Con el proyecto económico para la sanidad 2023 sobre la mesa, las diferentes fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario han analizado los desafíos a los que se enfrenta el sector el año próximo junto a EL GLOBAL. Los diputados de la Comisión de Sanidad del Congreso han atendido así a diversos temas sobre los que presupuestos nacionales inciden, así como adelantado las propuestas que lanzarán para intentar apuntalar su texto final.
Una vez los representantes de las diferentes fuerzas han conocido en detalle la explicación del ministerio en la Cámara Baja —comparecencia de Secretaría de Estado, Subsecretaría y Salud Digital mediante—, profundizamos con los protagonistas su opinión sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE) del curso que viene.
Ana Prieto – Grupo Socialista
Desde el principal partido del Gobierno, el Grupo Socialista, se defienden las cuentas como muestra de la “estabilidad y refuerzo de la sanidad pública” para seguir consolidándola como “pilar del Estado del Bienestar”. “La inversión en sanidad para 2023 es un 145 por ciento mayor, desde los últimos presupuestos del PP. Ahora, la política sanitaria duplica los recursos respecto de la anterior legislatura”, apunta su portavoz, Ana Prieto.
La diputada por Lugo destaca las inversiones en “salud mental, la salud bucodental, la lucha contra las enfermedades raras incluida la ELA, o la inclusión de la medicina genómica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.
“Los PGE mantienen la inversión en la compra de vacunas frente a la COVID, garantizando así las existencias de vacunas para el futuro. También dotan de herramientas para reforzar la vigilancia en salud pública y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias”, abunda.
Además, Prieto indica que el PERTE de Salud de Vanguardia suma 160 millones para la digitalización de primaria. “Otros 100 millones para el Plan 5P del SNS, con el objetivo de actualizar y ampliar las infraestructuras de los centros sanitarios en la consolidación de la medicina personalizada de precisión”, destaca.
Elvira Velasco – Grupo Popular
El principal grupo de la oposición, el PP, en palabras de su representante en la cámara, Elvira Velasco, las partidas sanitarias “no responden a las necesidades reales del sistema ni servirá para solucionar las deficiencias de los problemas existentes”. “El incremento presupuestario es bienvenido, pero no va a la urgencia que necesita abordar el SNS”, añade.
Según cuenta, la incorporación de las innovaciones terapéuticas y de los pacientes en la toma de decisiones formarán parte de la cartera de enmiendas de la formación. “Si la recomendación de la UE es de 180 días, en tiempo que ha de tardar desde que un medicamento es aprobado por la EMA, en España estamos pasando con creces los 500 días. Esto debe tener un apartado especial en la DGCYF”, subraya la diputada por Zamora.
En opinión de la portavoz popular, habría que “empezar por cambios en la evaluación de los medicamentos y en el propio funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM)”. ”Necesitamos saber qué harán con la incorporación de la industria innovadora, genéricos y biosimilares, así como los precios de referencia”, demanda.
Velasco pide así continuidad dentro del ministerio, y recuerda que su grupo apuesta por un Pacto por la Sanidad “para que haya una hoja de ruta clara y no esté sometido a vaivenes ideológicos, partidistas o electorales”.
Guillermo Díaz – Grupo Ciudadanos
Ciudadanos, al igual que el PP, cuestiona la sostenibilidad de las cuentas y, en su opinión, tampoco dan soluciones a los problemas estructurales de la sanidad. Por ello, su portavoz en la Comisión de Sanidad, Guillermo Díaz, califica la inversión en su parcela de “insuficiente y no aborda los problemas que afectan desde hace ya demasiado tiempo”.
Según explica a EG, “es inaceptable que el código postal siga decidiendo qué tipo de asistencia sanitaria recibe un ciudadano”. “Por eso, volvemos a pedir la existencia de una Tarjeta Sanitaria Única, algo que ya demandamos desde C’s y conseguimos que fuese aprobada en los PGE de 2021, pero que dos años después el Gobierno sigue negándose a aplicar”.
La formación naranja dirige también su crítica a una Agencia Estatal de Salud Pública, “que lleva ya un retraso de 11 años y sigue paralizada”. También “al establecimiento de medidas “para acabar con las desigualdades existentes dentro de los trabajadores del SNS o la creación de nuevas especialidades”.
“No podemos consentir que unos trámites administrativos acaben resultando en que miles de pacientes y sus familias vivan en peores condiciones de libertad y bienestar”, explica Díaz, que indica que su grupo ya ha pedido a Carolina Darias comparecer para que explique qué medidas tiene previsto impulsar para evitar los retrasos y retrocesos en materia de acceso a tratamientos, haciendo hincapié en las enfermedades raras.
Juan Luis Steegmann – Grupo VOX
El portavoz sanitario de VOX, Juan Luis Steegmann, argumenta la diferencia que existe entre el presupuesto para el Ministerio de Sanidad y el gasto en atención sanitaria, el cual es superior al del propio departamento y sus políticas.
En este sentido, el hematólogo de profesión profundiza en la idea de que el Gobierno parte de “una premisa equivocada”. “No estamos en una crisis epidemiológica, estamos en una crisis sanitaria con listas de espera en las que empeoran y mueren los españoles y ante eso el Gobierno no hace nada”.
En este punto, Steegmann incide en las listas de espera existentes en territorio nacional: “Ante eso, al Gobierno solo se le ocurre disminuir los conciertos con la sanidad privada”, en referencia a la Ley de Equidad. VOX opina así que la solución pasa por aumentar el presupuesto del Ministerio de Sanidad, que “debe tener un papel creciente”. “Desde VOX queremos recentralizar la sanidad”. “También hay que hacer una transferencia urgente y mayor para que sea posible un aumento del gasto sanitario”, añade.
Rosa Medel – Unidas Podemos
De su parte, el socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, considera que estos PGE “perpetúan y fomenta la inequidad del SNS” a través de 2.906 millones para mutualidades. Su diputada en la cámara, Rosa Medel, habla así de “desviación de dinero”, además de “fortalecimiento de la sanidad privada” en detrimento de la pública.
La formación morada califica como “muy adecuado” que se destinen 100 millones para un plan de racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad. “El exceso de consumo de medicamentos es consecuencia de una medicina poco centrada en la prevención y con prácticas demasiado centradas en tratamientos farmacéuticos”, abunda.
Respecto de los otros 100 millones que llegan para cartera de genómica, se declaran de acuerdo con el plan, aunque matizan que su visto bueno depende de que esta inversión, “que incluirá la colaboración público-privada, beneficie al sistema público y su gestión sea transparente”. “El plan previsto para el cáncer, en clave de presupuesto, nos parece poco ambicioso”, añade Medel.
