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El Gobierno sigue pidiendo unidad y tiempo en la lucha contra el coronavirus. Pero al igual que la unidad política ya hace tiempo que muestra sus costuras, a los grupos de la oposición en el Congreso se les agota la paciencia. Entre los muchos asuntos que enturbian el debate está la figura de los farmacéuticos. El papel de la oficina de farmacia en la crisis del coronavirus ha ganado peso en la quinta comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la Comisión de Sanidad. La oposición pide acciones concretas para estos profesionales. El Ministerio, mientras, sigue reconociendo su labor… Pero solo con palabras.

En estos últimos días, la Farmacia ha vivido dos nuevos ‘impactos’ en la gestión del coronavirus. Por una parte, la publicación de un documento de prevención de riesgos laborales a cargo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que sitúa a las farmacias en la categoría de establecimiento comercial. Por otro, el hecho de que, tras fijarse el PVP máximo de mascarillas y otros productos, no se haya pensado en compensar a las farmacias por las adquisiciones llevadas a cabo previamente, a un precio mayor, y por tanto ‘obligándolas’ a dispensar a pérdidas.

En defensa de los farmacéuticos

Ninguna de estas situaciones ha sido olvidada por la oposición. Empezó Ciudadanos preguntando “por qué se ha calificado a las farmacias como establecimientos comerciales”.  Guillermo Díaz justificó la cuestión con la labor de asesoramiento que, mucho más allá de la dispensación, realizan las farmacias.

La formación naranja, como otras, también sigue pendiente de las consecuencias de no haber considerado al farmacéutico personal de riesgo frente al Covid-19. Entre ellas se encuentra la consiguiente dificultad para que la Covid-19 sea reconocida como una enfermedad profesional. Aquí, los farmacéuticos están en la misma situación que funcionarios de prisiones o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que pese a su exposición tampoco son considerados personal de riesgo.

Esta petición cobra fuerza a la luz, ya no de los numerosos contagios de profesionales sanitarios —más de 34.000—, sino también a la cifra de fallecidos. En línea con Ciudadanos, la diputada del PP Concepción Gamarra también solicitó que se considere como enfermedad profesional y accidente de trabajo la causa de fallecimiento por Covid-19 de profesionales, como los farmacéuticos, que hoy el Gobierno considera ‘de riesgo’.

Las mascarillas

Dos grupos recordaron la necesidad de considerar al farmacéutico personal de riesgo, y otros dos pidieron al Estado que, tras fijar el PVP máximo de algunos productos, compense a las farmacias.

“No puede ser que haya muchas farmacias que se han abastecido a precio más elevado al que lo van a tener que vender, y ahora el gobierno no les de, o bien un plazo para poder sacar ese material a otro precio, o les compense económicamente por la adquisición de ese material”, ha comentado Sergio Sayas, portavoz de Sanidad del Grupo Mixto.

Sayas también ha alertado de que algo parecido está pasando con los hidrogeles. “Está otra vez generando un caos en la farmacia, porque nadie sabe a qué hidrogeles afecta la regulación que han aprobado. Generar inseguridad es lo contrario de lo que se espera de un gobierno en un momento como éste”, ha espetado.

En esta defensa ha participado también el grupo vasco. “Las farmacias han hecho un esfuerzo para aprovisionarse de mascarillas en un mercado feroz y no pueden quedar al pie de los caballos. Tendrán prevista alguna medida…”, ha apuntado Joseba Agirretxea.

El nuevo reconocimiento de Illa

Sin duda el País Vasco sabe mucho del potencial que las boticas ofrecen en resultados en salud. Así, enlazando con el mensaje inicial de Ciudadanos, Agirretxea ha abogado por reconsiderar la calificación que han recibido por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y su consideración como un profesional más en la lucha contra el virus. “Las farmacias comunitarias son un elemento fundamental. Lo han sido en sida, en drogodependencias. Usemos ese soporte tan válido. No son despachos o tiendas solamente”, ha defendido.

El reconocimiento del Gobierno ha seguido la misma línea de anteriores comparecencias. Según Illa, las farmacias “han jugado y juegan un papel muy importante”. Sanidad reconoce, de hecho, que la línea de diálogo está abierta y que las conversaciones con el CGCOF son frecuentes.

Más allá de destacar su función, el ministro ha defendido que en materia de regulación de precios, las decisiones se han adoptado buscando un punto de equilibro: que el mercado pueda funcionar sin que haya abusos… “Ni mucho menos debe estigmatizar tampoco a ningún colectivo, y mucho menos al de los farmacéuticos, que han ofrecido su red de distribución sin ganancia alguna, solo cubriendo costes, para suministrar esos productos”, ha añadido.

Palabras que, sin embargo, todavía no han derivado en el anuncio de ninguna acción concreta.

El PP pide que comparezcan Faustino Blanco, Pilar Aparicio y María Jesús Lamas

La diputada popular Concepción Gamarra, durante la quinta comparecencia de Salvador Illa.

De todos los mensajes críticos a la gestión del Gobierno, uno de los más duros es el del PP. Su portavoz, Concepción Gamarra, aseguró que, más allá de explicaciones “hay que asumir responsabilidades”. Se refería al último de los errores detectados en la gestión de las compras, que recientemente llevado a Sanidad a interceptar mascarillas que habían sido distribuidas.

El PP cree que es hora de que comparezcan el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y la directora de la Aemps, María Jesús Lamas. También ha lanzado un duro mensaje al Gobierno: “Los españoles necesitan un plan claro. Si no lo tiene deje paso a otro que pueda ejecutarlo de manera rápida y en los términos previstos”.

Profesionales protegidos

El último gran enfrentamiento entre ambos ha venido en relación a la protección de los profesionales. “Creo que ahora hay equipos de protección para todos los profesionales sanitarios”, dijo Illa. La diputada popular denunció que el Gobierno “no sólo falta a la verdad”, sino también “al respecto” de los propios profesionales.

Lo cierto es que la declaración del ministerio tenía lugar en el mismo día en el que los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Enfermería, de Fisioterapias, de Médicos, de Podólogos y de Veterinarios emitieron un comunicado conjunto exigiendo a las autoridades sanitarias que “doten del material de protección obligado a todos los profesionales y que éste reúna todas las condiciones debidas de homologación”.

En su último turno de respuesta, el ministro matizó su respuesta: “Yo creo que hoy hay EPIs para la próxima semana”.

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