J. R-T Madrid | miércoles, 16 de enero de 2019 h |

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 contempla una modificación normativa destinada a suprimir el copago a pensionistas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, así como cerrar la puerta a posibles copagos como “el transporte sanitario no urgente o los productos dietéticos”. Así lo aseguró la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en una rueda de prensa para presentar las cuentas previstas para su departamento.

Esta futura modificación, según indicó Carcedo, nace de un pacto alcanzado con Podemos hace unos meses a petición de la formación morada. De esta forma, el proyecto de Ley de Unificación de la Cartera de Servicios, liderado por la portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad, Amparo Botejara, será tramitado como Real Decreto-ley por parte del Gobierno.

Más allá, Carcedo detalló algunas de las grandes cifras del Ministerio de Sanidad en el proyecto de PGE, que ascenderá hasta los 3.133,56 millones de euros, “casi un 41 por ciento más que el año anterior”, si bien para el departamento de Sanidad y Consumo el incremento será del 9,3 por ciento (364,56 millones de euros).

El gran ausente del proyecto ha sido el Fondo de Cohesión. Uno de los caballos de batalla tanto del Partido Socialista mientras estaba en la oposición como de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas era mejorar su dotación, estancada en 3,7 millones de euros, muy lejos de los 100 que se solicitaban. Sin embargo, en los presupuestos que ha presentado el Gobierno se congela la cifra para 2019. “Se mantiene la cuantía pero queremos redefinirlos con un cambio normativo que queremos consensuar con las comunidades autónomas”, explicó Carcedo. La importancia de estos fondos, más allá de la compensación interterritorial, era la de habilitar una vía que ayudara a financiar innovaciones como las CAR-T. Asimismo, el Fondo de Garantía Asistencial tendrá que volver a esperar su desarrollo normativo.