La Comisión de Sanidad del Congreso celebrada la semana pasada abordó en exclusiva la presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia sanitaria. El Secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza; el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; y la Subsecretaria General de Sanidad, María Jesús Fraile, fueron los comparecientes encargados de presentar la propuesta del Gobierno ante los grupos parlamentarios.
El incremento de la partida sanitaria que recogen los PGE fue el principal estandarte enarbolado por el equipo de Dolors Montserrat de cara a refrendar la apuesta del Ejecutivo por la Sanidad dentro de unos presupuestos que “han vuelto a la senda del crecimiento”, según manifestaron los comparecientes.
El ‘tema estrella’ de la Comisión de Sanidad y uno de los más esperados fue la dotación asignada al Fondo de Cohesión, que alcanza los 3,76 millones de euros. Hay que recordar que en los presupuestos de 2016 el Ejecutivo liquidó este fondo destinado a compensar a las comunidades autónomas por atender a pacientes en otras regiones. Con ello, Sanidad confiaba en que fueran las autonomías las encargadas de compensarse entre ellas por los tratamientos. En este sentido, el en noviembre de 2016 el Partido Socialista ya instó a recuperar esta partida y, a finales de año presentó una enmienda para dotarlo con 200 millones, muy lejos de lo asignado por el Gobierno para 2017.
De ahí que los partidos de la oposición advirtieran de la insuficiencia presupuestaria de este órgano. “Nació con 150 millones de euros y progresivamente se fue devaluando”, recordó la diputada de Podemos, Amparo Botejara.
Como explicó Castrodeza el actual sistema de financiación que está en revisión no tiene previsto un mecanismo que permita detraer de la financión de las comunidades autónomas las cantidades por las que éstas resultan deudoras por la atención de otras autonomías que prestan a sus ciudadanos. “Con esta dotación presupuestaria prevista en los PGE las comunidades receptoras de pacientes van a poder recibir compensaciones por atención que prestan fundamentalmente en enfermedades raras (EE.RR.) a ciudadanos de otras comunidades. “Lo que se traduce en una mayor equidad para pacientes y sus familias”.
Más allá de estas valoraciones, y como no podría ser de otra forma, la oposición continua mirando con recelo esta justificación “optimista”. Tanto PSOE como Podemos coincidieron a lo largo de sus intervenciones en que el sistema sanitario sigue teniendo retos por delante y por tanto, la dotación es “insuficiente”.
Está claro que de forma progresiva se van identificando un mayor número de EE.RR. y frente a ello, el aumento de unidades y centros de referencia es evidente (CSUR). Conscientes de que la dotación puede quedar escasa, el Ministerio tiene un ‘as’ debajo de la manga.
“De ser preciso”, explicó el secretario general de Sanidad, se podría incrementar el presupuesto con fondos destinados a la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) provenientes de las aportaciones que hace la industria farmacéutica por volumen de ventas, mediante el acuerdo que en su día se alcance en el Consejo Interterritorial, cuando se lleve el balance del saldo producido por estos beneficios. Castrodeza fue contundente: “estos acuerdos cuando se refieren a políticas de coordinación sanitaria tienen obligado cumplimiento a tenor de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público”, recordó.
Hay que recordar que esta fórmula que plantea Castrodeza y contemplada en la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías, es la que propuso el Grupo Socialista a través de una PNL que todavía no ha sido debatida para costear la formación continuada de los médicos y evitar así que Hacienda les haga tributar como pago en especie por asistencia a congresos y eventos científicos.
Sin embargo, como ha señalado a EG el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Jesús María Fernández, “esto no tiene ninguna credibilidad”. A su juicio, si los beneficios de la industria aumentan, “los fondos tendrán que ir dedicados a lo que establece la ley, es decir, formación, investigación, y para las campañas de educación a la población para el uso responsable del medicamento”. Fernández considera que por mucho que aumente la facturación de la industria farmacéutica “nunca llegará a los 100 millones de euros”, tal y como se pidió hace varios encuentros parlamentarios.
Las cifras del Ministerio
Bajo el telón de fondo de que estos presupuestos persiguen “mejorar la respuesta asistencial” frente a los retos que hay en el horizonte. El Ministerio trasladó cada una de las partidas bajo las que se regirán en los próximos años. Los comparecientes no acudieron solos al encuentro, estuvieron arropados durante las cerca de seis horas que duró el encuentro parlamentario —no se recordaba una Comisión tan extensa— por parte de sus equipos técnicos. El todavía director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero, y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Belén Crespo, acudieron a la cita donde Castrodeza desgranó su dotación. En el caso de Rivero, la dirección general cuenta con una partida de 253,84 millones de euros, un incremento del 4,92 por ciento respecto a 2016. En este presupuesto, el departamento abordará además de la gestión de precio y financiación de nuevos medicamentos y productos sanitarios, los precios de referencia o la actualización del Plan Estratégico de la Hepatitis C.
