La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón,
ha asegurado que no va a permitir “que personas que no tengan recursos suficientes o que se encuentren en situación de vulnerabilidad se queden sin tener acceso al tratamiento que necesitan” y ha asegurado no entender “el interés del Gobierno central en perjudicar al millón de valencianos que han dejado de pagar por sus medicamentos”. Así se ha pronunciado tras reunirse con el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV), Luis Vañó, y el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de la Comunidad Valenciana (UDP CV), José Sanchis, a quienes ha trasladado que las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico de la Generalitat están “plenamente vigentes” y “se mantendrán en el futuro”.
El encuentro se ha producido después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anulara los decretos de la Consejería de Sanidad de ayudas para hacer frente al copago farmacéutico y ortoprotésico para pensionistas con rentas menores de 1.000 euros y personas con discapacidad al entender que no había fijado los requisitos económicos que deben tener los beneficiarios para poder acceder a estas subvenciones. La consellera ha explicado a ambas entidades que se está preparando un recurso de casación contra la resolución del TSJCV, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Carmen Montón ha recalcado que esta iniciativa, que se puso en marcha en el año 2016 para pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional y que se ha extendido este año a menores asociados a la tarjeta sanitaria de progenitores con rentas bajas, “forma parte del núcleo central de la acción de gobierno de la Generalitat. Al igual que la universalidad de la atención sanitaria, también recurrida por el Gobierno, las ayudas frente a los copagos forman parte de las medidas dirigidas a revertir los recortes de derechos sanitarios que se desarrollaron en las pasadas legislaturas”, ha recordado Carmen Montón, quien ha hecho hincapié en que se trata de “apuestas irrenunciables de este Gobierno”.
La consejera ha subrayado que la Comunitad Valenciana se encontraba “en el furgón de cola” entre las autonomías en las que más ciudadanos admitían no poder pagar medicamentos por motivos económicos, según reflejaba el Barómetro Sanitario del CIS de 2015, un informe en el que sólo Ceuta, Melilla y Canarias presentaban peores datos.
Según la Generalitat, gracias a la puesta en marcha de las ayudas, entre los meses de enero y junio de este año, 1.080.124 personas se han beneficiado de los copagos en toda la Comunidad Valenciana. De ellos, 735.825 son pensionistas con renta baja, 237.912 son menores que viven en familias con rentas bajas y 106.387 son personas con diversidad funcional. Por provincias, 564.548 son beneficiarios de las comarcas de Valencia, 381.272 de Alicante y 134.304 de Castellón.
Los datos de la Consejeria de Sanidad muestran que, tras la puesta en marcha de las ayudas frente a los copagos, ha descendido la tasa de abandono de medicamentos en la Comunitad Valenciana en un 37,8 por ciento de enero a junio de este año, comparado con las mismas fechas de 2015, antes de que estuviera vigente la medida.
