Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 26 de abril de 2019 h |

Con independencia del resultado de las urnas, una de las primeras cuestiones a dilucidar en política farmacéutica será la reforma del copago y si se debe volver a una situación similar a la anterior al 16/2012. Laura Vallejo Torres, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, y Jaume Puig-Junoy, profesor titular de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y vocal del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS, tienen clara su respuesta. La partida se retomará desde el desideratum socialista plasmado en el proyecto fallido de PGE para 2019. Y si bien podría considerarse que avanza en la línea de proteger tanto a pensionistas como a activos en situación más desfavorecida, estos economistas recomiendan ir con cautela y “no revertir” la situación al esquema anterior al 16/2012, “cuyos elementos de inequidad e ineficiencia eran, si cabe, más graves que los existentes en la situación actual”, dicen.

Tal es la conclusión del artículo Copago farmacéutico — ¿Debemos volver a una situación similar a la anterior al RDL 16/2012?, firmado por ambos expertos en la Gaceta Sanitaria, la revista científica de Sespas, a finales de enero, cuando el Gobierno socialista dio a conocer su anteproyecto presupuestario. Hoy es la mejor guía post-28A. Si bien solo PSOE y Unidas Podemos citaron el copago en sus programas electorales, en los últimos años el asunto también ha estado en la agenda de Ciudadanos, que planteó una detallada reforma en sus enmiendas al decreto de universalidad, y del PP, aunque Dolors Montserrat dejó el Ministerio sin llegar a acometer la reforma del copago en forma de nuevos tramos a la que había dado su aprobación su antecesora y ‘madre’ del 16/2012, Ana Mato.

La clave de los activos

La respuesta de estos expertos está basada en los cambios producidos en el sistemas de copagos en España, de los cuales extraen tres consecuencias.

En primer lugar, y frente a la gratuidad, aseguran que un copago reducido como un euro por receta con límite máximo para cualquier individuo es igual de efectivo para reducir el exceso de consumo como un porcentaje elevado como lo es el 40 por ciento. En segundo lugar, el camino de vuelta a la gratuidad, al estilo de la política aplicada valenciana en cuyo modelo se basó la propuesta socialista, podría suponer, según Puig-Junoy, “un aumento del número global de recetas superior al 5 por ciento”… Un impacto que, además, se mantendría en el tiempo, a diferencia de la reducción del consumo al perder la gratuidad, cuyo impacto se diluye. Así lo manifesta, dicen los autores, el cómo los pensionistas han “internalizado” el coste que impone el tope mensual de aportación. En tercer lugar, recuerdan que la reducción de adherencia “no es deseable cuando afecta a medicamentos necesarios, efectivos y con una buena relación coste-efectividad, por lo que la teoría económica apunta hacia copagos bajos o nulos para tratamientos crónicos de alta eficacia y coste-efectivos”.

Para estos expertos, la clave de la reforma del copago no estará tanto en los pensionistas y personas de menos recursos como en los activos, “las personas más vulnerables y que soportan un mayor riesgo financiero en el esquema de copago actual, dada la ausencia de límites máximos a los desembolsos que realizan en su consumo de medicamentos”, señalan. Es más, consideran “cuando menos chocante” el “olvido” de la potencial acumulación de copagos en activos enfermos y con rentas modestas. “Un porcentaje sobre precio por envase decreciente según renta no es nunca indicación de progresividad ya que ésta depende de los pagos acumulados por cada individuo”, apuntan.

Todo ello lleva a Vallejo y Puig-Junoy a considerar que la revisión del copago “debería ir encaminada a la desaparición de la distinción entre pensionistas y activos”, considerando solo criterios relativos a la condición de salud y el nivel de renta, este último empleado de una manera “mucho más desagregada” que la actual categorización de tres tramos.

Por otro lado, urge para ambos establecer “límites máximos de desembolso moderados para todos los ciudadanos” y “huir de la gratuidad generalizada para sectores amplios de la población”, limitándola a los colectivos más vulnerables. El último aspecto señalado liga el copago de los medicamentos a su efectividad/coste-efectividad, lo que, apuntan, “requiere posiblemente de una arquitectura institucional de la que carecemos actualmente”. Esto, que era un incumplimiento desde la aprobación del propio 16/2012, ha cambiado con la creación del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS, del que Puig-Junoy es vocal, si bien su existencia queda, como tantas otras cosas, al albur de la composición del futuro Gobierno.