La nueva Ley de Ciencia se aprobará esta semana por el Consejo de Ministros. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto por el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La reforma de esta Ley va encaminada a acabar con la precariedad laboral de los científicos de nuestro país, con “contratos dignos que retengan y atraigan el talento”, a dar estabilidad a la investigación y a eliminar obstáculos administrativos, según Sánchez.
Para las sociedades científicas y distintas asociaciones, se trata de una reforma que va en la dirección correcta, pero que no es suficiente. “Reconocemos que se están dando pasos en la buena dirección”, ha apuntado Francisco Palazón, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, durante su intervención en la Comisión de Ciencia del Congreso.
Y es que, ha señalado Palazón, en los últimos meses se han producido varias reformas que atañen a la ciencia, como la reforma de las ayudas postdoctorales de la AEI (Juan de la Cierva y Ramón y Cajal), la reforma laboral o la modificación del Anteproyecto de Ley de Ciencia, con las que se están obteniendo algunos logros.
“Hay mayores contratos con mejor salario; la reforma laboral es una apuesta por la contratación indefinida, frente al abuso de temporalidad; y el reconocimiento de algunos derechos en la reforma de la Ley de Ciencia, como el derecho a la indemnización por finalización de contrato para todos los contratos vigentes predoctorales y postdoctorales”, ha asegurado. Sin embargo, considera que aún queda camino para “estar donde quisiéramos estar”. “Es el momento de dar pasos más grandes y hacer una reforma más profunda y estructural“, ha instado.
“Es el momento de dar pasos más grandes y hacer una reforma más profunda y estructural”
Francisco Palazón, portavoz de FJIP/Precarios
Por su parte, José Manuel Torralba, vicepresidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), opina que hacen falta “muchos cambios para que España tenga el lugar que se merece a la hora de poder competir en Europa” y ha sido tajante: “La reforma es insuficiente”.
COSCE, que agrupa 82 sociedades y más de 40.000 científicos, ha elaborado distintos informes para que el Ministerio de Ciencia tuviera en cuenta sus propuestas. Y, aunque “fueron sensibles” a algunas de sus peticiones, “no se tuvo en cuenta prácticamente nada”.
Medidas para poner a la ciencia en el centro
En la Comisión de Ciencia, COSCE ha desgranado algunas de las medidas que podrían “ayudar a que la ciencia ocupara el centro de la actividad de Gobierno”.
En primer lugar, Torralba ha apuntado a la creación de una oficina de asesoramiento para la presidencia de Gobierno. “La oficina tendría que ser independiente y dar opinión al Gobierno sobre los temas de actualidad”, ha afirmado. Asimismo, otra de sus funciones podría ser realizar un informe sobre el impacto de cualquier legislación en la ciencia. Esto es algo que ya existe en otros países, según ha destacado el vicepresidente de COSCE.
Por otro lado, plantea una “financiación estable, basal”. “El Gobierno dice que vamos a intentar llegar al 2 por ciento del PIB. Hace 20 años era un número ambicioso; hoy, no solo no es ambicioso, sino que nos sigue posicionando en la mitad de la tabla de la OCDE”, ha aseverado Torralba, quien considera que España merece más. “Eso debería llevar al 3 o 3,5 por ciento del PIB. Y tendría que ser fruto de un Pacto de Estado, que se podría llegar si todas las fuerzas políticas quisieran”, ha añadido.
Asimismo, se ha referido al “presupuesto histórico” en Ciencia. “Son presupuestos históricos, obviamente, pero porque hemos inyectado miles de millones que vienen de Europa. Cuando esos miles de millones desaparezcan, el presupuesto basal que nos va a quedar casi no va a contribuir a llegar a ese 2 por ciento. No es un presupuesto ordinario, que luego permanezca en el futuro”, ha explicado Torralba.
Otro de los palos importantes que ha mencionado Torralba es la Agencia Estatal de Investigación (AEI): “Tiene que ser más financiada. Está rompiendo sus costuras porque no dan abasto a la hora de gestionar y evaluar convocatorias”.
Asimismo, para centrar la ciencia en la actividad del Estado, es fundamental “hacer un plan nacional para poder repatriar los miles de científicos que tenemos en el extranjero (más de 30.000 científicos)”. Con ello, ha indicado Torralba, se podría hablar de una inversión de talento de más de 15.000 millones de euros. Explicado de otro modo, “15.000 millones de euros es lo que nos ahorraríamos como país importando 30.000 científicos”.
“España se ahorría 15.000 millones de euros importando a los 30.000 científicos que tiene en el extranjero”
José Manuel Torralba, vicepresidente de COSCE
Torralba también ha puesto sobre la mesa la necesidad de eliminar las barreras a la investigación. “Prefiero hablar de eliminación de barreras que de desburocratización, porque la burocracia es una parte de esas barreras”, ha apuntado.
Por último, ha señalado que se requieren de muchos cambios en materia de recursos humanos, no solo dar estabilidad en los contratos o hacer contratos indefinidos, sino también “eliminar la tasa de reposición y dar libertad de salarios para atraer talento de calidad”.
Asimismo, ha instado a dar mayores incentivos y poner en valor a todos los miembros del personal investigador: “En el actual borrador, se habla de personal de investigación y se hace referencia especialmente a los científicos. Pero personal de investigación son científicos, técnicos y gestores. Los científicos no podríamos trabajar ni vivir en el ámbito de la ciencia sin técnicos ni gestores”, ha manifestado.
Y, para englobar todo lo anterior, Torralba propone hacer una Ley Orgánica con “un único artículo”. “Después de introducir la importancia de la ciencia, ese artículo tiene que decir que la ciencia se va a regir siempre por el derecho privado. Sacar a la ciencia del sector público y del control económico, porque eso está matando la actividad científica en nuestro país”, ha declarado. Con ello, ha aclarado, no se refiere a privatizar, sino seguir las reglas del derecho privado y ha puesto de ejemplo a Reino Unido, donde se hace “un control exhaustivo del dinero de la ciencia, pero no a través de un sistema de control público como tenemos en España”.
