Ya es conocido que las circunstancias actuales sitúan a España en un momento crucial para la creación de un organismo independiente que garantice prestaciones sanitarias. El deseo de consolidar un organismo con estas características es una idea que lleva gestándose años, sin embargo, la publicación en diciembre de un manifiesto que pretendía impulsar esta medida ha dado el empujón necesario para que la iniciativa vuelva a las mesas de debate. La creación de un ‘HispaNICE’ determinaría si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan, desarrollando labores como la evaluación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPTs), entre otras prestaciones sanitarias.

A esta circunstancia se suma la dotación económica con la que cuenta España procedente de los fondos europeos del programa Next Generation EU, que alcanzan unos 140.000 millones de euros en total para el periodo 2021-2026, y que podría ser este empujón definitivo, según los expertos.

Convencer a los políticos

Hasta el momento, las pinceladas que se conocen de la estructura que podría poseer no entran en muchos detalles. Por este motivo, la necesidad de poner en relieve su creación continúa siendo una de las prioridades de los expertos. En este sentido, el Catedrático Emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y director de Economía y Política de Salud de FUNCAS, Félix Lobo, ha repasado los aspectos institucionales y legislativos que deberían considerarse para que el proyecto “arranque definitivamente”, durante un encuentro online organizado por la Asociación de Economía de la Salud (AES) esta semana.

A pesar de que España cuenta con profesionales cualificados, múltiples publicaciones, estudios realizados en distintos ámbitos, e incluso considerando todas las actividades que realizan las instituciones públicas, “falta una perspectiva general y sistemática y una organización firme”. Así lo ha indicado Lobo en relación con las cuestiones que quedan por abordar respecto a la creación del ‘HispaNICE’.

Según el economista, que es uno de los autores del manifiesto, la iniciativa cuenta con un consenso técnico-profesional que aboga por una la mejora de las prestaciones sanitarias a través de una autoridad independiente. Ahora el próximo paso está claro: conseguir alcanzar ese consenso, de igual forma, pero esta vez en el ámbito político.

“El problema es estrictamente político, existe consenso técnico pero tenemos el problema de cómo convencer políticos para que tomen este asunto con seriedad y se ponga en marcha de una forma sistemática”

Félix Lobo, catedrático Emérito de la Universidad Carlos III de Madrid y director de Economía y Política de Salud de FUNCAS

Unificación de criterios

En los últimos meses, la pandemia ha acaparado la atención política. Por ello, la necesidad de establecer esta autoridad es el tema principal sobre el que se ha basado el encuentro virtual de la AES. Para su presidenta, Carmen Pérez-Romero, “la idea es evitar que el SNS tome decisiones arbitrarias sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias; sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias, y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro”.

El encuentro virtual también ha contado con el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, otro de los autores. Para Casasnovas es importante recalcar que el término “autoridad independiente” implique que se trate de un organismo que “tenga músculo para forzar a cambiar algo”, dentro de las competencias que se le otorguen.

Asimismo, el economista señala que, en la creación del HispaNICE, es necesario valorar la perspectiva económica “no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el desarrollo”.

“Se trata de dar un paraguas institucional y un musculo financiero”

catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas

Bajo el punto de vista de Casasnovas, “deberían ser los propios políticos los que entren en consenso en el parlamento para decisiones con un grado de complejidad”. Así bien, el experto indica que la creación de esta autoridad independiente no pretende “quitar competencias, sino ayudar en la toma de decisiones”.

Valorar si las medidas son óptimas, las recomendaciones y su grado de obligatoriedad son algunos de los aspectos que aún están en líneas de ser definidos. En este sentido, Casasnovas insta a la determinar objetivos porque “conviene tener un horizonte porque nunca son buenas las ideas de aquel que no sabe a donde va”


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