes del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y del Sindicato de Enfermería, Satse, Manuel Cascos, se han dirigido por escrito a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para pedirle que, de manera conjunta con las comunidades autónomas, frene lo que estas entidades consideran un intento por parte de la farmacia comunitaria “de privatizar la atención sanitaria y usurpar funciones asistenciales que legalmente no le corresponden por un mero interés de lucro empresarial”.

En su carta, los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera indican a la ministra de Sanidad que, “tanto el Consejo General de Farmacéuticos como otras instituciones del ámbito farmacéutico, están promoviendo desde hace tiempo acciones que buscan sin reparo la privatización encubierta de servicios asistenciales que ya se realizan en Atención Primaria y que conllevan la usurpación de funciones propias de las enfermeras y enfermeros y de otras profesiones sanitarias”.

En concreto, desde la Mesa de la Profesión Enfermera se alude a actividades asistenciales en materia de seguimiento de pacientes crónicos, cribado de pacientes en diferentes patologías o visitas domiciliarias y revisión de botiquines. Asimismo, indican en la carta, “desde el Consejo General de Farmacéuticos se pretende disponer de una zona de atención personalizada en las oficinas de farmacia, tener acceso a la historia clínica de los pacientes, o, incluso, llegar a vacunar”. “Y todo ello, con un claro interés de lucro por parte de los farmacéuticos puesto que por los referidos servicios pretenden cobrar, ya sea directamente al paciente o a las diferentes comunidades autónomas a través de conciertos con la sanidad pública”, añaden.

Una denuncia que, al menos en lo que respecta a la vacunación en farmacias, no se ajusta a la realidad dado que el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, ya ha manifestado publicamente que bajo su mandato esta corporación nunca apoyará que se vacune en boticas asumir esta función cuestión e incluso ha recalcado la capacitación que tiene el colectivo de enfermeros en España para asumir esta tarea. Sí es cierto que otras voces del colectivo de farmacéuticos comunitarios lo verían positivo para ampliar las tasas de cobertura vacunal y ponen como ejemplo los positivos resultados que ha obtenido una primera experiencia al respecto en Francia. En este país, el Ministerio quiere que todas las boticas puedan vacunar de la gripe a determinados colectivos —y de forma complementaria a los centros de salud— a partir de 2019.

Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermera considera que las actuaciones asistenciales previstas por los farmacéuticos supondrían, al amparo de la normativa vigente, una invasión de competencias y, al mismo tiempo, un claro ejemplo de intrusismo profesional, ya que las labores asistenciales de educación sanitaria y promoción de la salud en los temas de adherencia terapéutica, seguimiento, cuidados del paciente y cribado sanitario, son competencia de las enfermeras, enfermeros y médicos, y ya las vienen realizando dentro de su actividad laboral en la sanidad

A juicio de la Mesa, el farmacéutico no es el profesional competente en materia de cuidados integrales del paciente y la oficina de farmacia, como establecimiento privado comercial que es, no representa, en modo alguno, un lugar adecuado para realizar las actividades asistenciales que pretenden llevar a cabo los farmacéuticos cobrando por ello.

“Es evidente que los farmacéuticos están proponiendo un cambio en el modelo farmacéutico español, pero de ser así, quizás habría que plantearse otras cuestiones relativas a los privilegios con los que cuentan en el actual modelo. En concreto, nos cuestionamos si no sería oportuno que cualquier profesional sanitario o empresario pudiese ser titular de una oficina de farmacia, eliminándose así el actual binomio de ‘titularidad/propiedad’, es decir, que el titular y el dueño de una farmacia tenga que ser un farmacéutico”, apuntan.

Cabe recordar que, junto al envío de esta misiva, el presidente del Consejo General de Enfermería ya expuso en persona esta cuestión en un reciente encuentro mantenido con la propia ministra el pasado 23 de julio. “La ministra ha escuchado atentamente nuestros argumentos”, se limitó a decir al respecto.