A lo largo de su historia, EL GLOBAL ha sido testigo de excepción de la transformación del sistema sanitario, incluso de algunos cambios que, a priori, parecían estar lejos de hacerse realidad. La extensión del copago de medicamentos a colectivos exentos de ello, como los pensionistas, ha sido uno de estos momentos históricos.
La aportación de los jubilados al copago de los fármacos estaba ya en el origen de la primera Ley General de Sanidad de la Seguridad Social de 1964 hasta que a finales de los años 70 el Gobierno de la Unión de Centro Democrático decidió eximirles de este pago. Con la reforma sanitaria protagonizada por Ana Mato, el colectivo recuperó la necesidad de llevar la cartera a la botica.
Fue, sin duda, una de las medidas más controvertidas del famoso Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril con el que la entonces ministra de Sanidad aspiraba a ahorrar alrededor de 7.000 millones de euros, dentro del Programa Nacional de Reformas impulsado desde La Moncloa por Mariano Rajoy.
El copago de fármacos de los jubilados fue una de las medidas más controvertidas en el RD 16/2012
El nuevo cuadro de aportaciones de los usuarios se establecía en función de la renta y marcaba cinco excepciones: personas que percibían pensiones no contributivas, parados que habían perdido el derecho al subsidio de desempleo, síndrome tóxico y personas con discapacidad, personas que percibían rentas de integración social y tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Con carácter general, se determinaba que este colectivo abonara el 10 por ciento del precio de las medicinas. Aquellos sin la obligación de hacer la declaración de la renta (un 90 por ciento del total, según aclaraba Sanidad) abonarían un máximo de 8 euros al mes, que ascenderían a 18 en el caso de que superaran los 18.000 euros de ingresos anuales, pero no alcanzaran los 100.000. Para estos últimos, el copago de fármacos se situaba en el 60 por ciento, con un límite mensual de 60 euros.
El texto marcaba también que el importe de las aportaciones que excedieran los límites establecidos para el colectivo fuera reintegrado por la comunidad autónoma correspondiente con una periodicidad de seis meses.
Justicia y equidad
Con la esta reforma Mato aspiraba a crear un nuevo sistema de aportaciones del usuario en la farmacia con una fórmula más justa y equitativa, subrayaba, que tuviera en cuenta en cuenta la renta, la condición de activo o de pasivo y la de enfermo crónico.
Para el resto de asegurados se establecían tres niveles de copago sin tope mensual. Con renta inferior a 18.000 euros y sus beneficiarios, el 40 por ciento del PVP. Con rentas entre 18.000 y 100.000 euros, el 50 por ciento, y a partir de 100.000 euros anuales, el 60 por ciento del precio del fármaco.
Mención aparte merecían los pacientes mutualistas y de clases pasivas, que abonarían, sin límite, el 30 por ciento del precio del envase.
Los pensionistas estaban exentos de pagar las medicinas desde finales de los años 70, con el gobierno de UCD
La redacción inicial del texto, que fue modificada en su corrección de errores, puso en guardia a los profesionales de la farmacia hospitalaria. Y es que el real decreto definía como prestación farmacéutica la que se dispensa al paciente a través de receta médica, no solo en oficina de farmacia, sino también en servicio de farmacia. A pesar de esta rectificación, meses después el fantasma del copago de los usuarios en los servicios hospitalarios volvería con un enfoque distinto, pero idéntico desenlace.
Y es que otro nuevo decreto, que entraba en vigor en octubre de 2013, marcaba un nuevo copago en la farmacia hospitalaria para más de 150 presentaciones farmacológicas de 43 medicamentos empleados en procesos crónicos o graves que los pacientes retiraban de forma gratuita en estos servicios.
Rechazo de las comunidades
Desde el principio, la mayor parte de las comunidades se mostraron reacias a la aplicación de esta medida, ampliamente contestada por los farmacéuticos hospitalarios, e incluso Andalucía, País Vasco y Castilla y León interpusieron recursos contra ella. Meses después, el sucesor de Mato, Alfonso Alonso, dejaba en suspenso de manera definitiva esta polémica iniciativa cuya implantación habría obligado a los servicios hospitalarios a “hacer caja” con los pacientes.
Al igual que con el copago en la farmacia hospitalaria, el rechazo a la aportación de los pensionistas se encontró con un frente muy activo a nivel regional. Ante la imposibilidad de no aplicar esta norma, en años sucesivos comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco, entre otras, anunciaron la convocatoria de ayudas para hacer frente al copago farmacéutico de los colectivos con menos recursos.
Un informe de la Airef en 2019 destacaba que el actual copago farmacéutico es mejorable en términos de equidad
En todo este tiempo, dos documentos de alcance han cuestionado la necesidad de reformar el modelo. Por un lado, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la evaluación del gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica presentado en junio de 2019 establecía ya como un área de mejora en el sistema el modelo de copago, que destaca como “mejorable en términos de equidad”.
Según su análisis, el esquema penaliza a los activos de bajos ingresos que hacen uso intensivo del sistema de salud. Bajo esta visión, un límite máximo de gasto anual para el colectivo redundaría en mayor equidad.
La Airef subrayó también que hay bastante recorrido en estratificar los tramos de renta, ya que se subvenciona de igual manera a un activo con 19.000 euros de renta que a uno con renta cinco veces superior.
En el informe se ofrecían distintas alternativas. Una de ellas, dividía los tramos de renta en seis epígrafes y establecía distintos porcentajes de aportación anual en función de la renta, que irían desde un 10 por ciento hasta los 30.000 euros anuales, con distintas cuantías de límite anual en función del nivel de ingresos, pasando por un 29 por ciento en personas con ingresos de 30.000 a 60.000 euros anuales, un 36 por ciento cuando los ingresos oscilan entre los 60.000 y 100.000 y un 60 por ciento para aquellas personas con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales.
La opinión del comité asesor
Por otra parte, en mayo de 2020, el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud también emitía su opinión sobre la necesidad de reformar el sistema actual de copago sobre medicamentos. Su análisis partía de la base de que el copago de la prestación farmacéutica solo debe regularse como un instrumento de disuasión de la prescripción y uso innecesario y excesivo, basado en la responsabilidad individual.
“No deben ser un instrumento de financiación de los medicamentos complementario a los impuestos que financian el conjunto del sistema de salud”, advertía.
Según su visión, los medicamentos de utilización o dispensación hospitalaria deben seguir exentos, pues la posibilidad de consumo innecesario es prácticamente inexistente.
Asimismo, el comité asesor se mostraba partidario de que este tipo de medidas sean diseñadas con gran cuidado para evitar que constituyan una barrera económica para la adherencia terapéutica a tratamientos efectivos y necesarios, especialmente de los grupos con menores rentas.
El Comité Asesor para la Financiación de la prestación farmacéutica opinó sobre la necesidad de una reforma
Bajo la opinión emitida por el comité, la cantidad acumulada que aporte un paciente con el sistema de copago debe respetar la equidad entre grupos de rentas y necesidades sanitarias.
Con respecto al diseño, el comité remarcaba que las tecnologías actuales permiten poner en marcha fórmulas que combinen los principios anteriores, aunque hay que valorar los costes de gestión y de administración. En cualquier caso, coincidieron en que el copago debe ser reducido (para la mayoría de los pacientes por debajo del nivel actual del 40 por ciento) y subrayaron como conveniente establecer topes o establecer una escala de aportación decreciente.
De igual modo,insistían en que han de quedar exentos los individuos que no alcancen una determinada renta, así como la población infantil. Además, apuntaban que ciertos medicamentos para enfermedades graves o crónicas deberían tener un copago más reducido, si cabe.
El comité identificó una serie de aspectos clave para mejorar en la legislación. En su opinión, los activos de bajas rentas, que no pertenecen a grupos vulnerables pagan copagos excesivos y superiores a pensionistas de igual renta o superior. Para este comité, la discriminación entre pensionistas y no pensionistas carece de sentido.
Subrayaron también que el alto nivel de copago actual, en el 40 por ciento, para activos con enfermedades crónicas afecta de forma negativa a la adherencia terapéutica.
Aires de reforma
En septiembre de este año, la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, anunció en un foro público que el Ministerio de Sanidad aplicará una reforma del sistema de aportación farmacéutica que modificará el copago con el objetivo de conseguir un sistema más justo.
A falta de conocer los detalles de esta futura reforma, el Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión anunciado posteriormente por la ministra, Carolina Darias, ya recoge su objetivo de establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios.
En su presentación, Darias recordó que la eliminación progresiva de los copagos introducidos en el año 2012 forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España. Cabe recordar aquí que es uno de los principios del pacto con Unidas Podemos, suscrito a finales de 2019.
Patricia Lacruz anuncia una futura reforma de la aportación para conseguir un sistema más justo
No en vano, y a pesar de anuncios previos de sus antecesoras, Carmen Montón y María Luisa Carcedo, lo cierto es que hasta finales de 2020 no se introdujeron nuevas exenciones a este copago. Llegaron de la mano de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y se dirigían a tres colectivos. Familias con menores de edad con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; quienes perciban prestación económica por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción; y pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o a 11.200 euros en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF.
Según el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, la medida afectaba a más de seis millones de personas en nuestro país. Queda por ver qué otros colectivos se mantienen en el punto de mira.
Luis de Palacio: “El copago por renta fue una decisión inteligente y respetada”
Volviendo la vista atrás y casi una década después del RD 16/2012, que marcó el copago farmacéutico en función de la renta, el presidente de la Federación de Empresarios de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, lo tiene claro: “Fue una decisión inteligente, que ha sido respetada desde entonces y probablemente mantenida en el futuro, y que provocó una mayor cultura en torno al uso racional del medicamento”.
Según su visión, “pasamos del ‘póngamelo todo, aunque no lo necesite’, al ‘esto no lo necesito aún’”.
El portavoz de FEFE no cree que haya significado un retroceso en el acceso a los tratamientos. Sí opina que “le dio más percepción de valor al medicamento y la Sanidad por parte de la sociedad”. Para De Palacio, la subvención de los copagos por parte de algunas comunidades ha sido más una medida electoralista que efectiva.
Por otra parte, en su día, la federación valoró de forma positiva la modificación del copago que introdujo la Ley de Presupuestos para 2021, que corregía algunas barreras para el acceso a la medicación de colectivos vulnerables.
Desde FEFE se admite que la reforma de 2012, que produjo una espectacular caída del consumo de la que todavía no se ha recuperado el sector, propició un cambio cultural en la farmacia que ha repercutido en un aumento de la cuota de mercado de los productos de autocuidado. Por ello, FEFE es partidaria de la existencia de copagos para evitar los abusos que provoca la gratuidad, aunque sean en una cuantía mínima.
