Aún situados en un segundo plano debido a la crisis del coronavirus, dos de los grandes planes del Ministerio de Sanidad para esta legislatura —una evaluación “sistemática” y “transparente” y una nueva estrategia en política farmacéutica— no han pasado desapercibidos en el campo de la economía de la salud. Luces y sombras se reproducen en la valoración de siete expertos consultados por EG. Todos aplauden la teoría, pero no tienen claro cómo se llevará a la práctica.
En relación al primer punto, la Asociación de Economía de la Salud (AES) lleva mucho tiempo asegurando que una evaluación sistemática y transparente se traduciría en un ahorro de tiempos y de recursos. Si bien la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) lleva años asumiendo esta labor, David Cantarero, miembro de la Junta Directiva de la AES, sigue recordando que la sistematización de la evaluación evitaría “determinados procedimientos”. Y es que, recuerda Cantarero, para que una técnica, tecnología o procedimiento sanitario se incluya en la cartera de servicios común, es imprescindible la resolución favorable de la evaluación realizada por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Carlos III, en ocasiones, en colaboración con otros órganos evaluadores propuestos por las comunidades autónomas. Asimismo, el proceso de evaluación conlleva determinadas fases de desarrollo de informes de evaluación, registros evaluativos o memoria técnica, entre otros.
Esta misma opinión se repite en los comentarios de los otros expertos, algunos de los cuales apuntan también las múltiples dudas que esta propuesta deja a fecha de hoy. “Evidentemente la evaluación de la eficiencia de un sistema puede ser de gran ayuda para la financiación y también para la desfinanciación de aquellas tecnologías que ya no son eficientes para el sistema (que no más baratas), pero hacerlo de forma metodológicamente correcta implica un trabajo ímprobo que no tengo claro puedan realizar ahora por la escasez de recursos humanos en el Ministerio”, asegura Carme Pinyol, presidenta del capítulo español del Ispor.
Incertidumbre en la ejecución de la evaluación
A tenor de las dudas existentes, también Juan Oliva, profesor titular en el área Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Castilla la Mancha, recomienda esperar hasta ver cómo Sanidad implementa su apuesta. Por ejemplo, dice, “no tiene mucho sentido que la RedETS desarrolle su actividad evaluadora sobre tecnologías y prestaciones y no incluya a los medicamentos en ella. ¿Se contará con los expertos que puede aportar esta red en el proceso de la evaluación del medicamento (en especial, en las decisiones sobre financiación y precio)?”, pregunta.
Y esta cuestión es solo una de las múltiples que se plantean. “Debemos entender —concluye Oliva— que la evaluación de tecnologías, prestaciones, programas e incluso estrategias no debería ser un elemento opcional, sino que su diseño, ejecución y comunicación debería formar parte obligada del proceso de inclusión y seguimiento de las mismas en el SNS, puesto que la propia evaluación está ligada al elemento de rendición de cuentas de los responsables de estas decisiones”. Sobre ello también incide Laura Vallejo, del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas. Para ella, es necesario potenciar la labor y el alcance de la RedETS de manera que sus informes adquieran, “si no un carácter vinculante, sí un alto peso decisorio”.
Estrategia en política farmacéutica
En relación a la estrategia en política farmacéutica, el economista Lluis Bohigas recuerda que lo primero que cabría preguntar es qué habrá de nuevo en ella, puesto que “la ministra anterior también tenía su estrategia”. A la hora de conocer algún detalle sobre la propuesta de Sanidad, una pregunta sobresale, para Bohigas: “A mí me gustaría preguntarle [a Illa] qué va a hacer con Valtermed”.
Lo que sí tienen claro los expertos es qué requisitos no deben faltar en esta estrategia: desde un trabajo de Horizon Scanning hasta coordinación entre administraciones, pasando por un marco de financiación y fijación de precios transparente, que considere la eficiencia o el coste-efectividad y ofrezca garantías de independencia. En este punto se muestra tajante Guillem López i Casasnovas. El catedrático de Economía de la Pompeu Fabra y director del CRES subraya la necesidad de que las instituciones trabajen “lo más alejadas posibles del ruido político”.
Lo único cierto hasta ahora es que Illa cree preciso pedir a la industria “un precio razonable” como contrapartida a la participación del sistema público en sus investigaciones. Para Joan Rovira, profesor emérito de Teoría Económica de la Universidadde Barcelona, es “lógico exigir al sector público que use su poder económico para orientar no solo las adquisiciones, sino también la producción y la I+D farmacéuticas con el objetivo de cubrir las necesidades prioritarias de la sociedad”. Rovira aclara que esto “no requiere necesariamente” una industria pública, si bien matiza que “una empresa farmacéutica pública podría ser importante para atender necesidades que la privada no puede o no está dispuesta a asumir”.
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